La posibilidad de abrir sumarios el interior el Ministerio de Justicia para buscar responsabilidades por los polémicos indultos es “algo que por ahora no forma parte de la discusión”, sostuvo esta jornada Luis Cordero Vega, el recién asumido titular de la cartera.

Tras sostener una cita protocolar con la Corte Suprema en la sede del Poder Judicial, el secretario de Estado, que prometió este miércoles en el cargo en relevo de la cesada Marcela Ríos, fue nuevamente consultado por los beneficios presidenciales concedidos en vísperas de Año Nuevo a doce presos del estallido social junto al exfrentista Jorge Mateluna.

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Y uno de los elementos nuevos que asomó  en el debate fue el de la posibilidad de un sumario interno en la cartera para hacer la trazabilidad de las responsabilidades.

“Las responsabilidades administrativas son resultado de consecuencias jurídicas y mientras esta sea planteada como una discusión jurídica, como ha sido planteado no por el Ejecutivo, sino por la oposición, en ese espacio se mantendrá", partió explicando.

Luego, añadió que “las responsabilidades disciplinarias es algo que por ahora no forma parte de la discusión, fundamentalmente porque el Gobierno tiene que responder a los oficios de la Contraloría y esperar el requerimiento que ha anunciado la oposición al Tribunal Constitucional", en referencia a los requerimientos de Chile Vamos.

Requerido además sobre las “desprolijidades” en el proceso que admitió el mandatario, Cordero respondió que "yo no quiero no puedo ser interprete del Presidente, él es el que ha expresado esa opinión, pero también ha precisado a que se refiere".

"Es una afirmación que está vinculada a las cuestionas políticas. Eso tuvo consecuencias y una de esas consecuencias es que hoy me tienen acá", indicó, aludiendo a la salida de su antecesora.

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Consultado además si cree que los indultos estaban ajustados a derecho, el ministro indicó “en el sistema institucional chileno, un acto administrativo legalmente emitido que ha producido sus efectos, esto no lo digo yo, lo dice la ley, tiene presunción de legalidad. Y mientras esa presunción no sea derribada, esos actos administrativos son ajustados a derecho", aludiendo al proceso en curso que se sigue en Contraloría.

De hecho, el ente que encabeza Jorge Bermúdez envió un oficio el martes pasado al Ejecutivo, tras una petición de la bancada de diputados de la UDI, solicitando un informe al Ministerio de Justicia con todos los antecedentes sobre el caso indultos.

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