En los últimos días, paralelo a la discusión en torno a combatir la delincuencia y el narcotráfico para otorgar una mayor sensación de seguridad a la ciudadanía, volvió a surgir en la opinión pública una idea que no ha logrado concitar apoyo en el Congreso: el levantamiento del secreto bancario de las autoridades.

Este planteamiento ha aparecido mencionado en algunos proyectos parlamentarios, como el alusivo al test de drogas a miembros del Congreso o el que repasaba la información bancaria a la que puede tener acceso el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Más recientemente, los parlamentarios de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Alejandra Sepúlveda y Esteban Velásquez, presentaron un proyecto que modifica la Ley General de Bancos, con el objeto de establecer una excepción al secreto y reserva bancaria, respecto de ciertas autoridades.

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Pero ¿es posible que el levantamiento del secreto bancario aporte en el combate del narcotráfico? El Desconcierto conversó con Orlando Balboa Cardemil, académico del Departamento de Economía de la Universidad de Santiago de Chile y doctor en el área, para evaluar sus posibilidades.

El experto considera que uno de los puntos más importantes en cualquier tipo de investigación sobre las bandas de narcotráfico es conocer su estructura, observar cómo operan este tipo de organizaciones.

En ese contexto, levantar el secreto bancario puede ser especialmente útil, siempre y cuando exista claridad de las instituciones que pueden acceder a este tipo de información financiera.

En ese contexto, Balboa sugiere “restringir” el acceso a este tipo de información, por ejemplo, a “una unidad dentro de la Fiscalía especializada en detección de estructuras de narcotráfico, y ahí yo creo que se puede discutir que ellos tengan facultades para poder acceder a informaciones de los bancos y en general del sistema financiero”.

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Sin embargo, opina que, con una buena coordinación entre las entidades del Estado, el Ministerio Público y los bancos, el secreto bancario “no debería ser un impedimento” para investigar los delitos, especialmente considerando que se han descubierto crímenes financieros cometidos por autoridades electas, como el caso SQM.

De haber tenido una ley que permita el levantamiento del secreto bancario cuando se descubrió la emisión de boletas ideológicamente falsas de parte de parlamentarios, por ejemplo, “es probable” que la investigación hubiera sido más expedita, considera el economista.

“Ese es un efecto, pero también se podría haber anticipado a eso y crear mecanismos sofisticados, todo lo que se llama la ingeniería delictual, mecanismos que utilizan principalmente organizaciones criminales como bandas del narcotráfico, donde esconden el origen y uso de los recursos”, agrega.

Balboa señala que el organismo competente “podría darse cuenta de los movimientos y cómo estas bandas operan. Ellos tienden generalmente a tener una ingeniería delictual que es mucho más rápida, pues la Fiscalía tiene una burocracia detrás. Puede haberse dado, en ese caso, que hubiese sido mucho más fácil tener las pruebas”.

Resistencia parlamentaria

Hace prácticamente un año que el proyecto de los senadores oficialistas descansa en la Comisión de Economía de la Cámara Alta. Frente al respaldo que existe desde el ala oficialista, hay diputados de oposición, como Johannes Kaiser, que se resisten a la idea.

Según pronosticó el republicano en sus redes sociales, “eliminar el secreto bancario a todo evento significa, hoy en día, que el gobierno de Boric tendría completa información de todas las relaciones económicas de sus ciudadanos. Podría perseguir a sus opositores y también a quienes tengan relaciones económicas con los mismos”.

Para Balboa, la crítica de Kaiser “es desde un punto de vista ideológico y político, pero en ninguna parte ese tipo de argumentos es sostenible, sobre todo cuando se trata de narcotráfico. Estamos hablando de delitos”.

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“Hay instituciones como Google o Facebook que tienen información de todos los chilenos. ¿Ustedes se han preguntado qué hacen con esa información? Google Maps tiene información y acceso a cosas tuyas privadas, en dónde te has movido. ¿Qué hacen con esta información? ¿A quién se la vende? Siempre existe el riesgo de peligros pero estamos hablando de una institución formal”, agrega.

Según la opinión del economista, “cualquier persona, sea autoridad o no, en principio debería estar sujeto a la posibilidad de levantar el secreto bancario si es que hay una sospecha razonable y fundada que se está cometiendo algún tipo de delito, o está usando el sistema financiero para encubrir o recibir ingresos delictuales. Como principio general”.

“De ahí uno puede discutir los alcances o límites de este tipo de de facultades que puedan tener los entes fiscalizadores”, complementa.

Las cuentas de Teodoro Obiang

También, sobre la experiencia internacional, Orlando Balboa recuerda un emblemático caso en el que se descubrió la relación entre un dictador de Guinea Ecuatorial y el dictador chileno Augusto Pinochet, gracias al levantamiento del secreto bancario.

The Washington Post publicó, el 2004, un informe del Senado estadounidense acerca del banco norteamericano Riggs, que ignoró medidas contra el lavado de dinero para conseguir negocios con dictadores extranjeros, como Teodoro Obiang de Guinea Ecuatorial y Pinochet.

El negocio con el militar, que tenía entre 4 y 8 millones de dólares de la época depositados en varias cuentas, se mantuvo incluso después que se ordenara su detención internacional. Pero frente a este descubrimiento, el banco Riggs debió pagar una multa de 25 millones de dólares.

“Imagínate que en Chile, por ejemplo, las autoridades norteamericanas quisieran perseguir a algún narcotraficante y se topan con el problema del secreto bancario”, ilustra Balboa.

Según el experto, “eso es complejo para el país, queda mal evaluado Chile en la persecución del narcotráfico, en la operación de redes internacionales, porque tiene leyes que impiden poder hacer investigaciones de fondo”.

“Es complejo el tema, pero no debería serlo”, concluye.