Tres años después, las víctimas del estallido social aún esperan reparación
Carlos Jara ni siquiera había llegado al corazón de las protestas en el centro de Santiago con su mochila de primeros auxilios cuando se encontró con los primeros heridos en las calles aquel 18 de octubre de 2019, fecha del comienzo de un inesperado estallido social que cambiaría Chile.
Decenas de personas con impacto con balines disparados por fuerzas especiales de la policía uniformada, muchas más contusas y otras con ansiedad por la violencia y la contundencia de los agentes, que aún esperan reparación tras la peor crisis de derechos humanos registrada desde el fin de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
"Todo partió muy grave y lo que más observamos fueron muchos heridos de balines. Después, cuando se empezó a cuestionar la validez de la munición porque tenía plomo, hubo un incremento en otros elementos disuasivos como ataques químicos", relata a Efe Jara, analista químico especializado en investigación y gestión de emergencias que decidió convertirse ese día en rescatista.
"Pudimos determinar que se lanzaron toneladas de sustancias químicas del tipo CS (gas lacrimógeno) y OC (gas pimienta), entonces comenzamos a observar quemaduras químicas en sus diferentes grados", agrega.
Gases venenosos que causaron "desde abortos espontáneos" a "procesos anormales de menstruación abundante", además de enfermedades en animales y muerte de mascotas en los alrededores de la Plaza Italia, punto neurálgico de las protestas en la capital chilena.
"Debemos entender es que está prohibido este tipo de elementos en la guerra, sin embargo está autorizado para ser usado sobre civiles", afirmó.
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"No hay pueblo que aguante"
El primer herido que su compañero Pavel Ilich (50) sacó de los alrededores de la plaza fue un niño de 14 años que tenía un impacto de balín en el rostro. Sangraba profusamente, una herida que sobrepasaba las capacidades de quienes realizaban la labor de rescate de manera espontánea y voluntaria.
A los pocos días de explotar las protestas, las 25 brigadas de voluntarios que se crearon recibieron apoyo de profesionales de la salud y otras áreas, añadieron radios portátiles y sumaron donaciones que los mismos manifestantes les hacían llegar.
Un golpe de solidaridad que es una de las grandes lecciones que dejaron las jornadas de movilización, destaca a EFE Ilich.
"Esperemos que logremos despertar otra vez y que esto que vivimos no haya sido una caminata de sonámbulo. Alguien dijo, los pueblos solo pueden aspirar a los derechos que son capaces de defender. Yo me quedo con eso. Las demandas siguen vigentes, la vida está más difícil y no hay pueblo que aguante ", dice.
Desde que estalló la protesta, y según el cálculo de las brigadas, Ilich, Jara y otros rescatistas realizaron más de 8.000 atenciones prehospitalarias y derivaciones a centros asistenciales, incluyendo también a policías heridos.
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"Un panorama de impunidad"
Para Amnistía Internacional Chile, tres años después del estallido el gran debe del Estado chileno es la lentitud con la que discurren los procesos judiciales abiertos por violaciones de los derechos humanos durante la represión, que apenas han desembocado en condenas y mantienen la sensación de injusticia e impunidad.
"Respecto al esclarecimiento de los hechos y a que haya justicia, la verdad es que el panorama es desolador. Tenemos una situación de mucha impunidad" y un Estado chileno con "múltiples dudas" en cuanto al "cumplimiento de sus obligaciones internacionales, explica Rodrigo Bustos, director de AI en Chile.
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"De las 10.831 víctimas que denunciaron ante Fiscalía haber sido objeto de algún tipo de violación de derechos humanos durante ese período solamente tenemos hasta el momento, de acuerdo a las cifras del Ministerio Público, 16 condenas, lo que equivale a un 0,1% de los casos", agrega.
Según el responsable, "muchas víctimas, familiares de personas asesinadas o personas que fueron mutiladas todavía no han tenido una reparación y mucho menos una reparación integral. Estos hechos no tienen que volver a repetirse y por lo tanto, el Estado de Chile tiene que adoptar garantías de no repetición", advierte.
Diversos organismos internacionales señalaron las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile durante 2019 como un fenómeno "generalizado", pero a la fecha ningún alto mando ha sido responsabilizado por el despliegue y sus graves consecuencias.
La consecuencia política más relevante, el proceso constituyente iniciado hace un año, sigue abierto aunque bloqueado por la disputa política al interior del Congreso, un mes y medio después de que el rechazo ganara con autoridad en el referéndum sobre la nueva Constitución, un texto escrito por una convención electa y paritaria considerado uno de los más progresistas del mundo.
