Asaltos, homicidios y amenazas: El extenso prontuario de “los patrulleros” de Lo Barnechea
A los problemas relacionados con eventuales hechos de corrupción, entre ellos entrega de permisos ilegales de publicidad, traspasos de dineros con otros municipios y la controversia generada por las más de 50 boletas entregadas a la municipalidad por el recién nombrado Fiscal Nacional, Ángel Valencia, el municipio de Lo Barnechea podría sumar más cuestionamientos respecto a la contratación de patrulleros que vigilan las calles de la comuna.
Según información a la que tuvo acceso El Desconcierto, al menos cuatro funcionarios del municipio, tres pertenecientes a la dotación de patrulleros y otro en el cargo de Director de Operaciones de Barnechea Seguridad, serían exfuncionarios de carabineros dados de baja por la institución con antecedentes de participación en asaltos, homicidios, acoso y choques en estado de ebriedad.
Los datos recopilados dan cuenta de un proceso de selección al menos cuestionable por parte de las comunas agrupadas en la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente, AMSZO, entidad que agrupa a las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.
Es precisamente este último municipio el que ha presentado en sus filas a exfuncionarios policiales con un comportamiento evidentemente reñido con la ley y, en otros casos, con violaciones a los derechos humanos.
Consultado por esta situación, el concejal independiente de la comuna, Francisco Madrid, asegura que en el próximo concejo solicitará a la comisión de seguridad que explique cuales son las razones para la contratación de estos funcionarios.
-Es una situación preocupante y el municipio tiene que tomar cartas en el asunto. No se puede desentender del tema. La seguridad en el país atraviesa por un momento complejo y Lo Barnechea no escapa de eso. Los funcionarios que ejercen estas labores tienen que ser intachables- asegura.
Homicidio de un obrero en Peñalolén
A las 21:30 horas del 21 de diciembre de 2006, en la esquina de calle 13 con Laguna San Pedro, en la comuna de Peñalolén, fue asesinado Miguel Ángel Bustos Valdebenito. El obrero de la construcción había sido interceptado pocos minutos antes por dos carabineros de franco, Álvaro Aguirre Orrego y Alejandro Jorquera Márquez, quienes lo acusaron de haber asaltado a una pareja de colegas.
Ambos policías, según antecedentes presentados en la querella por homicidio calificado, venían del Pub Camelot en evidente estado de ebriedad. Alejandro Jorquera -contratado en la actualidad por el municipio de Lo Barnechea como Director de Operaciones con un sueldo de más de tres millones- habría encarado a Bustos, golpeándolo con su pistola cargada en el rostro y trasladándolo hacia el sector de avenida Grecia.
En el trayecto, Bustos empujó al funcionario de civil que cayó al suelo, siendo atacado de inmediato por Álvaro Aguirre quien le disparó en el rostro. “Al ver que la gente empieza a acercarse para ver qué sucedía, comienza a efectuar disparos, tanto al aire como contra la gente que venía acercándose, tal es así que varios proyectiles dieron en las casas de al frente del lugar donde sucedieron los hechos. Finalmente ambos sujetos se dan a la fuga”, señala la querella.
Los policías justificaron el hecho asegurando que Bustos era un delincuente y que lo intentaron detener en las inmediaciones de avenida Grecia. La esposa del obrero, Marcela Elgueta Carrasco, adosó a la querella todos los antecedentes del trabajador que comprobaban su vínculo laboral con la empresa Cortés y Cortés.
Álvaro Aguirre finalmente fue condenado por homicidio, siendo beneficiado con la medida de libertad vigilada el 30 de enero de 2008. Alejandro Jorquera, actualmente jefe de seguridad en Lo Barnechea, fue condenado a sesenta y un día de presidio menor en su grado mínimo, más la suspensión de cargo público por porte ilegal de armas y 40 días de prisión por lesiones menos graves.
Hugo Gutiérrez, abogado en la causa a través de la Corporación de Asistencia Judicial, aseguró a El Desconcierto que la muerte del obrero fue una evidente violación a los derechos humanos. “Me parece un hecho gravísimo que personas involucradas en violaciones de los derechos humanos, en este caso un carabinero que hizo mal uso de su armamento, se encuentre ocupando un cargo de relevancia pagado por el municipio y teniendo responsabilidades que implican el resguardo de la ciudadanía”.
Coartada por choque
Todo partió como una vulgar coartada. A fines de septiembre de 2018, los carabineros Héctor Jaramillo Cabezas y Sebastián Albornoz Valenzuela, funcionarios de la 54º comisaría de Huechuraba, llegaron a la 37º comisaría de Vitacura en evidente estado de ebriedad, con diversas lesiones, señalando que habían sido recién asaltados.
Pocos minutos antes, sin embargo, carabineros de la misma unidad dieron cuenta del hallazgo de un vehículo encontrado en la autopista Costanera Norte. El automóvil marca Hyundai era de propiedad de Albornoz, actual patrullero de Lo Barnechea, y se encontraba con indicios de haber chocado recientemente.
Carabineros ordenó la baja inmediata de la institución de ambos funcionarios y ordenó la realización de un sumario administrativo, enviando los antecedentes recolectados al Ministerio Público. El 14 de enero de 2019, Sebastián Albornoz fue condenado a pagar una multa de 1 UTM como autor del delito de “conducción en estado de ebriedad con o sin daños o lesiones leves”.
No era primera vez que el policía participaba en un evento similar. El 25 de marzo de 2018, Albornoz junto a Antonio Corvalán, otro funcionario policial, fueron fiscalizados mientras conducían un vehículo en la calle Guillermo Subiabre en la comuna de Huechuraba, detectando en los ocupantes “fuerte hálito alcohólico, rostro congestionado, habla incoherente e inestabilidad al caminar”.
El condenado aquella vez fue Corvalán, conductor del vehículo, cuya alcoholemia arrojó 1.79 gramos por mil de alcohol en la sangre.
Asalto en La Polar
Antes de ser aceptado como patrullero en Lo Barnechea, Sebastián Mathews Tapia Claro cumplió una condena judicial por robo con intimidación. El ex funcionario de Carabineros, junto a otros tres colegas pertenecientes a la 21ª Comisaría de Estación Central, fueron sindicados como miembro de una banda dedicada a robos y asaltos a multitiendas.
Los expolicías, según reportes de prensa de la época, habrían estado implicados en el robo de $75 millones de la tienda La Polar, ubicada en el Mall Plaza Alameda, ocurrido el 9 de julio de 2017. En la ocasión, ocho sujetos armados y con el rostro cubierto, ingresaron al local por una puerta de acceso para los trabajadores, sustrayendo toda la recaudación del fin de semana.
Los cuatro policías involucrados en el delito fueron formalizados por la Fiscalía Centro Norte tras garantizar la cobertura y huida del grupo de asaltantes, a cambio de dinero por la prestación de servicios. Según la investigación Tapia Claro, junto a otro funcionario, habrían demorado deliberadamente su llegada a la tienda, tras recibir la alerta policial de CENCO.
Los carabineros involucrados en el delito habrían recibido $4.400.000 un día después del atraco, repartiendo el botín entre todos los participantes. La fiscalía decretó la prisión preventiva de todos los policías por considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad.
El 09 de abril de 2021, el Centro de Reinserción Social de Santiago Sur decretó el cumplimiento de la pena impuesta a Sebastián Tapia Claro.
Muerte a un menor de edad un 11 de septiembre
El 12 de septiembre de 2005 en el Sapu Carol Urzúa en Peñalolén, a las 2:35 de la madrugada, murió el menor de 17 años Cristián Castillo Díaz, tras recibir un impacto de bala en su cavidad torácica.
El joven que se manifestaba en el marco de las conmemoraciones de un nuevo 11 de Septiembre, fue baleado por Daniel Cabrera Inostroza, miembro de Fuerzas Especiales de Carabineros de La Florida y actual patrullero en la comuna de Lo Barnechea.
La jornada conmemorativa del aniversario 32 del golpe de Estado arrojó un total de 120 detenidos y 41 carabineros heridos. Cristián Castillo fue el único muerto registrado en la ocasión.
Tras varios años de litigio, en el año 2010 la justicia militar condenó a Cabrera a 541 días por “violencia innecesaria con resultado de muerte”. El exfuncionario policial, sin embargo, no alcanzó a estar preso, reactivando el debate sobre la legitimidad de la justicia militar en tiempos de paz y en un sistema democrático.
El 11 de enero de 2021 el Duodécimo Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar una indemnización de $90 millones a la madre, abuelos y hermanos del adolescente de 16 años asesinado por Cabrera.
La muerte de Cristián Castillo no fue el único caso en que participó el patrullero. En mayo del año 2006, una mujer interpuso una denuncia por amenazas, luego de conocer al policía en una discotheque. El documento judicial señala que se hicieron amigos y que pese a estar casada, el excarabinero le solicitó reiteradas veces juntarse con ella, tratándola de “perra mal nacida”.
“La mamá de él me llamó para prevenirme porque me contó que su hijo está en tratamiento psicológico y con un neurólogo y que está tomando pastillas por lo que me preocupa como pueda reaccionar si es que yo lo veo nuevamente”, declara la mujer en la denuncia.
El 22 de agosto del año 2006, el Ministerio Público determinó no iniciar una persecución penal por estimar que los “hechos indicados no comprometen gravemente el interés público” y porque “no se trata de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones”.
El municipio de Lo Barnechea, consultado por los datos proporcionados en este reportaje, aseguró a El Desconcierto que al momento de las postulaciones los funcionarios no contaban con anotaciones vigentes en su registro de antecedentes.
