Fiscal Nacional: Duras críticas feministas hacia candidatos Marta Herrera y Ángel Valencia
La Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres emitió una declaración en la que expresan su preocupación por el proceso de designación del nuevo/a Fiscal Nacional, señalando que “esta elección puede poner en riesgo por décadas la integridad, la dignidad y la vida misma de mujeres, niñas y comunidad LGBTIQ+".
La organización apela especialmente al Presidente Gabriel Boric, quien debe elegir un nombre entre los cuatro miembros elegidos por la Corte Suprema y que siguen en carrera: José Morales, Ángel Valencia, Marta Herrera y Carlos Palma, esto luego de que Rodrigo Ríos bajara su candidatura por motivos personales.
En su declaración, la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres cuestiona la “contienda política-partidista” en la que se ha convertido la carrera, considerando además que luego el nombre seleccionado por el mandatario debe ser ratificado por el Senado.
Se esperaba que este martes el gobierno comunicara el nombre elegido para enviar al Congreso, en medio de un tenso proceso marcado por la “guerra sucia” y los “trapitos al sol” que han surgido sobre los candidatos.
Continuismo, corrupción y violencia de género
La organización cuestiona especialmente que la Suprema haya escogido en la quina a integrantes con vínculos con Jorge Abbott, exFiscal Nacional y quien debió renunciar al cargo por cumplir la edad máxima tras una gestión marcada por la poca transparencia en los casos Penta y SQM.
A juicio de la red, el mandato de Abbott “ha implicado años de impunidad en investigaciones sobre agresiones sexuales, delitos de violencia intrafamiliar, trata de personas, desaparición de mujeres y niñas, femicidios, lesbofemicidios y transfemicidios; así como persecución penal implacable a mujeres que se han defendido de sus agresores o exigido justicia por sus muertas”.
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En este sentido, apuntan -sin nombrarla explícitamente- a la abogada Marta Herrera, quien se ha desempeñado como jefa de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional y ha pasado por las administraciones de Guillermo Piedrabuena, Sabas Chahuán y Jorge Abbott.
Herrera es considerada una sucesora de Abbott, y su cercanía con el ex Fiscal Nacional es evidente, al punto que el polémico convenio en casos de abusos sexuales suscrito entre el Ministerio Público y la Iglesia Católica -del cual el ex Fiscal Nacional terminó arrepintiéndose- llevó su firma.
La jefa de la Unidad Especializada Anticorrupción ha jugado la carta de género -es la única mujer en competencia- pero para la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, esto no es suficiente.
“Observamos preocupadas el lobby que candidaturas han efectuado para ganarse el favor de partidos y movimientos sociales, incluyendo el feminista. También nos preocupa que se instale la idea que solo por ser mujer alguna candidata nos permita avanzar en lograr una vida libre de violencia machista”, señala la declaración.
Desde la red también deslizan su preocupación por las presiones hacia el Presidente “para optar por el continuismo”, apuntando además al abogado Ángel Valencia, uno de los más votados en la quina de la Suprema.
La organización recordó que Valencia “no solo ha defendido grandes intereses empresariales y políticos, sino hasta a agresores de mujeres, en especial al juez de Rancagua, Luis Barría, denunciado por funcionarias del mismo Poder Judicial por acoso y abuso sexual, siendo el candidato Ángel Valencia parte de la red de protección de Barría en el Poder Judicial, conforme han denunciado varias funcionarias, a quienes Valencia ha perseguido social y judicialmente”.
En su currículum, Valencia suma las representaciones de Rafael Garay por estafa, Miguel “Negro” Piñera, por accidente vehicular en estado de ebriedad con una víctima herida, y a Sebastián Piñera en una de las aristas del caso SQM.
En los últimos días, han surgido más antecedentes sobre su currículum, como el hecho de que compartió oficina con una oscura firma detrás de los Panama Papers y además fue abogado de la actual ministra del Interior Carolina Tohá en una de las aristas del caso Publicam.
Por ello, desde la Red Chilena Contra la Violencia exigen que en la designación del cargo más alto del Ministerio Público, tanto el gobierno como el Congreso estén a la altura de los tiempos que corren, y “consideren que una vida libre de violencia machista es también un factor clave para que exista algo de justicia en Chile”.
"Alertamos que esta elección puede poner en riesgo por décadas la integridad, la dignidad y la vida misma de mujeres, niñas y comunidad LGBTIQ+"
Declaración sobre nombramiento de Fiscal Nacional y la vida de mujeres y niñas ??@gabrielboric @Senado_Chile https://t.co/PHohboo8I4 pic.twitter.com/nxYDRe3nej
— Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres (@MujeresRed) November 13, 2022
Defensa de Valencia
A través de un comunicado público, el abogado Valencia señaló: “Creo que las demandas por una mejor investigación y persecución por hechos de violencia de género son del todo legítimas y que el reclamo en favor de las víctimas es absolutamente correcto. Por lo mismo, personalizar en mi esta realidad por ejercer como abogado defensor de una persona formalizada no resulta justo”.
Planteó además en el documento que durante su vida profesional ha representado a decenas de mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato y delitos sexuales, varios de ellos en forma gratuita como abogado cooperador de Pro Bono. “El caso del juez Barría es uno de muy pocos en que he actuado como defensor en este tipo de materias,… trabajando con total rigurosidad técnica y ética, fundado en el derecho a defensa y el principio de la presunción de inocencia”, enfatizó.
Sobre los otros dos miembros en carrera también han surgido cuestionamientos. A José Morales se le sindica como cercano al "piñerismo" y a tender a cerrar causas que involucran a poderosos, como el caso Cascadas, la colusión de las farmacias, el caso de soborno de LATAM.
En tanto, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, se ha visto afectado por la investigación que lleva adelante sobre la alteración de evidencias en el caso Huracán a partir de una querella que lo acusa de obstrucción a la investigación.
Al respecto, el prosecutor desestima las acusaciones y al atribuye a una "estrategia muy básica de gente poderosa con estudios jurídicos detrás”, según respondió hoy en El Mostrador.
Revisa el comunicado íntegro aquí.
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