El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago accedió al levantamiento del secreto bancario de Óscar Izurieta, excomandante en jefe del Ejército, indagado en el marco del Milicogate, y varios de sus parientes.

Según detalla este martes La Tercera, tras la petición del Ministerio Público, la justicia dio luz verde al levantamiento del secreto en el caso del retirado general, su esposa (Ginetta Fornazzari), su cuñada (Rossana Fornazzari), además de sus hijas y yernos.

La decisión del tribunal se generó en respuesta a una solicitud del fiscal adjunto de la Fiscalía Regional de Los Lagos, Marcos Muñoz, por considerar que los indicados en la lista estarían eventualmente involucrados en los traspasos de fondos que el exgeneral habría defraudado, motivo por el que está siendo investigado en la arista de gastos reservados del fraude en el Ejército.

Adicionalmente, se procedió en la misma dirección respecto de María Constanza Izurieta, hija del exgeneral, y de su cónyuge, Andrés Iturra, ambos exfiscales, quienes en octubre fueron cesados de sus cargos en el Ministerio Público como consecuencia de un sumario que estableció “graves faltas a la probidad”.

Lo anterior, luego de que se corroborara su activa participación en la donación de inmuebles de Izurieta padre, a lo que se suma la solicitud de acceso al registro bancario de otra de sus descendientes, María Carolina Izurieta Fornazzari y su esposo Sebastián Rodríguez.

Concretamente, la solicitud plantea que, de acuerdo a la investigación de Muñoz, existen antecedentes que “constituyen indicios coherentes, serios y concordantes que permiten presumir que los imputados estarían utilizando productos bancarios de distinta naturaleza para ocultar, disimular e intentar legitimar dineros obtenidos en la actividad ilícita reiterada en el tiempo, vinculada a la probable sustracción de caudales públicos”.

Como consecuencia del requerimiento, y de acuerdo a la Ley General de Bancos, todos los investigados para los cuales se gestiona información, están imputados.

En este contexto, el Ministerio Público ordenó a las distintas entidades bancarias vinculadas a él y a sus familiares que levanten el secreto que recae sobre ellas. Banco de Chile, Santander, Itau, BCI, Scotiabank Azul, Falabella y Ripley ya fueron contactadas para que colaboren con la investigación, por lo que la integridad de estas entidades debe facilitar antecedentes de los productos bancarios desde 2006 a la fecha. Se incluyen movimientos en las tarjetas de crédito, transferencias, depósitos, inversiones y cuentas en fondos mutuos de los imputados, añade La Tercera.

Procesado en la justicia militar

Cabe recordar que en la justicia militar, Izurieta fue procesado en febrero del año en curso por la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford.

El detalle apunta a una imputación por defraudación de dineros destinados a gastos reservados del Ejército que superarían los $6.300 millones.

Las indagatorias apuntan a que Izurieta habría traspasado bienes adquiridos con dineros ilícitos a su descendencia, lo que podría ser tipificado como lavado de activos, hecho que investiga el Ministerio Público.

Apelando a esta fórmula, el excomandante en jefe del Ejército habría evitado el embargo de sus bienes al ser procesado por la magistrada.

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