En el último tiempo tres noticias importantes han circulado en torno al conflicto presente en la Macrozona Sur: la visita de la ministra del Interior, Carolina Tohá; la renovación del Estado de Excepción por 15 días más; y, por último, los cambios en el “Plan Buen Vivir”.

Estas noticias y las directrices que ha dado el gobierno en sus declaraciones nos iluminan el camino que piensa tomar el Ejecutivo con respecto al conflicto. Analicemos las noticias y reflexionemos sobre qué podemos esperar.

Para empezar, es importante analizar los importantes cambios que sufrió el conjunto de iniciativas llamadas el “Plan Buen Vivir” (el cual busca resolver el conflicto inserto en la Macrozona Sur). Uno de ellos fue pasar de ser un plan dependiente del Ministerio del Interior a ser dependiente de la Segpres, y por tanto de la ministra Ana Lya Uriarte. Estos cambios promueven una mayor coordinación entre el gobierno y el Congreso debido al rol que tiene Segpres, supuestamente agilizando las iniciativas legislativas necesarias para el plan, como la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas (parte importante de uno de los dos grandes ejes contemplados en el plan), el cual requiere una tramitación más eficaz del proyecto de ley.

También se busca despolitizar el rol que juega el Ministerio de Desarrollo Social, donde el ministro Giorgio Jackson tiene como tareas el destrabar la inversión y avanzar en la restitución de tierras a través de la Conadi, siendo esto también parte integral del plan.

Dentro de la activación económica también está la inversión de recursos incluida en el “Plan Buen Vivir”, siendo $ 400 mil millones de pesos de inversión pública destinados a mejorar la calidad de vida de la Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío.

La seguridad supuestamente seguirá a cargo del Ministerio del Interior, pero se plantea una coordinación con las comunidades a través de Segpres, siendo clave para la seguridad de la zona generar el diálogo con ellos, especialmente con los más radicalizados, por lo que debe existir buena coordinación entre los ministerios. Esta coordinación con las comunidades también va de la mano con la realización de los “parlamentos territoriales” (los cuales son parte importante del “Plan Buen Vivir”), siendo estos parlamentos donde se reconocerán a autoridades propias indígenas y actores del territorio para así generar acuerdos en demandas territoriales. Estos parlamentos estaban con fecha de inicio para julio, sin embargo, todavía no se realizan.

Ya con los lineamientos más claros, podemos hablar de las noticias más prácticas y actuales. La renovación del Estado de Excepción y la visita de la ministra Tohá a la zona hablan de una búsqueda urgente para solucionar los problemas de seguridad en la zona. Sin embargo, y como bien dijo la ministra sobre el Estado de Excepción, “¿cómo vamos a resolver con medidas que son quincenales situaciones que son de siglos?”. Por lo que (probablemente) la renovación del Estado de Excepción está buscando subsanar problemas más urgentes y cortoplacistas de seguridad, pero el ir a terreno busca justamente el encontrar mayores soluciones en conjunto con las comunidades de la zona.

También la ministra anunció que buscarán presentar un renovado proyecto de ley de protección de infraestructura crítica. Este proyecto busca desplegar a las fuerzas armadas para proteger la infraestructura crítica del país cuando exista un peligro grave o inminente a su respecto.

Al analizar en conjunto todas las medidas, podemos ver mejor delineadas las tareas que tienen cada uno de los ministerios, existiendo una agenda más clara al respecto.

La coordinación que se plantea al poner a cargo a la Segpres del “Plan Buen Vivir” es sumamente importante, ya que involucra en mayor medida a los congresistas y por tanto a otros sectores políticos, generando mayor diálogo dentro del espectro político. Sin embargo, es menester que la coordinación de políticas también involucre a otros actores locales de la zona, siendo urgente la realización de los parlamentos territoriales.

La despolitización del Ministerio de Desarrollo Social me parece algo interesante, pero difícil de llevar a la práctica, donde la restitución de tierras requiere solucionar conflictos políticos en los que existen dos partes en disputa, necesitando de una mirada política al momento de resolverlos, no solamente una mirada económica y redistributiva, incluso el realizarlo a través de Conadi ya levanta críticas, donde este organismo históricamente ha favorecido a los empresarios en los conflictos territoriales.

Va a ser sumamente importante la coordinación entre el ministro Jackson y la ministra Uriarte, donde la redistribución y activación económica podrán estar mayormente manejados por el Ministerio de Desarrollo Social, pero sin perder la vista política que se necesita a la hora de resolver conflictos territoriales.

Por último, la agenda de seguridad es la que posee mayores dudas, ya que, si bien hay que admitir que es un buen mensaje por parte de la ministra Tohá ir a la zona en terreno a poco tiempo de asumir el ministerio, igualmente faltan lineamientos para garantizar mayor seguridad. Sus comentarios sobre la insuficiencia del Estado de Excepción como medida de seguridad tienen mucha razón, pero buscar avances a través del proyecto de infraestructura crítica no parecen ser suficientes, especialmente porque el proyecto busca la injerencia de Fuerzas Armadas en la protección de infraestructura pública, otorgándole facultades a militares cuando esto debería estar a cargo de las policías, las cuales deberían estar más capacitadas en la seguridad del orden público, a diferencia de los militares que poseen una instrucción más militar que resolutiva de conflictos.

Estas directrices pueden recaer en una lógica de conflicto armado y de menos diálogo. Entiendo que pueden cambiar ciertos aspectos a través de la renovación del proyecto, sin embargo, esto está por verse, por lo que esperemos que en las próximas semanas se expliquen de mejor forma estos cambios y ojalá la renovación del proyecto implique cambios con respecto a quién ejerce este rol.

En resumen, veremos cómo maneja el gobierno el conflicto, existiendo algunas políticas más prometedoras hasta ahora: una mayor coordinación con el Congreso es una excelente medida para generar soluciones integrales y coordinadas dentro del espectro político; los “parlamentos territoriales” también pueden ampliar el espectro de soluciones a nivel local; y la inversión de recursos ataca problemáticas estructurales de fondo que llevan a descontento y conflicto.

Sin embargo, ciertas políticas también pueden conducir al mismo camino que ha existido durante años. La misma Conadi como redistribuidora de tierras, y su historia de beneficios a élites económicas, no suscita mayores esperanzas, menos ver más involucradas a las Fuerzas Armadas, las cuales no poseen un rol de mediador de conflictos dentro de la sociedad civil.

Una solución a largo plazo para la seguridad de la zona es urgente, pero encontrarla no será sencillo. Se deben plantear estas medidas para solucionar conflictos y no para reprimir descontentos. Mientras, esperemos se avance en la inversión de recursos, la redistribución de tierras y en los “parlamentos territoriales”, ya que el diálogo y mejorar la calidad de vida de la gente puede ser clave para frenar un descontento que viene desde hace muchísimos años.