Lanzan reporte sobre modelo forestal chileno y conflicto con comunidades indígenas
Aunque el papel se promociona como una alternativa ecológica al plástico, muchas personas desconocen que muchas veces su origen está asociado al abuso de las comunidades indígenas, a la pérdida de los últimos bosques costeros naturales y a la emisión masiva de gases de efecto invernadero.
En Chile, las plantaciones forestales aumentaron diez veces entre 1975 y 2007 y ahora ocupan casi la mitad (43%) del paisaje del centro-sur del país, donde las 3 millones de hectáreas que sostienen el modelo forestal chileno se alzan sobre las comunas más pobres de Chile: Araucanía el 10,6% de las personas se encuentran en situación de pobreza extrema, seguida por Bío Bío y Los Ríos con un 8% cada una, y Los Lagos con un 5,7%.
A modo de comparación, el promedio nacional es de 4,5%. Mientras tanto, los bosques naturales han disminuido. Por ejemplo, en la cordillera de Nahuelbuta, entre las regiones de Biobío y la Araucanía, en los 25 años transcurridos entre 1986 y 2011, un tercio de los bosques naturales fueron sustituidos por monocultivos con fines madereros.
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Este tipo de información ha sido recogida en el informe "Tierras robadas y bosques que se desvanecen", tercer capítulo de una serie de documentos de investigación global de Environmental Paper Network (EPN) titulada "Plantaciones de Conflicto". La realización ha sido hecha además por Global Forest Coallition y Colectivo Vientosur, y que apunta a uno de los pilares de la lucha del pueblo mapuche.
De acuerdo a lo señalado por el informe, el conflicto por la tierra en la región se inició hace casi medio siglo, en 1974. Momento en que las empresas forestales, apoyadas por la dictadura militar, tomaron las tierras indígenas para desarrollar plantaciones. En estas plantaciones, fuertemente subsidiadas por el régimen, dos de estas empresas construyeron los actuales conglomerados de celulosa y papel. Se trata de la Celulosa Arauco y la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC).
Al respecto, los investigadores señalan que hoy, el conflicto también se traduce en que las empresas están vendiendo terrenos a mercados internacionales, bajo la posibilidad de que deban restituirlas.
"La pérdida de la tierra tradicional -y con ella de los medios de vida, la cultura y la espiritualidad- no es el único impacto que sufren las comunidades indígenas mapuches. Las tierras que les quedan se ven afectadas por las plantaciones cercanas, sobre todo por el agotamiento de los recursos hídricos. Los árboles de crecimiento rápido requieren grandes cantidades de agua y, en las zonas que rodean las plantaciones, los niveles de agua de los pozos suelen bajar drásticamente, lo que hace imposible la agricultura de subsistencia", recalca el informe, que además tiene agrega un foco político:
"Como resultado del enfrentamiento de las protestas sociales con medidas de excepción y leyes de emergencia, entre 2009 y 2013, ochenta personas mapuches acusadas de delitos relacionados con las protestas contra el acaparamiento de tierras fueron encarceladas en instalaciones del Estado. Desde entonces ha habido ocho causas penales, a través de las cuales un centenar de personas de la población mapuche han sido acusadas de delitos de carácter terrorista. Sin embargo, sólo cuatro de ellas fueron condenadas y además por delitos comunes menores," puntualiza la investigación.
En este sentido, el mayor destape de la investigación es el completo perfil de la empresa Arauco, de la familia Angelini. A través de una ficha se especifican sus financiadores e inversores de la filial de Copec. En el informe, cuyo contenido económico estuvo a cargo de BankTrank, se aclara que la estadounidense JP Mogan Chase y la canadiense Scotiabank aportaron la mayor parte de los más de 5 mil millones de dólares recibidos por la empresa en concepto de préstamos y garantías entre 2016 y 2021. Las principales acciones y bonos en Arauco vinieron de la compañía estadounidense Metlife (34.385) y la chilena AFP Capital (7.108).
El documento incluye una respuesta entregada por Celulosa Arauco a través de una carta donde se escudan de la investigación. Ahí señalan que ha hecho entrega de más de 4 mil hectáreas a la Conadi y que tienen un acuerdo para dentro de los próximos años entregar 8 mil hectáreas más. Sin embargo, la investigación recalca que Arauco "controla 1.117.788 hectáreas de tierra", por lo que la entrega de 4.654 hectáreas solamente corresponde al 0.5% del total.
"Ni siquiera el 0,5% que Arauco afirma haber restituido ha sido devuelto. Sólo la CONADI puede comprar (con dinero público) tierras para entregarlas a las comunidades indígenas. Tanto la CONADI como los gobiernos anteriores han sido criticados por minimizar la distribución de tierras, o - en los pocos casos en que se hizo- por adjudicarlas de manera paternalista, haciendo uso político de algo que debería haber sido un derecho", indican desde EPN.
Además, el informe reconstruye una línea temporal donde especifica los principales hitos que llevan a la situación de conflicto que se vive hoy. La usurpación de las tierras a las comunidades durante la dictadura; la vuelta a la democracia que no significó al pueblo mapuche la recuperación de estas tierras (es más, se especifica cómo se reconoció la propiedad de las gigantes papeleras sobre ellas); el deterioro de los recursos hídricos; los incendios de bosques forestales que luego se comercializan para otro uso de suelo o que se utilizan para cobrar seguros; el riesgo de los ecosistemas cercanos. Todo culminando con un conteo de las demandas que se han realizado a Arauco y sus asociados.
El informe completo puede leerse en el siguiente link. Y los dos primeros informes sobre plantaciones conflictivas en Indonesia puedes encontrarlos aquí.
