La diputada de RN, Paula Labra, ofició a la Superintendencia de Salud para que cumpla con su rol fiscalizador ante el término de convenios entre algunas clínicas e isapres que se ha venido produciendo desde hace dos meses.

La parlamentaria recalca que más de 1,6 millones de personas (la suma de beneficiarios de las tres aseguradoras), de una u otra forma, pueden llegar a verse afectadas. Esto, principalmente, porque en algunos casos los pacientes tienen que pactar directamente con el prestador los costos de una operación o atención ambulatoria, o bien porque en otras oportunidades, como es el caso de los centros médicos de Red Salud, se debe cancelar el valor completo de una consulta a especialistas, y luego tramitar el reembolso con la isapre.

Sobre esta materia, Labra explicó que “el término de los convenios entre clínicas e isapres afecta directamente el bolsillo de las personas en salud. Debe señalarse que las aseguradoras tardan 30 días de corrido desde que el momento en que se hace la solicitud, en restituir los dineros. Días en que el cotizante o beneficiario ve disminuido su presupuesto".

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Asimismo, la diputada por la Región del Maule, añadió que “la Superintendencia de Salud, que tiene como objeto y misión proteger el cumplimiento igualitario de los derechos de las personas en salud, y pese a las señales que se han venido dando, a lo menos de manera pública, no ha dado señales de cumplir con este objetivo”.

"Hemos solicitado cuáles son las medidas, normativas o de fiscalización, que ha adoptado esta Superintendencia para poder cautelar la garantía de los pacientes que se han visto afectados por el término de convenios entre las instituciones de salud y prestadores privados de salud”, agregó.