Las comunidades indígenas atacameñas del Salar de Atacama solicitaron que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) realizara una observación en terreno a las operaciones de la empresa minera SQM en dicho salar. La empresa se negó a recibir a funcionarios del INDH y el Primer Tribunal Ambiental le dio la razón a los titulares de SQM. El caso ahora se reclama ante la Corte Suprema.

El suceso se enmarca en un litigio que lleva la comunidad indígena en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por las operaciones de SQM en el salar. A raíz de este, el Tribunal Ambiental decidió realizar una inspección en terreno, a la que asistirían cuatro funcionarios del INDH a pedido de las comunidades. El ingreso de estos funcionarios fue negado.

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El reclamo de las comunidades se debe a que la SMA permitió las operaciones y desechó un procedimiento sancionatorio contra la firma minera iniciado en 2016.

En el pasado, el INDH ha realizado observaciones en el contexto de conflictos socioambientales como el de Til Til con un proyecto de gestión de residuos peligrosos, o en una termoeléctrica de Coronel. La información recopilada por el INDH se enfoca en la afectación a derechos humanos de las comunidades, provocadas por el impacto ambiental de las empresas.

“El accionar de la ministra no se condice con la actitud colaborativa con la comunidad que hasta ahora se ha observado en la práctica de sus colegas de los tribunales ambientales”, dice la reclamación que presentó el INDH ante la Corte Suprema, mencionando estos ejemplos.

Además, desde el INDH se recordó la suscripción de Chile al Acuerdo de Escazú, que llama a los Estados parte a garantizar el derecho de comunidades a acceder a información ambiental, como la que está involucrada en el litigio de las comunidades con la SMA.

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