La disputa judicial aún no termina. Desde el año 2017, cuando empezaron las primeras escaramuzas, un grupo de vecinos de Las Condes comenzó a reclamar por la construcción de un proyecto inmobiliario ubicado a pasos de sus casas, en Vespucio 345, un terreno aparentemente libre de “construcciones en altura”, donde se edificaría una torre habitacional de 19 pisos y un edificio de oficina de 12 niveles. En total, más de 80 mil metros cuadrados.

La controversia terminó por enfrentar a los vecinos, el municipio y la inmobiliaria Nueva El Golf, a cargo del proyecto, quien buscaba levantar una obra con una inversión estimada en US$100 millones y que tras conseguir los permisos comenzó a construir a comienzo del año 2016.

Una serie de problemas con el municipio, sumado a varias modificaciones al proyecto inicial, llevó a la empresa a interponer un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, siendo representada por el destacado penalista Jorge Bofill. La acción judicial iba dirigida en contra del entonces alcalde de la comuna, Joaquín Lavín, y marcó el inicio de una batalla judicial que escalaría hasta la Corte Suprema.

Hoy, cinco años después y ad portas del fallo final, el municipio ha perdido en casi todas las instancias, entre ellas tres reclamos de ilegalidad en la Corte de Apelaciones. La última de las acciones judiciales, un recurso de casación en el fondo interpuesto por la inmobiliaria, busca zanjar definitivamente el asunto. Para esto, ambas partes están quemando sus últimas cartas judiciales.

El 3 de enero pasado, el municipio interpuso un recurso de reposición alegando por una serie de documentos adosados al expediente por la inmobiliaria -sentencias, informes, permisos-, considerados por esta parte como improcedentes. En simple, según Patricio Navarrete, abogado de la municipalidad, “el recurso de casación en el fondo debe resolver problemas de derecho, vale decir las normas aplicables al tema”. “Esto se debió haber hecho valer antes y no en esta instancia procesal”, agrega.

Lo otro, tiene que ver con una constancia presentada por el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, respecto a una causal de inhabilidad contemplada en el Código Orgánico de Tribunales, debido a una “relación con el abogado Jorge Bofill Genzsch, quien lo asesora legalmente y es patrocinante en esta causa”. El penalista, uno de los más requeridos de la plaza, se ha destacado por ser litigante en casos emblemáticos sobre corrupción política, como SQM y Penta.

[caption id="attachment_806943" align="aligncenter" width="518"] Constancia presentada por Sergio Muñoz[/caption]

La acción judicial buscaba dejar en evidencia un eventual conflicto de interés, transparentado por Muñoz a las partes. A la espera de una determinación respecto a una eventual solicitud de recusación en contra del magistrado, la municipalidad de Las Condes aseguró a El Desconcierto que no tomarían esa vía jurídica.

Cabe consignar que hace sólo un par de días, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud de inhabilitación que presentó la inmobiliaria Fundamenta, opositora al megaproyecto Eco Egaña Sustentable, en Ñuñoa, luego de acusar a la hija del juez Sergio Muñoz de haber firmado dos promesas de compraventa con la empresa.

Graciel Muñoz Tapia, jueza del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, habría solicitado cambiar las compraventas por otro proyecto inmobiliario de la empresa en Ñuñoa, argumentando que su intención era “hacer cambios de la manera más amistosa” debido a que su padre era el que veía “todo este tema, ya que participa en la Corte Suprema”.

La constancia de inhabilidad presentada por el propio Muñoz en el caso que involucra a la Municipalidad de Las Condes, fue presentada el 29 de diciembre, cinco días después de que Fundamenta interpusiera una recusación en su contra por el proyecto de cuatro edificios que pretende construir en Ñuñoa.

Un barrio de elite

El terreno donde se pretende instalar el complejo inmobiliario está ubicado en el perímetro de las calles Asturias, Renato Sánchez y Américo Vespucio, un barrio calificado como una “isla” dentro de la comuna de Las Condes y que fue declarado zona típica en 1995.

En el mismo sector vivió Augusto Pinochet entre los años 1973 y 1998, en una residencia destinada a los comandantes en Jefe del Ejército, ubicada en Presidente Errázuriz 4290, y que el mismo dictador a través de un decreto prohibió que se construyeran edificaciones en altura. Todo hasta que el alcalde Joaquín Lavín flexibilizó la medida.

Fue entonces cuando comenzó la controversia que se destapó públicamente a partir de una carta publicada el 26 de septiembre de 2017 en El Mercurio, donde 91 vecinos del sector acusaron “irregularidades gravísimas” en la entrega de permisos de edificación solicitando al alcalde suspender las obras.

[caption id="attachment_647592" align="aligncenter" width="900"] Foto: Agencia Uno[/caption]

“Los antecedentes emanados del propio municipio muestran que el terreno no cuenta con los 7.500 metros cuadrados exigidos para construir una edificación de estas dimensiones. En ambos edificios se autorizó, además, la construcción de 975 estacionamientos en ocho pisos de subterráneos, el símil de dos centros comerciales como el Casa Costanera. Esto impactará la circulación vehicular del barrio, al producir todo tipo de atochamientos”, se lee en la misiva.

En el selecto grupo de vecinos firmantes destacan el exalcalde de Santiago Gustavo Alessandri, el pintor Juan Subercaseaux, el arquitecto Patricio Gross, el entonces rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez, el abogado Alejandro Fernández, ex jefe de gabinete de la ministra Carolina Schmidt, la periodista Constanza Vergara, exdirectora de revista Paula, y Juan Tagle, expresidente de Cruzados SADP, entre otros.

Tras la presión de los vecinos, quienes interpusieron un recurso de ilegalidad, el municipio invalidó la modificación del proyecto solicitado por la empresa para ampliar la altura. La medida buscaba disminuir la constructibiliad de la obra, afectando de paso las ganancias de la inmobiliaria Nueva El Golf, propiedad de Pablo Letelier y Juan José Gana.

La empresa acusó el golpe y entabló una serie de recursos judiciales en la Corte de Apelaciones, alegando que la Dirección de Obras Municipales, DOM, es quien tiene competencia exclusiva y excluyente en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, pero carece de competencias para suspender obras en ejecución. Fue la Corte Suprema, finalmente, quien garantizó otorgar “mayor certeza a los administrados”, otorgando garantías para que la obra se ejecute de acuerdo a los permisos otorgados.

En paralelo la Inmobiliaria Nueva El Golf, considerando los atrasos y paralizaciones de la obra, interpuso una demanda por indemnización de perjuicios en contra de la Municipalidad de Las Condes por US$ 12 millones, en julio del año pasado, señalando que el exalcalde Joaquín Lavín habría presionado a la DOM para que paralizara las obras, pese que esta no contaba con las facultades para hacerlo.

Los alegatos por el recurso de casación de fondo, en tanto, están ad portas de comenzar y se espera la sentencia después de cinco años de una intensa batalla judicial.

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