En días pasados se erigió, en el frontis de La Moneda, un monumento al ex presidente Patricio Aylwin, mi padre, monumento que había sido aprobado en forma casi unánime por el Congreso Nacional en 2017, un año después de su fallecimiento.

Como suele ocurrir con ocasión de un acontecimiento de este tipo, y con mayor intensidad después del estallido social en que se cuestionó la monumentalidad –situación que los parlamentarios de entonces evidentemente no previeron– la instalación de este monumento en su honor ha generado un debate en torno a su figura y a su rol en la vida pública del país. En una sociedad democrática, la expresión de esas visiones no solo no debe ser materia de preocupación, sino debe ser alentada.

A pesar de haber trascurrido más de seis años de su partida hasta ahora no he compartido, más allá de mis relaciones cercanas, mi visión sobre su trayectoria como hombre público. En un primer momento prioricé los sentimientos por sobre la racionalidad. En los últimos años estuve abocado desde sociedad civil a promover las transformaciones institucionales que, como muchos, pienso el país necesita para ser más justo e inclusivo. Pienso, sin embargo, que hoy es un momento propicio para compartir dicha visión.

Aunque los hij@s nunca seremos neutrales, ya que el afecto que nos une a nuestros padres marca de manera radical la mirada que tenemos de ell@s, somos testigos privilegiados de sus vidas. Por lo mismo pienso, modestamente, que mi mirada puede ayudar a entender la trayectoria política de mi padre. Ello en particular para quienes no vivieron la dictadura y la recuperación de la democracia, y por lo mismo desconocen su rol de liderazgo en dicho proceso y en la vida política del país durante las últimas décadas del siglo XX. En efecto, no es infrecuente entre l@s jóvenes que no vivieron esa etapa la percepción de que el habría sido un instigador del golpe de Estado de 1973 que derrocó al presidente Allende dando origen a la dictadura cívico militar que gobernó en Chile hasta 1990. Otros lo consideran el autor de un “pacto secreto” con los militares para asegurar la continuidad de la institucionalidad vigente, y para garantizar a estos su impunidad. Dichas percepciones están lejos de corresponder a la verdad.

Poc@s saben de los diálogos que como presidente de la Democracia Cristiana sostuvo con el presidente Allende –de quien fue opositor, no en defensa de privilegios, sino de lo que consideraba como principios democráticos fundamentales amenazados por sectores de la Unidad Popular que abogaban por  una vía al socialismo inspirada en la revolución cubana entonces admirada (revolución que hoy, al menos  desde la perspectiva de derechos humanos, tiene pocos seguidores). Ello para buscar una salida institucional a la grave crisis política y social que Chile vivía al año 1973. Tampoco se conoce de los esfuerzos que desarrollara dentro de su propio partido, así como con partidos de oposición y con personeros del propio gobierno de Allende para con el mismo fin en los meses y días que antecedieron el golpe de Estado.

Menos aún del arduo y arriesgado trabajo que desarrolló bajo dictadura junto a muchos líderes y lideresas políticos y sociales de fuerzas antes antagónicas –en lo que el llamó “el reencuentro de los demócratas”– para  hacer posible la restauración de la democracia en Chile. Dicho trabajo fue central en la conformación de las alianzas  que resultaron decisivas para el triunfo del No en 1988, hito central para poner término a la dictadura. Fue como consecuencia de su liderazgo en ese proceso que más tarde fue propuesto por dichas alianzas como candidato de las fuerzas democráticas en las elecciones presidenciales de 1989, en las que fuera  electo Presidente con una mayoría significativa.

Es común también en quienes no vivieron ese periodo el cuestionamiento de los primeros años de la transición en que mi padre ejerciera como Presidente,  tiempo en el cual siguieron vigentes los enclaves autoritarios de la Constitución de 1980, como la inamovilidad de los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, los senadores designados,  por mencionar los más burdos. Es importante señalar a quienes no vivieron esa parte oscura de nuestra historia que en el enfrentamiento de la dictadura hubo dos grandes estrategias;  la que promovía todas las formas de lucha, que incluía por cierto la vía armada, impulsada por algunos partidos y movimientos de izquierda, y la de utilizar la institucionalidad impuesta por la dictadura en 1980 para derrotarla, que fuera impulsada por una amplia coalición de partidos y movimientos sociales de centro y de izquierda que mi padre encabezó.

Aun sin demonizar la primera estrategia, la que frente a la brutal represión de la dictadura encontraba su fundamento en el derecho a la rebelión frente a la tiranía, el hecho es que a la postre fue la segunda estrategia, y no la primera, que fracasó, la que terminó por imponerse. Es importante recordar además que, consciente de las limitaciones de dicha institucionalidad desde la perspectiva democrática, mi padre participó activamente en las negociaciones promovidas por las fuerzas democráticas para introducir reformas constitucionales, como el término de la proscripción ideológica, y el reconocimiento del deber del Estado de respetar los derechos humanos de tratados internacionales ratificados por Chile, reformas que, lejos de ser secretas, fueran aprobadas por amplia mayoría en plebiscito en 1989.

Poco se conoce además, de la labor desarrollada por su gobierno, en que no obstante las limitaciones de la institucionalidad vigente, se impulsaron importantes reformas políticas y sociales en la perspectiva de construir lo que mi padre llamara “la patria justa y buena para todos”. Entre estas reformas destacan la reforma tributaria, para recabar más fondos para enfrentar la situación de pobreza, que al término de  la dictadura alcanzaba al 40% de la población, y la reforma sindical, para reestablecer derechos laborales básicos, como el derecho a huelga, a la negociación colectiva, y la legalización de las centrales sindicales. A ello se agregan la instauración de una legislación que reconoció a los pueblos indígenas (etnias les denominó el Congreso de la época en contraste con la denominación del proyecto del Ejecutivo), derechos sobre sus tierras y mecanismos para su ampliación, y una legislación de protección ambiental, normativas que sentaron las bases de una política de Estado hasta entonces inexistente en estos ámbitos, y crearon una institucionalidad pública para su desarrollo que, con modificaciones,  persiste hasta la fecha.

No menos importante fue la centralidad que durante su gobierno tuvo el abordaje de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en dictadura. Para investigar dichas violaciones, individualizar a las víctimas, determinar su paradero, adoptar medidas de reparación, así como para evitar que dichas violaciones de derechos humanos volvieran a repetirse, al mes de iniciado su gobierno creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Cabe recordar que dicha Comisión y las políticas de reparación a las que dieron origen se impulsaron no solo con la oposición de la derecha, hasta entonces defensora de la dictadura sino, lo que es más grave, con la amenaza constante de los militares de retomar el poder.

Otro hito en su actuación pública posterior a su gobierno que da cuenta de su compromiso con los  derechos humanos fue su labor como presidente de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato para con los Pueblos Indígenas, creada por el gobierno de Lagos en 2001.  Dicha Comisión, cuyo informe fuera dado a conocer en 2003, fue la primera en reconocer y documentar las graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la asimilación forzada, el despojo territorial y en algunos casos el exterminio, cometidas por el estado desde su creación. En el mismo informe se recomendó a los distintos órganos del Estado la adopción de un conjunto de medidas legislativas y de política pública para reparar dichas violaciones de derechos, las que lamentablemente nunca han sido impulsadas a la fecha.

Como todos los seres humanos, tuvo desaciertos y cometió errores en su vida política. Uno de los mas evidentes fue la declaración que junto a la directiva de la Democracia Cristiana suscribió el 12 de septiembre de 1973, en la que, no obstante lamentar el golpe de Estado, se señala entender la acción de las Fuerzas Armadas en el contexto de crisis política y social que vivía el país. Tal como el mismo reconocería posteriormente, esta fue una declaración desafortunada. Dicha declaración solo puede ser entendida en la convicción, por cierto errada, que muchos de su generación compartían respecto al carácter democrático y respetuoso del Estado de Derecho de las Fuerzas Armadas, y de que estas solo intervendrían para devolver el poder al pueblo soberano para que este decidiese democráticamente su destino, tal como se señalaba en la misma declaración. Sin desmerecer su error, cabe señalar que, posiblemente motivado por la misma errada convicción del carácter democrático de las Fuerzas Armadas, el presidente Allende incorporó primero en 1972, y más tarde en 1973, a miembros de las Fuerzas armadas en su gabinete, y en 1973 nombró al propio general Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército.

Otro hecho que muchos consideran un desacierto fue la afirmación que hiciera como Presidente de la República en relación al logro de la justicia "en la medida de lo posible". Esta frase, aunque posiblemente desafortunada, en especial para quienes con legítimo derecho aspiraban a la realización de dicha justicia frente a los crímenes de la dictadura, debe ser entendida en el contexto de la persistencia de un Poder Judicial que había sido cómplice de la dictadura, en que los jueces negacionistas de las graves violaciones de derechos humanos,  mantenían su pleno control. Un contexto, además, en que la vigencia de leyes de Amnistía, como la dictada por la dictadura para impedir el juzgamiento de sus crímenes, no había sido desafiada internacionalmente, como lo fue en años posteriores. Con todo, y tal como fue interpretado por el reconocido jurista José Zalaquett, quien fuera integrante de la Comisión de Verdad y  Reconciliación, ella no implicaba no hacer todo lo humanamente posible para la realización de justicia. Demostrativo de ello fue el  envío que mi padre hizo al Poder Judicial del Informe de dicha Comisión, dando cuenta de 3.500 denuncias recepcionadas, de las cuales 2.300 fueron calificadas como casos de graves violaciones a derechos humanos, instándola a investigar tales denuncias, cuestión que, como sabemos, no ocurrió sino hasta años más tarde.

Más allá de los errores o desaciertos que pudo haber cometido a lo largo de su vida pública, su actuación política no se puede entender sino se tiene presente su historia personal y familiar. Hijo de un juez masón y de una madre de valores cristianos, estudió en el Liceo de San Bernardo, luego en el Internado Nacional Barros Arana y finalmente en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, todas ellas instituciones públicas, que le permitieron convivir con la diversidad social del país. Ese pasado marcó su identidad como un hombre sencillo y austero que se identificaba como parte de la clase media,  y que tuvo el servicio público y la justicia, en particular la justicia social, al centro de sus preocupaciones. Tal como el mismo señalara siendo candidato a la Presidencia de la  República en una intervención de 16 de julio de 1989: “Concibo la vida como una tarea. Desde niño sentí que mi tarea es la justicia. Luchar por la justicia. Y eso he procurado hacer durante toda mi vida. Por eso fui abogado y profesor de Derecho. Por eso me hice político: para luchar por la justicia para nuestro pueblo”.

Fueron esas las aspiraciones a las cuales dedicó la mayor parte de sus esfuerzos no solo en su vida pública, sino también,  junto a la que fue su esposa y compañera de vida, Leonor Oyarzún, mi madre, en su vida privada y familiar.

Mas allá del monumento que en estos días se erigió en su honor, y de los análisis sobre su trayectoria como hombre público, incluyendo el que aquí he compartido, que con ocasión de ello se han difundido, será la historia, la que siempre se escribe con el paso del tiempo, la que juzgará cuánto contribuyó, en particular en el complejo contexto en que ejerció la Presidencia de la República, a la construcción de la patria justa y buena que anhelaba. Por mi parte, no puedo sino expresar mi orgullo de su trayectoria y consistencia con sus principios, legado sin el cual no habría dedicado mi vida profesional a la promoción y defensa de derechos humanos, derechos que a 30 años de la recuperación de la democracia en Chile que él lideró presenta aún tantos desafíos.

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