"Avanzamos, pero no con la rapidez que deseamos" es una de las declaraciones que más se repite después de cada reunión. La sensación que queda, sobre todo en el oficialismo, es que las negociaciones se han dilatado más de la cuenta y no ha dado los frutos esperados. Esto ha generado que, a 62 días del triunfo del Rechazo, el futuro del proceso constituyente siga siendo un completo enigma.

El principal síntoma de desgaste lo develó la presidenta de la FRVS, Flavia Torrealba, en una declaración que se leyó como un intento de ponerle la lápida al debate. "El momento constituyente ya no existe", dijo en una entrevista con El Mercurio. Si bien sus palabras no tuvieron acogida y varios personeros, incluido el Gobierno, salieron a responderle, lo cierto es que lo que más se respira en los pasillos del ex Congreso es pesimismo.

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El truncado arranque inicial

Las conversaciones del nuevo proceso comenzaron oficialmente el martes 6 de septiembre. El Presidente Gabriel Boric convocó a los presidentes de todos los partidos a dialogar en La Moneda tras su cambio de gabinete con el plan de conducirlo a través de la nueva ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte.

Sin embargo, en la derecha rápidamente pusieron condiciones. Primero amenazaron con no asistir si se mantenía el nombramiento de Nicolás Cataldo en la subsecretaría de Interior. Posteriormente, demandaron que el Gobierno tuviera un rol más secundario y "se preocupara de gobernar".

El proceso quedó así en manos del Congreso, bajo la tutela de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Álvaro Elizalde (PS) y Raúl Soto (PPD). Durante la segunda semana de septiembre, se llegó al primer punto de acuerdo: la nueva Constitución debería ser redactada por un órgano independiente.

Tras las primeras reuniones, Chile Vamos decidió dar un paso al frente y presentó un primer documento con las "líneas rojas" del nuevo proceso constituyente. El texto establecía el fin de la hoja en blanco y la inclusión de materias como el Estado social y democrático de derecho, la existencia de tres poderes del Estado, un Congreso bicameral, entre otros. 

La propuesta fue la base de la discusión posterior. De hecho, el oficialismo cedió en algunos puntos y, a mediados de octubre, finalmente se acordaron los 12 principios constitucionales. Si bien esto se interpretó como un paso importante, a la fecha aún no se resuelven otras cuestiones igual de relevantes, como el carácter del nuevo órgano, si será mixto o 100% electo, o el rol que jugará un eventual panel de expertos.

El pasado viernes recién se llegó a un nuevo consenso: quién será el árbitro del proceso. Se acordó que será un órgano paritario designado por ambas cámaras, compuesto por 14 juristas con trayectoria destacada en el ámbito profesional o académico, cuya principal tarea será velar por el respeto de las bases institucionales. Su nombre: Comité Técnico de Admisibilidad.

¿Qué tan lejos y qué tan cerca están las posiciones de los partidos para cerrar un acuerdo más macizo? En El Desconcierto revisamos las posiciones en temas claves de los principales actores de estas conversaciones.

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La unidad del oficialismo 

A mediados de octubre, las dos coaliciones oficialistas, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, presentaron su propuesta, a las que también ha adherido la Democracia Cristiana.

Su idea es erigir un órgano paritario que funcione durante un período de 6 a 8 meses y posea una cantidad menor de integrantes respecto a la anterior Convención. Inicialmente se plantearon entre 100 y 130 miembros, pero recientemente se han abierto a que sea la mitad de la Cámara de Diputados, es decir, 78 representantes.

En cuanto al rol de los expertos, las coaliciones oficialistas proponen que sea una comisión de 25 profesionales designados por el Congreso y que puedan tener opinión dentro de las discusiones, pero sin voto. 

Sobre el mecanismo de elección, la opción que más toma fuerza es que los representantes sean electos mediante un sistema de listas regionales cerradas, con paridad de salida y participación de independientes en listas de partidos. También se incluyen escaños reservados para pueblos originarios, pero menos que la anterior Convención. La propuesta es que sea equivalente al padrón de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), es decir, un 7% del futuro órgano. 

En general, el oficialismo ha actuado de manera unificada en estas conversaciones. Sin embargo, los primeros atisbos de diferencias han emergido al hablar del carácter del nuevo órgano. Si bien ambas coaliciones apuestan para que sus integrantes sean 100% electos por la ciudadanía, en Socialismo Democrático se han mostrado más abiertos a ceder para que sea una Convención mixta, es decir, que incluya integrantes nombrados por el Congreso.

[caption id="attachment_788474" align="alignnone" width="1389"] Infografía: Michel Contreras y Simón Vallejo[/caption]

Chile Vamos apuesta por los expertos

En Chile Vamos han repetido en varias ocasiones que su principal apuesta es por un proceso que sea acotado y austero, por lo que proponen que el número de miembros oscile entre 50 y 100. También sugieren que este órgano sea paritario y que elabore una propuesta constitucional en un plazo que no supere los seis meses.

La coalición de centro derecha se inclina esencialmente por una Convención mixta, compuesta por personas electas democráticamente y expertos designados por los partidos. Además, se ha sugerido la creación de un comité técnico político, de 25 integrantes, que trabaje previamente en un documento base sobre el cual la Convención deberá trabajar.

Al igual que la propuesta del oficialismo, se inclinan por listas regionales cerradas, con independientes dentro de listas de partidos. En cuanto a los pueblos originarios, proponen que se concedan tres escaños reservados, los que se repartirán en candidatos indígenas que cada lista deberá incluir.

[caption id="attachment_788460" align="alignnone" width="1389"] Infografía: Michel Contreras y Simón Vallejo[/caption]

La propuesta de Demócratas

Si bien no han participado activamente de las conversaciones, Demócratas, partido recién conformado y liderado por los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, ya trabajó en una propuesta que entregaron a la mesa de negociación.

El documento plantea la creación de un órgano mixto paritario, compuesto por 60 integrantes: 30 electos por la ciudadanía y 30 expertos designados por los partidos, que podrán deliberar y votar en las discusiones.

La nueva Convención funcionaría por seis meses y, a diferencia del oficialismo y Chile Vamos, plantean que los representantes sean electos en listas cerradas, pero no regionales, sino que por distritos. Además, sugieren que hayan escaños reservados, pero que para que sean validados, necesitan contar con al menos el 5% de los votos.

[caption id="attachment_788459" align="alignnone" width="1389"] Infografía: Michel Contreras y Simón Vallejo[/caption]

El PDG espera a sus bases 

El Partido de la Gente (PDG) ha sido un partícipe en las reuniones, aunque no constantemente. A pesar de que son la única colectividad que quiere repetir el plebiscito de entrada, lo que ha generado roces con otros partidos, también han deslizado otras propuestas.

Para la colectividad, la nueva Convención debiera tener entre 50 y 70 integrantes, trabajar en un plazo de seis meses y ser un órgano 100% electo por la ciudadanía aunque, aseguran, este punto aún está siendo discutido por sus bases. 

A diferencia del resto de las colectividades, el PDG es el único que propone que haya solo paridad de entrada, es decir, que haya igualdad entre hombres y mujeres solo en las candidaturas. Sin embargo, para ellos la Convención debieran integrarla los más votados, indistintamente de su género. También están en contra de los escaños reservados para pueblos originarios.

[caption id="attachment_788463" align="alignnone" width="1389"] Infografía: Michel Contreras y Simón Vallejo[/caption]

Los Republicanos fuera de la conversación

Por último, el Partido Republicano se bajó de la mesa de negociación durante la tercera semana de conversaciones, porque no quieren una nueva Constitución y su única posición es que se repita el plebiscito de entrada.

Las negociaciones se retomarán el próximo viernes 11 de noviembre, apuntando a dirimir los puntos más conflictivos de la conversación.