El abogado ambiental Ezio Costa era uno de los nombres lanzados al ruedo para integrar el Comité de Expertos que redactará desde marzo el anteproyecto sobre el cual se trabajará la propuesta de nueva Constitución. En parte por sus méritos como director de la ONG de derecho ambiental FIMA, la vocería de la campaña por el Apruebo ante el plebiscito de salida y la autoría de un libro sobre lo que implica una Constitución ecológica.

En entrevista con El Desconcierto nombró los puntos ambientales que generaron rechazo en la anterior propuesta, habló sobre la influencia de tratados como el de Escazú y el TPP11 en el proceso constituyente y de la importancia de tener "conexión con los movimientos y organizaciones sociales”. 

-Fuiste una figura muy activa en la campaña por el apruebo y también en el último proceso constituyente. ¿Qué lecciones destacarías, que se pueden o deben aplicar en esta segunda oportunidad?

-Un tema central es imaginar un proyecto de país que sea suficientemente abierto e inclusivo y plasmarlo en la nueva Constitución. De por sí, la idea de una constitución es contener bases que nos ayuden a llegar a acuerdos e instituciones que nos permitan convivir en paz. Un aprendizaje del proceso anterior es que mostrar una nueva visión de la sociedad no es lo mismo que sumar causas. Ahí hubo un déficit que hay que superar. En seguida, me parece muy importante evitar las exclusiones. Incluso los actores más lejanos representan a una parte de la sociedad y hay que saber como incluir al menos una porción de las visiones de esa parte, por difícil que sea. 

-¿Cómo imaginas el rol como experto y qué piensas de la figura de los expertos en este nuevo proceso?

- A veces se pone una imagen de los expertos como personas enclaustradas redactando y por mi parte espero que no sea así, pues creo que es una posición en que se requiere mucho diálogo y mucha escucha, especialmente porque será un grupo reducido de personas y ese grupo de personas puede compartir un lenguaje, pero su mandato no es reproducir solo sus propias ideas, sino que lograr un borrador de una Constitución y eso implica haber leído y escuchado mucho, y a muchos y muchas.  

-La desinformación fue algo que marcó el anterior debate constitucional. ¿Crees que será un factor en este nuevo proceso?

-Seguirá siendo un factor. Las democracias liberales del mundo no han sabido lidiar con este problema y no somos la excepción. Lo veo con mucha preocupación y creo que es uno de los temas que tenemos que abordar al crear una nueva base de entendimiento. 

-¿Qué medidas se podrían tomar al respecto?

-No necesariamente pasa por regular los medios, por ejemplo, pero si queremos proteger en serio la libertad de expresión, debemos también proteger las posibilidades que tenemos las personas de acceder a información fidedigna. Cuando una persona forma sus opiniones en base a desinformación, no sólo se produce un problema sistémico, sino que también individual, porque a esa persona le mintieron y con eso atentaron contra su propia libertad de expresión, al impedirle tener una opinión certera sobre un tema. Tanto la protección de este derecho, como la protección de la convivencia requieren de modos para evitar que prolifere la desinformación, sin importar el sector que se beneficie o perjudique en un momento concreto. 

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-¿Cuáles crees que serán los puntos clave en materia ambiental a discutir en este nuevo proceso constituyente?

-Creo que los temas a discutir serán relativamente similares a los que se encontraban en el proyecto constitucional que se rechazó, aunque por la composición política del Comité, seguramente será mucho más complejo que logren quedar en la Constitución. 

-¿Cuáles rescatarías de la última propuesta?

-Reconocer la crisis climática, establecer principios y deberes de protección ambiental, reconocer los derechos humanos ambientales, distribuir el poder hacia los territorios y generar instituciones estatales que se puedan hacer cargo de los dilemas en materia ambiental, serán claves en esa estructura. Me parece que la esencia es asegurar una buena estructura normativa para hacerle frente a la crisis climática y ecológica, y espero que haya consenso para algo como eso y que se comprenda que es un desafío colectivo y no partisano. Para tener un futuro con una colectividad más fuerte, con mayores posibilidades de desarrollo de los planes de vida personales y también con más seguridad, abordar la crisis climática y ecológica es una de las obligaciones que tenemos.  

-¿Se ha hecho algún análisis de los puntos relacionados a medio ambiente que pueden haber generado más rechazo en la última propuesta de nueva Constitución?

-De lo que hemos podido recabar y lo que se ha visto también en las encuestas, el único punto realmente complejo fue el agua y particularmente ciertas restricciones sobre los derechos de aprovechamiento. El punto principal que se criticó fue que la propuesta constitucional cambiara los derechos por autorizaciones de uso y que las declarara incomerciables. Vamos a tener que buscar otras vías para que se reconozca el agua como un bien común, que conversen mejor con las prácticas actuales, especialmente de los agricultores. En otros temas ambientales, en general hay visiones más positivas que negativas. 

- Chile suscribió en los últimos meses a dos tratados que durante el anterior proceso no se habían firmado: el TPP11 y el Acuerdo de Escazú. ¿Crees que esto podría influir en la discusión? 

-La nueva Constitución debería reconocer expresamente los derechos fundamentales que se encuentran en tratados ratificados por Chile. Eso, en el caso de Escazú es importante, puesto que se reconoce el derecho al ambiente sano y los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental. En lo que se refiere al TPP11, de lo que conozco del tratado, no debería tener ninguna influencia sobre el proceso constituyente. Los problemas de ese acuerdo están en otras instancias.

-Además de tu trabajo técnico, tú y tu organización han desarrollado un trabajo cercano con la sociedad civil y organizaciones territoriales. ¿Cómo crees que ese trabajo se puede integrar a este proceso y sus nuevas reglas?

-Precisamente por esa experiencia es que veo grandes riesgos en que no se integren las visiones que las personas ya han manifestado en múltiples ocasiones. Muchas de ellas  están recogidas en instrumentos de participación y en el propio proyecto de constitución que fue rechazado. La molestia contra las instituciones se sigue acumulando y muchas veces hay un rédito político inmediato que los actores intentan obtener de esa rabia, pero el problema de mediano plazo se sigue agravando. Un buen funcionamiento institucional nos permite vivir pacíficamente en sociedad y hay que lograr arreglos que permitan ese buen funcionamiento. Eso no se va a lograr excluyendo sino que integrando. El ejercicio de la convención constitucional apuntaba en ese sentido y no logró cuajar, pero no podemos ahora apuntar exactamente a lo contrario, no veo mucho futuro en eso. Como te decía al principio, es justo en esto en lo que quiero aportar. 

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-¿Cómo se dió la posibilidad de integrar el Comité de Expertos?

-Se comunicaron conmigo desde el Frente Amplio para ver mi disponibilidad y les confirmé que me interesaba. No es del tipo de instancias en las que generalmente me he desempeñado, pero me parece muy importante intentar estar esta vez, sobre todo considerando que podría ser el único independiente con conexión con los movimientos y organizaciones sociales.  Así que me dispuse a la tarea, con mucho ánimo a pesar de los costos.

-¿Qué costos?

-Por ejemplo en estas semanas hubo personas que personalizaron en mí la discusión sobre Dominga e intentaron levantar un supuesto conflicto de interés. También levantaron falsos hechos como por ejemplo, que la organización que dirijo – la ONG FIMA- le prestaba servicios jurídicos sólo a ciertos municipios, forzando titulares que nos vinculen al Frente Amplio, aún cuando FIMA lleva años trabajando con municipios de todos los colores políticos. Incluso quisieron mostrar como problema que trabajemos con la Municipalidad de Maipú, como si la contratación fuera un capricho de un alcalde del Frente Amplio, cuando en realidad quien nos contrató originalmente fue la alcaldesa anterior, de Chile Vamos, a sugerencia de las comunidades que querían una defensa confiable. En FIMA somos un equipo interdisciplinario de más de 20 personas, con 25 años de trabajo. Hemos capacitando, ayudado a regular y defendido en juicios a municipios hace muchos años en temas ambientales. Curiosamente, un trabajo y una experiencia valiosa se levantó como problema a una semana de la elección de expertos.