La quiebra de la constructora Claro Vicuña Valenzuela (CVV) ha desatado una serie de dimes y diretes entre privados y el gobierno, y entre medio quedan en el aire obras de alto interés social y trabajadores amenazados por el desempleo.

En efecto, la debacle de la empresa impacta directamente en 30 obras en ejecución a lo largo de Chile, como el bypass de Castro, el Hospital de Curacautín o la avenida principal de Angol, entre otras, además de 2.500 trabajadores y 1.500 proveedores afectados.

Desde la constructora, que mantiene deudas con acreedores financieros por $7.653 millones, atribuyen la quiebra a la pandemia y pagos pendientes del Fisco, apuntando en específico a la “burocracia de los mandantes públicos, en especial del MOP, para gestionar pagos, fracasando los intentos de solución extrajudiciales”.

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Pero el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, lo descarta absolutamente. “Quiero desmentir categóricamente que la situación de esta empresa se deba a incumplimientos por parte del Ministerio de Obras Públicas”, dijo tajante el secretario de Estado.  “El objetivo nuestro es que las obras se terminen, se terminen bien y se pague a los trabajadores”, añadió en Radio Oasis.

Daño social

[caption id="attachment_786014" align="aligncenter" width="900"] Juan Moreno, primer vicepresidente de la CUT[/caption]

En medio de esta polémica, desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) siguen de cerca esta situación. Hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial al respecto, pero el primer vicepresidente de la multisindical, Juan Moreno, da algunas luces de la postura de la organización. El dirigente es claro: las obras deben seguir, con resguardo para los trabajadores afectados.

“Hay que tomar en cuenta el daño social que se genera. Acá no estamos hablando de un mall, estamos hablando de hospitales, calles,  avenidas, bypass, o sea en el fondo aquí se está afectando a la ciudadanía. Cuando estas obras, que son compromisos políticos, no se están cumpliendo hoy día, eso daña a la población más vulnerable del país”, comenta a este medio.

Moreno añade que “el Estado tiene que definir quién se hace cargo de restablecer las obras. El Estado tiene un compromiso con la ciudadanía, más que con los privados y si estos privados no cumplen los acuerdos, el Estado tiene que tener otro que cumpla, porque las obras tienen que seguir adelante sí o sí. Y los trabajadores tienen que estar dentro de ese resguardo”, añade.

Gobierno de Piñera

En este contexto, surge otro elemento, el de las responsabilidades asociadas. Y si bien desde la constructora apuntan la actual administración, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Antonio Errázuriz, asumió que “esto viene del gobierno pasado”. “Y la verdad, la verdad, tengo que ser muy sincero, que se tomó el peso en este gobierno de la situación y se empezó a trabajar de una manera tal de acelerar”, dijo el ejecutivo en Radio Infinita.

El primer vicepresidente de la CUT complementa la tesis, apuntando al gobierno de Sebastián Piñera. “Esto no viene de ahora, viene de una administración anterior, por lo tanto hay que preguntarle al gobierno anterior por qué no se generaron los pagos, eso es importante. Incluso hacer hasta una investigación, meterse un poquito más allá y ver qué sucedió, cuál es la falencia que tiene el Estado por decirlo de una forma, y determinar cuál es la responsabilidad política que tiene el Gobierno de turno de no generar los pagos que se adeudan”.

En este contexto, Moreno recalca que “esto no se puede politizar, y cargar a este gobierno para generar una crisis mayor en términos de confianza, por eso es importante conocer de dónde viene la historia. Esto es un problema que no ha nacido hoy día, es un problema que viene arrastrándose y por lo mismo, esperamos que el Estado a través de este Gobierno ponga las medidas de resguardo para que no vuelvan a ocurrir”.

Proyecto de ley

En paralelo, hay otros elementos a considerar, acota el dirigente. Por ejemplo recuerda que hay un proyecto de ley -presentado por el senador PS Gastón Saavedra, entre otros- que se encuentra en el Congreso y que protege el empleo ante despidos masivos.

“Este proyecto busca justamente soluciones que permiten evitar este tipo de despidos, armar un plan de empleo, una reconversión y una reubicación, porque en casos así tiene que haber un plan de emergencia en términos como resolver y cómo prever todo esto”, dijo.

El problema va más allá de la situación de la constructora Claro Vicuña Valenzuela, o los casos de Sencorp o Beltec que han entrado a reorganización. “Aquí hay otras constructoras pequeñas que abandonan las obras que se van a la quiebra, no porque en el Estado no les pague, simplemente porque a veces hay mal manejo de los privados”, dice Moreno.

“Por eso es fundamental regular los despidos. No se trata solo de números, sino con sentir un resguardo por parte del Estado principalmente de que las personas, la inversión y la reactivación del empleo tienen que tener un resguardo. No puede venir una empresa mañana y decir estoy en quiebra, sino que tienen que haber mecanismos de resguardo”, remarcó el vicepresidente de la multisindical.

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