La semana pasada, las declaraciones de la ex Seremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, luego de ser desvinculada, generaron una polémica aún en desarrollo. Una de las aristas en esta trama es el rol de instancias de decisión política en las evaluaciones de impacto ambiental de proyectos de inversión.

Según el relato de la ex funcionaria, habría recibido instrucciones directas para votar a favor de ciertos proyectos con los que ella no estaba de acuerdo. Desde partidos de la oposición no tardaron en anunciar denuncias por tráfico de influencias aludiendo a estos hechos. Y aunque la existencia de presiones indebidas no es evidente a simple vista debe ser investigada, la polémica levantó una discusión sobre la forma en que se evalúan los impactos ambientales, y se alzaron voces que llaman a priorizar los elementos técnicos de la evaluación para dar más certeza a los procesos.

“Los dichos de la ex Seremi demuestran una falta de conocimiento sobre su rol como funcionaria. En el caso de un proyecto sobre el que ella había emitido un juicio previo, era su deber inhabilitarse. En el caso de la planta de aguas servidas muestra que busca una votación política que se contradice con los informes del servicio que representa. Los Seremis deben pronunciarse con coherencia con respecto a los informes técnicos que realizan sus servicios respectivos sobre cada proyecto. Si vamos a hacer un proceso de evaluación ambiental que luego pueden contravenirse por decisión política, dejamos vulnerable a presiones políticas un proceso que debe ser técnico”, explica el ex ministro de Medio Ambiente Marcelo Mena.

Para Mena, las que llama como “instancias políticas” de la evaluación ambiental, como el Comité de Ministros o el Comité de Evaluación ambiental deberían ser eliminadas, centrándose la evaluación en instancias técnicas con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) con un rol protagónico. Ezio Costa, abogado y director de la ONG FIMA, coincide en la necesidad de eliminar el comité de ministros y admite la posibilidad de reformar el Consejo de Evaluación Ambiental, transformándolo en una instancia donde se evalúen distintas visiones políticas y técnicas regionales que nutran la toma de decisiones.

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¿La política tiene un rol en la evaluación ambiental?

“En el Consejo de Evaluación Ambiental hay una gran tentación de no resolver el problema localmente y dejárselo al Comité de Ministros, que es una instancia con pocas justificaciones técnicas. Sin estas etapas se reducirían los tiempos y tendrían más protagonismo los criterios técnicos. Gran parte de las determinaciones finales del Tribunal Ambiental no considera las decisiones de los comités, sino los informes técnicos, y eso demuestra que se trata de procesos redundantes que solo dilatan los tiempos”, reflexiona Mena. Eliminar instancias como el Comité de Ministros ha sido una recomendación transversal para fortalecer la institucionalidad ambiental y también fue parte de las propuestas del presidente Gabriel Boric.

Para Ezio Costa, también hay otras reformas de mejorar la certeza de las evaluaciones ambientales, integrando decisiones políticas de forma regulada. “Hay una determinación política válida que tiene que ver con qué tipo de proyectos y qué niveles de mitigación vamos a aceptar en el país. Pero eso podría estar regulado en normas previas, como una ley de ordenamiento territorial que diga qué proyectos se pueden hacer en cada lugar, o modificaciones en la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Son definiciones políticas que se hacen en la creación de normativas y así no se deja un margen tan grande en la determinación final de cada caso”, propone el abogado.

El objetivo de dar mayor certeza a los procesos de evaluación ambiental no solo serviría a las comunidades sino también a las empresas titulares de proyectos. “Cuando se rechazan proyectos grandes, por lo general los privados y los gremios mencionan el proceso de evaluación y sus incertidumbres. Pero se podría alcanzar mayor nivel de certezas si existiese normativa de protección ambiental más estricta. Eso requiere acuerdos en el Congreso, y cuando se discute esto en esa instancia, los gremios siempre están en contra. Ha sucedido con reformas como la del Código de Aguas o la Ley de Glaciares. Al impedir robustecer esas normativas de protección ambiental, mantienen abierto el lugar donde se terminan tomando las decisiones que es un espacio con mayor discrecionalidad y donde se puede ejercer más presión”, analiza Costa.