“La política chilena despertó y los sectores populares todavía estaban allí”. Estaban allí, pero ya no eran operarios, jornaleros o peones. Trabajan en el comercio y de manera informal, eran cajeros, reponedores de supermercado, o han recurrido a aplicaciones para obtener ingresos como conductores o repartidores de comida. Muchos de ellos y ellas son jóvenes que, tras haber accedido a la educación superior, vieron sus expectativas incumplidas debido a un sistema educativo que entrega títulos de primera y segunda categoría, y luego los arroja a un mercado laboral que los mantiene viviendo en la precariedad.

Desde la recuperación de la democracia, se ha extendido el diagnóstico respecto a la ruptura entre política y sociedad. El debilitamiento de los partidos políticos, la desconfianza hacia las instituciones y las distintas olas de movilizaciones sociales han sido sus principales expresiones. Sin embargo, esta ruptura no ha sido transversal. Mientras las élites y los grupos concentrados de la economía mantuvieron a sus representantes políticos, los sectores populares fueron progresivamente excluidos. Al paulatino incremento en su abstención electoral, le siguió la desatención de la política institucional respecto a sus principales problemáticas, temores y preocupaciones.

Durante los últimos tres años, los partidos políticos han reaccionado con perplejidad ante la reaparición de las mayorías populares en el espacio público. Primero, la sorpresa fue causada por la masividad de las movilizaciones acontecidas tras el 18 de octubre de 2019 y con posterioridad por el aumento de la participación electoral en las comunas populares. Después, las dificultades económicas producto de la pandemia y el alza en el costo de la vida han hecho patente la precariedad de las condiciones de vida de la mayoría de las y los chilenos. Para las fuerzas de cambio, el renovado protagonismo de las mayorías populares cobra hoy especial relevancia. Contribuir activamente a que no se vean nuevamente excluidas de la política institucional es tan importante como la posibilidad de que Chile tenga su primera Constitución surgida a partir de la deliberación democrática.

Al cumplirse un nuevo aniversario del estallido social, el cansancio, la impugnación y el desapego son las principales tensiones que permanecen en la vinculación entre las mayorías populares y la política institucional.

En primer lugar, el cansancio se ha acrecentado por la percepción de distanciamiento entre las preocupaciones populares y las temáticas que generan mayor polarización política en la discusión mediática. Los bajos sueldos, la inestabilidad laboral, el temor a la enfermedad y la vejez incrementan la inseguridad cotidiana, en un contexto de mayor preocupación por la seguridad pública producto de la transformación de los delitos y del crimen.

En este contexto, la agenda que ha planteado el gobierno en torno a seguridad económica, seguridad social y seguridad pública, en el marco de la discusión presupuestaria, marca un camino que se hace cargo de las principales preocupaciones cotidianas de las mayorías de nuestro país. Su concreción en políticas públicas será fundamental para que continúe abierta la posibilidad de politizar la esperanza del 18 de octubre en un sentido transformador.

En segundo lugar, la impugnación permanece como una característica de la relación de los sectores populares con la política institucional. Esta impugnación ha sido canalizada por distintos actores políticos durante los últimos ciclos electorales. Si bien desde los partidos del Frente Amplio hemos sido capaces de asumir un rol impugnador, y hemos concitado apoyos electorales significativos en sectores populares, especialmente en las grandes áreas urbanas, nuestro rol de gobierno nos ha tensionado y nos ha situado crecientemente como un objetivo de la impugnación popular.

Debido a que no contamos con una posición mayoritaria en el Congreso, cada avance político del gobierno ha dependido de nuestra capacidad de generar acuerdos amplios. Considerando las limitaciones existentes, es muy relevante que asumamos como una prioridad ser capaces de identificar y comunicar quiénes son los adversarios que se oponen u obstaculizan los cambios demandados por las mayorías populares. Tener claridad sobre quiénes somos, a quiénes defendemos y cuál es nuestra responsabilidad histórica es indispensable.

Por último, el desapego respecto a los horizontes sociales compartidos es la tercera característica principal de la vinculación de las mayorías populares con la política institucional. Como profundiza Manuel Canales, en La pregunta de octubre, el desacople entre la masificación de la educación superior y las características del mercado de trabajo ha implicado el quiebre de la promesa que estructuró a la sociedad chilena durante las últimas décadas.

Frente a esto, el desafío de las fuerzas de cambio no es sólo desarrollar políticas públicas transformadoras, sino proponer un nuevo horizonte de país que permita al pueblo chileno orientar sus proyectos de vida y confiar en que es posible vivir mejor. Para esta tarea debemos hacernos cargo de la persistente y estructural desigualdad que el estallido social ha vuelto a poner en el centro de la política.

Las fuerzas de cambio, que hoy hemos asumido tareas de gobierno, tenemos una enorme responsabilidad. Aprovechar esta ventana de oportunidad y afrontar el desafío de gobernar para transformar nuestro país, contribuyendo a que las mayorías populares no sigan siendo el invitado de piedra de la política institucional, puede ser nuestro principal aporte al ciclo político que se ha abierto en Chile.