El 28 de diciembre de 2021 -el día de los inocentes- fue elegida la última directiva de la Organización Comunitaria Funcional Pro Seguridad, entidad encargada según datos proporcionados por la municipalidad de Lo Barnechea, de “servir de nexo entre la comunidad y la dirección de seguridad de la Municipalidad de Lo Barnechea”.

El organismo es el encargado, según información que aparece en la web Lo Barnechea Seguridad, de la “contratación de patrulleros, psicólogos y abogados” y de la recepción de “fondos en calidad de subvención por parte del municipio”, con el objeto de garantizar la prevención y disminución de delitos en la comuna. Un organismo que representaría, en jerga democrática, a la “comunidad organizada” de vecinos.

Esta última, sin embargo, ha sido fuertemente cuestionada por Contraloría debido a las donaciones que el municipio recibió de parte de Anglo American, entre los años 2010 y 2018, a partir de diversos convenios de aportes y cooperación que le permitieron recaudar más de 2 mil millones de pesos durante el mismo periodo. Algunos de esos acuerdos también llevaron la firma de Pro Seguridad en el año 2014.

Hoy el caso está siendo investigado por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, debido a cuestionamientos sobre la imparcialidad del municipio respecto a pronunciamientos en materia ambiental que pudieran favorecer a la minera.

El proceso también ha puesto en tela de juicio la gestión del exalcalde Felipe Guevara, a quien el círculo de confianza de Raúl Torrealba en Vitacura, acaba de sindicar como el ideólogo del mecanismo diseñado para traspasar fondos desde el municipio a las cuentas privadas del exalcalde.

“Esto lo inventó Felipe Guevara, una vez que comenzaron a funcionar las Organizaciones Comunitarias Funcionales. Él fue director de desarrollo comunitario en Vitacura, luego ese cargo lo ejerció Renato Sepúlveda y luego Antonia Larraín. Todos sabían y consentían en este mecanismo”, declaró en la investigación Domingo Prieto, ex brazo derecho de Torrealba en Vitacura.

Hasta antes de la elección de la última directiva (se renueva cada 4 años), los cargos de la Organización Comunitaria Funcional Pro Seguridad estaban ocupados en su mayoría por operadores políticos. Personas que saltaban desde el organismo “vecinal” a cargos de relevancia en el mismo municipio.

Fue el caso del abogado UDI Aníbal Rodríguez Letelier, Presidente de la directiva anterior, quien según un reciente informe de Contraloría no sólo fue contratado por el municipio como director ejecutivo interino en la Corporación Cultural de Lo Barnechea -desde el 1 de mayo al 30 de noviembre de 2021-, sino que la empresa donde era socio recibió más de 89 millones por asesorías jurídicas y Rodríguez fue contratado a honorarios por la misma entidad donde figuraba como presidente por casi 4 millones de pesos mensuales.

La actual directiva de la Organización Comunitaria Funcional Pro Seguridad, debido precisamente a esta controversia, quedó conformada por tres vecinas de la comuna: Sandra Lillo, Presidenta de la Junta de Vecinos Cerro 18 Norte, Luisa Maldonado, Presidenta de la Junta de Vecinos Villa el Rodeo y María Fernanda Ibieta, también vecina y asistente frecuente a las sesiones de concejo municipal. Esta última, quien asumió el cargo de tesorera de la entidad, fue formalizada el año 2013 por lavado de activos en el denominado caso fragatas.

Un antecedente revelado en exclusiva por El Desconcierto y que para Juan José Lyon, director ejecutivo de la Fundación América Transparente, no constituye precisamente “una muy afortunada coincidencia, dado el cuestionamiento que están teniendo ahora estas entidades nada transparentes”.

Lyon ratifica que los directorios de estas organizaciones cambiaron su composición desde operadores políticos o personas del círculo del exalcalde Guevara, a estar integrados sólo por vecinos. Una “cierta forma de blanqueamiento, que hace parecer una organización de vecinos, lo que en realidad siempre ha sido un mecanismo para poder operar evadiendo la transparencia”, agrega.

“Mi cargo es nominal”

El 20 de marzo de 2013 fue la formalización de las hermanas Ibieta Montalva: María José, María Macarena, María Carolina y María Fernanda. Todas hijas de Guillermo Ibieta Otto, acusado de traspasar 400 mil dólares en sobornos a la cuenta del oficial en retiro de la armada Juan Tapia, como parte de una comisión ilícita a altos mandos militares en la compra de 202 tanques Leopard que adquirió el Ejército en 1998. Por esa gestión, Ibieta habría recibido más de 7 millones de dólares.

La investigación nació de una arista del caso Riggs por las platas “truchas” recibidas por Pinochet, a partir de intervenciones telefónicas realizadas a Víctor Lizarraga y Guillermo Ibieta, periodista y dueño de una empresa dedicada a los insumos de artefactos de guerra, solicitadas por el entonces fiscal adjunto del Ministerio Público, Vinko Fodic, debido a “presunciones fundadas” de que ambos participaban en una “red de lavado de dinero”.

Así se comprobó que Ibieta mantenía cuentas en paraísos fiscales y que los negocios que mantenía con la Armada eran facilitados por una red de informantes que tenía en la institución y que le permitieron adjudicarse una licitación de reacondicionamiento de cuatro fragatas adquiridas en el año 2004. Fue el origen del denominado “caso fragatas”.

Según información del Ministerio Público de la época, a partir del año 2005 ingresaron a las cuentas del empresario más de dos millones de dólares, justificados como supuestas asesorías. Dinero que nunca fue encontrado en el patrimonio de Guillermo Ibieta, quien finalmente fue sobreseído por causa de muerte.

Esto no impidió que el fiscal Carlos Gajardo siguiera la ruta del dinero hurgando en la sociedad de inversiones Guifer, donde Ibieta manejaba sus bienes y que en el año 2009 pasó a manos de sus cuatro hijas, entre ellas María Fernanda, la actual tesorera de Pro Seguridad. “Ellas conocían el origen ilícito”, dijo Gajardo a la prensa tras formalizarlas por lavado de dinero.

Después de dos años y medio, tiempo que duró el proceso judicial, el 20 de octubre de 2015, el 8º Juzgado de Garantía de Santiago sobreseyó a las hermanas Ibieta tras aceptar una suspensión condicional propuesta por el Ministerio Público, a cambio del pago de 150 millones al fisco, a título de indemnización de perjuicios.

Consultada sobre su participación en la directiva de Pro Seguridad Lo Barnechea, María Fernanda Ibieta aseguró a este medio que decidió hacerlo a fines de 2021, “con Cristóbal Lira como alcalde, porque en pandemia casi nadie quería colaborar. Me pidieron que fuera directora sin especificación de cargo”.

Respecto a su rol en el organismo, comentó que “nunca he participado en nada porque la presidenta es quien tiene todos los poderes y delega a un Director Ejecutivo que hace el trabajo”. “Mi cargo es solamente nominal”, asegura.

Por último, sobre la decisión de haber aceptado el cargo habiendo sido formalizada por lavado de activos, respondió que fue “sobreseída hace muchos años de ese proceso, por una decisión judicial. Es todo lo que tengo que comentar al respecto”.

El municipio de Lo Barnechea reconoció a este medio que no estaba al tanto de la formalización de Ibieta por lavado de activos y que eran los vecinos de la Organización Comunitaria Funcional quienes escogían a la directiva. Una versión que contrasta con lo que sostiene María Fernanda Ibieta, al asegurar que desde el municipio, en la época del actual alcalde Lira, la habrían contactado para participar en el organismo y que su rol sería meramente “nominal”.

[Te puede interesar] Concejal de Lo Barnechea solicita comisión de seguridad por contratación de patrulleros con prontuario

[Te puede interesar] Asaltos, homicidios y amenazas: El extenso prontuario de “los patrulleros” de Lo Barnechea