Mario Marcel, ministro de Hacienda, rechazó la última demanda oficializada este miércoles por los camioneros, gremio que en medio del paro está pidiendo una rebaja del 30% del precio de todos los combustibles, además de que estos se mantengan estables durante los próximos seis meses.

Fue precisamente en este contexto que el responsable de la billetera fiscal recordó que el lunes en la noche, tras varias horas de negociaciones, se suscribió un acuerdo firmado con varias asociaciones del sector que recoge las demandas planteadas durante las últimas semanas sobre valores de los combustibles y tarifas de transporte, seguridad en las carreteras, formalización de los trabajadores e inversión.

Específicamente, el acuerdo lo suscribieron representantes de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), ChileTransporte AG, la Federación Gremial Nacional de Buses del Transporte de Pasajeros (FENABUS), SITRACH-FENASICOCH y la Asociación de
Buses Interprovinciales, Internacionales e Industriales (ABI-AG).

“Por algo el documento se llama ‘Acta de Acuerdos’. No es una propuesta del Ejecutivo o un borrador, fue algo que se discutió todo un día y concluyó con una reunión en la cual los dirigentes presentes se manifestaron satisfechos. Más allá de manifestar la contrariedad que genera tener un acuerdo y, al día siguiente o subsiguiente, tener una demanda de estas magnitudes, es importante que la ciudadanía entienda la magnitud de este tipo de peticiones”, aseguró el expresidente del Banco Central, de acuerdo a un comunicado del ministerio que lidera.

Y a renglón seguido, detalló el impacto que tendría para las arcas del Estado la demanda de los camioneros. “El costo fiscal de reducir un 30% los precios de los combustibles, a través del MEPCO, y mantenerlo por seis meses, es del orden de los US$ 2.500 millones, si es que los precios de internación se mantienen como están hoy", dijo.

Paralelamente, advirtió que "si el tipo de cambio sube 10%, el costo de esta solicitud sube a US$ 4.500 millones", mientras que si a eso se suma un aumento de 10% en los valores internacionales de los combustibles, la cifra alcanza los US$ 6.500 millones”.

[caption id="attachment_793409" align="alignnone" width="900"] El gremio se ha desplegado en distintas carreteras del país para presionar al Ejecutivo- Foto: Agencia Uno[/caption]

"El gobierno ha actuado con la máxima responsabilidad posible"

“El bono de invierno que se entregó en agosto pasado costó US$1.000 millones, es decir, la estimación más conservadora del costo de la medida que está planteando esta organización es equivalente a dos y medio veces un beneficio que alcanzó a siete millones de personas", dijo luego estableciendo otra comparación y relevando la envergadura de la solicitud de los camioneros, gremio que tras llegar a un acuerdo hace casi 48 horas con el Ejecutivo, extremó sus demandas.

Adicionalmente, el secretario de Estado siguió con el ejercicio comparativo, apelando a un tema de discusión actual en el Congreso. "Otra comparación posible es con el presupuesto de la salud primaria, que es de U$3.000 millones; es decir, esta demanda equivale prácticamente a todo este presupuesto”, dijo agregando que “el crecimiento del gasto público en el Presupuesto 2023 es del orden de los US$ 6.000 millones. En otras palabras, para poder financiar esta demanda, la mitad del aumento del presupuesto para el próximo año, en lugar de destinarse a educación, a vivienda, a salud, a reducción de lista de esperas en los hospitales, al aumento de la PGU, tendría que dedicarse a subsidiar los combustibles”.

Finalmente, Marcel dijo que si se toman las proyecciones más altas, el costo de la demanda antes mencionada superaría todo lo que se destina actualmente para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU), que cuesta alrededor de US$5.500 millones.

“Demandas desproporcionadas, ligadas a una amenaza de paralización que dificulta el derecho de las personas, de todos los chilenos y chilenas, de transitar por las carreteras del país, de poder concurrir a sus trabajos, de poder ir a un hospital o a una cita médica, todo eso tenemos sobre la mesa", dijo luego insistiendo en el impacto en la calidad de vida de las personas afectas a esta paralización.

"El gobierno ha actuado con la máxima responsabilidad posible, tuvo un proceso de diálogo con las organizaciones y sigue disponible para hacer cumplir lo que está en el pacto de acuerdo. Pero reabrir una negociación que se cerró positivamente, sobre la base de dificultar la vida de chilenas y chilenos, nos parece totalmente inadecuado e improcedente y además tiene los problemas de legalidad que ha planteado el Ministerio del Interior”, concluyó.

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