Diputado Castro (RN) ingresa mejoras a ley "Devuélveme mi Casa” con desalojo de okupas
Durante los últimos años en Chile han aumentado los fenómenos de ocupación ilegal de la propiedad urbana sin mediar ningún contrato de por medio ya sea por la ignorancia o mera tolerancia de sus dueños.
Muchos son los dramáticos casos de arrendadores que sufren por no poder sacar a los arrendatarios que no han pagado sus mensualidades, o se acumulan enormes deudas por gastos comunes o cuentas impagadas de luz, agua, etc.
El pasado 17 de junio, se promulgó la popularmente conocida ley “Devuélveme mi Casa”, que pone fin con rapidez a esa clase de problemas y acelera procesos en materia de cobros de renta y desalojo.
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Sin embargo, la legislación actual no marca el camino a seguir cuando se desconoce la identidad de quienes están habitando de forma ilegal la propiedad, terreno o vivienda, o cuando no hay un contrato de arrendamiento que medie entre el propietario o dueño de dicha propiedad y el -o los- individuos que hacen uso del mismo.
En términos simples, cuando las propiedades son ocupadas ilegalmente, a lo que comúnmente se les llama “okupas”.
En esta línea, el Diputado José Miguel Castro (RN) presentó el proyecto que modifica la “Ley Devuélveme mi Casa” para corregir este problema “permitiendo que aunque no haya nombre o RUT del ocupante, el propietario pueda ver restituida su propiedad mediante un proceso judicial”, indica la iniciativa.
“Esta ley ha sido un gran avance desde el punto de vista legislativo y se ha convertido en una herramienta eficaz para los dueños de inmuebles que llevaban años luchando contra arrendatarios inescrupulosos, sin embargo, subsiste un problema grave cuando las ocupaciones son ilegales y de personas sin identificación alguna, lo que impide presentar la demanda para el desalojo, ante lo cual hemos presentado esta modificación”, explicó el parlamentario.
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Finalmente, el diputado señaló que espera que esta iniciativa sea puesta en tabla de forma tan rápida como la anterior ley, y que venga a resolver este “vacío legal”; así, los propietarios de viviendas o terrenos puedan estar más tranquilos porque podrán recuperar muy pronto sus bienes.