Recientemente la Contraloría General de la República se ha pronunciado sobre el rol que han tomado algunos municipios en torno al proceso constituyente y el próximo plebiscito de salida del 4 de septiembre, estableciendo que no está dentro de sus funciones el informar al respecto. Del mismo modo, pidió al gobierno antecedentes sobre la participación de la ministra Camila Vallejo en un programa de televisión.

Si bien no se puede cuestionar la función de Contraloría, y que tanto autoridades como instituciones públicas deben mantener su neutralidad ante cualquier proceso electoral observando el principio de prescindencia política, cabe la duda razonable respecto de dónde recae el deber de garantizar un voto informado en un plebiscito definido como histórico.

El voto informado es fundamental para ejercer el derecho a la participación y hoy son 15.173.857 personas las que tienen la obligación de votar. Esto son casi 7 millones de votantes adicionales, por sobre las personas que participaron en las últimas elecciones para la segunda vuelta presidencial (8.364.534 personas). En un proceso que, además de la obligatoriedad, cuenta con otras particularidades.

El voto georreferenciado, si bien es un avance que facilita la participación, permitiendo que las personas sufraguen en el local más cercano a su domicilio, también representa la amenaza de que las personas no asistan al lugar de votación correcto por falta de información sobre este cambio.

El voto preso es otra de las “novedades” para el 4 de septiembre, pero las noticias falsas han instalado que se trata de una medida antojadiza para este proceso y no de un derecho de las personas privadas de libertad que no han sido condenadas a penas superiores a los 3 años y un día. Derecho amparado en la actual Constitución (del 80) y que no se había implementado hasta ahora por desidia administrativa. E, incluso hoy, son sólo algunos los recintos en donde se levantarán mesas de votación.

Pero, tal vez, la principal particularidad para septiembre radica en el contenido. Mientras el Apruebo y Rechazo en el plebiscito de entrada representaban ideas generales, esta vez el Apruebo y Rechazo de septiembre representan contenido específico. Hoy tenemos una propuesta de nueva Constitución con 387 artículos que deben ser, de una u otra manera, evaluados por las más de 15 millones de personas votantes. Contenido que, a diferencia de en las campañas “tradicionales”, no cabe en un panfleto.

Tenemos la dificultad de un texto extenso y con características técnico-jurídicas que requieren de información y análisis. Sumado a ello, es un contenido que debe llegar a los sectores rurales y superar las barreras digitales de quienes no puedan simplemente descargar una copia. Brechas que se profundizan si sumamos a esto la desinformación. Ya no es sólo partir del desconocimiento, sino que estamos comenzando desde ideas intencionalmente erróneas.

Según Plataforma Telar, sólo en junio de este año son alrededor de 20 noticias comprobadamente falsas sobre la propuesta de nueva Constitución las que están en circulación. Sumado a ello, si lo acotamos al contenido, un 6% son noticias imprecisas y un 94% son derechamente falsas.

Por lo tanto, el rol de la campaña informativa del gobierno es fundamental y así lo ratifica Contraloría al señalar que, de acuerdo a la actual Constitución, este deber recae en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y en el de Desarrollo Social. Sin embargo, esto podría ser insuficiente frente a la altura del desafío. No sólo hay que informar, sino también convocar a todas y todos generando las condiciones para que cada persona pueda acceder a ejercer su derecho a sufragio. Dejar fuera a los municipios, que siguen siendo el ente público más cercano a la ciudadanía, es nuevamente sobrecargar de responsabilidad al Servicio Electoral. Un Servicio pequeño dentro de la estructura del Estado y con un presupuesto limitado, que hoy más que nunca requiere nuevamente de la colaboración de la sociedad civil.

Al final del día, serán las organizaciones sociales, las universidades y los medios de comunicación quienes actuarán como el principal soporte de una campaña informativa de interés público, de carácter histórico y que está vinculado directamente al ejercicio de un derecho, en un contexto de obligatoriedad, en donde debiese ser el Estado quien ofrezca las herramientas necesarias para una participación informada, inclusiva y universal que dote al resultado, cualquiera que este sea, de mayor democracia y legitimidad.