El rechazo a la idea de legislar una posible reforma tributaria es un golpe doloroso para las esperanzas de un mínimo nivel de justicia social en nuestro país. Su víctima no es el gobierno sino las familias chilenas y la clase media, que verán postergarse por al menos un año (periodo en que no se puede insistir con esta reforma) medidas tan sentidas como la Sala Cuna Universal o la deducción de sus impuestos de los gastos de arriendo y cuidados. También lo es para los pensionados, que no podrán gozar de una pensión mínima de $ 250mil. Para las Pymes es un desastre difícil de describir, pues este rechazo las condena a un alza súbita de 10% a 25% del impuesto corporativo. La reforma daba la opción de un alza progresiva en dos años.

Esta victoria legislativa de la oposición es la demostración del sentido último de su existencia como sector. El próximo septiembre cumplimos medio siglo de la caída de la democracia chilena y el inicio del genocidio que le sucedió. Los partidarios de Pinochet siempre han pedido “agregar contexto” al terrorismo de Estado. Pues bien: la democracia cayó en buena medida por la reacción de los ricos de Chile al proyecto del presidente Allende y, más en general, a un proceso de fortalecimiento de la organización de la clase trabajadora, tanto en lo sindical como en lo político. Se puede juzgar a la Unidad Popular y a su gobierno positiva o negativamente, pero indiscutiblemente representaban los anhelos de la gran mayoría de las clases populares del país.

Por el contrario, la dictadura que le sucedió representó y afirmó constitucionalmente los intereses de los ricos de Chile. El Estado subsidiario no es una posición ideológica inocente, presente en el vacío: su función fundamental es consagrar la libertad de los ricos para hacer negocios prácticamente sin interferencias por parte del Estado. Tal es el sentido de la “libertad” que celebran unos pocos todos los 11 de septiembre, muchos de los cuales celebraron también el rechazo de la reforma tributaria impulsada por el gobierno. No es extraño que habitualmente acusen a sus contradictores de “estatistas”, pues en efecto solo desde el Estado es posible frenar la desmedida desigualdad de ingresos y de poder que vemos hoy: difícilmente los impuestos, o la redistribución de pensiones en un fondo común, serán medidas que gravarán a los que menos tienen.

Lejos de lo que se cree en los círculos ligados a la derecha política y ciertos sectores empresariales, la idea de lucha de clases está muy lejos de ser un invento marxista: está presente, con mayor o menor énfasis, en todos los textos relevantes de teoría política desde la antigüedad. Los clásicos, de hecho, clasificaban los diferentes regímenes políticos determinando “quién manda” como el criterio fundamental: los ricos o el pueblo. Se entendía que no podían mandar los dos al mismo tiempo, si bien ambos podían gobernar para sí mismos o mirando el bien común.

El rechazo a la mera idea de legislar una reforma tributaria expresa a las claras lo que caracteriza a Chile desde hace medio siglo: una república de y para los ricos que, con la poca visión que los caracteriza en nuestro país, solo quieren aumentar ilimitadamente sus ganancias y no pagar impuestos. Y es así como históricamente, cada vez que se ha propuesto subir impuestos a quienes ganan más, se han opuesto sistemáticamente.

Este golpe asestado a la ciudadanía indudablemente cambia el clima político conservador que se había instalado tras el plebiscito del 4 de septiembre. En primer lugar, porque pone a la oposición a la defensiva: vemos a la derecha y el pretendido “centro político” quedando en evidencia como sectores que legislan para sus financistas (ligados a las AFP, isapres y otras industrias con exorbitantes beneficios a costa de sus usuarios) y no para los ciudadanos. En segundo lugar, y tal vez más importante: el golpe de la oposición posiblemente incorpore a los ciudadanos mismos a una polarización que desde hace un lustro protagonizaban principalmente las élites políticas, lo que podría tener consecuencias trascendentales. Finalmente, vuelve a cohesionar a las fuerzas de gobierno, aun en la derrota legislativa, porque les recuerda el sentido de su existencia como gobierno. Este no es otro que conseguir un mínimo necesario de justicia social en Chile empoderando a los sectores más postergados: clases populares, mujeres, organizaciones sociales.

Con lo dicho, el gobierno avanza hacia un legado muy significativo: reafirmarse como el representante de la clase media y los más postergados contra una oposición que representa a sus financistas, los más ricos de Chile. En ese sentido, la reaparición del ex presidente Piñera hace de este relato algo evidente.

Las fuerzas del oficialismo debemos poner de nuestra parte fortaleciendo nuestra unidad. Así como no hay espacios para actitudes díscolas desde la centroizquierda, no debemos olvidar que necesitamos la más amplia unidad contra la derecha por la sencilla razón de que lo contrario inclinará siempre la correlación de fuerzas en favor de los sectores pro-ricos, con lo que pierden la clase media y los sectores populares. Solo esta unidad por Chile hará posible cerrar la etapa histórica de la república de los ricos, habilitando la política para favorecer a los sectores sociales postergados hasta ahora.