No hay plazo que no se cumpla. El viernes pasado finalmente pudimos conocer la propuesta de nuevo pacto fiscal elaborada por el gobierno de Gabriel Boric y que se presentará prontamente al Parlamento para su deliberación. Si bien aún no conocemos el detalle del texto del proyecto de ley, la entrega de sus objetivos, fundamentos y elementos constitutivos permite iniciar el debate en torno a esta propuesta.

Un primer aspecto a destacar refiere al proceso de diseño utilizado, que por primera vez en nuestra historia incluyó un proceso de consulta previo, abierto a todos los actores políticos, económicos, sociales y sindicales interesados en el tema. Este sólo hecho constituye una importante señal respecto a que el debate tributario y de gasto fiscal dejó de ser un patrimonio exclusivo de técnicos y especialistas.

En este sentido, tanto el proceso de diseño como el contenido mismo de la propuesta permiten señalar que efectivamente se busca establecer un pacto fiscal y tributario de mediano y largo plazo, que permita volver a otorgar estabilidad a la normativa tributaria en torno a una serie de principios estructurantes. ¿Cuánto, cómo y de quiénes recaudar?, constituyen elementos centrales del debate sobre la institucionalidad democrática, y que a la luz de los estándares actuales necesariamente deben ser realizados de cara a toda la ciudadanía y no a través de “cocinas” a puertas cerradas.

Respecto a la pregunta sobre cuánto recaudar, la propuesta se plantea una meta ambiciosa, pero aterrizada para el contexto internacional, aumentando la recaudación en poco más de 4 puntos, para situarse por sobre 24% del Producto Interno Bruto. De esta manera, Chile reduciría en un tercio de la brecha actualmente existente respecto a los países OCDE cuya recaudación promedio se sitúa en torno al 34% del PIB, representando un avance importante, y sin mermar la competitividad de Chile respecto a los demás países de la región.

Respecto a la pregunta sobre de quiénes recaudar, más allá de los múltiples componentes e instrumentos contenidos en la propuesta, se busca redistribuir la actual carga tributaria haciéndola más justa y progresiva, manteniendo sin alteración la tributación del 97% de los contribuyentes e incrementando la recaudación proveniente del 3% de contribuyentes con mayores ingresos, grandes empresas, gran minería y las rentas del capital, además de la limitación y focalización de exenciones o beneficios tributarios.

Por último, respecto a la pregunta sobre cómo recaudar, la propuesta incluye una serie de elementos tendientes a minimizar efectos secundarios sobre la economía del país, las Pymes y los sectores medios y vulnerables, facilitando el cumplimiento tributario y reduciendo sus costos asociados, e incrementando la objetividad y las facultades de las instituciones fiscalizadoras en el combate de la evasión y elusión, indistintamente el tipo y tamaño del contribuyente.

En relación a los impactos económicos de la propuesta (aspecto de vital importancia considerando el delicado momento que vive el país producto del estallido social y la pandemia Covid), estos más bien debieran incentivar el crecimiento e inversión, producto de la focalización de incentivos en torno a la inversión en I+D, industria manufacturera nacional, pronto pago de proveedores y la formalización de nuevas empresas, siendo especialmente atractivo el crédito IVA para nuevas microempresas, la tasa de postergación de pago de impuestos y la nueva tasa de desarrollo, que debiera concretar el compromiso autoimpuesto por el gobierno de incrementar la participación de la Investigación y Desarrollo hasta un 1% del PIB.

En torno a los impactos en sectores medios y vulnerables, estos serían prácticamente nulos debido a la no inclusión de nuevos o mayores impuestos al consumo y la posibilidad de reducir de la base imponible los gastos por concepto de arriendos y cuidados personales de menores de 2 años y personas en situación de alta dependencia, beneficios que superaran con creces los posibles mayores costos producto del cobro de impuesto a los arriendos y servicios profesionales.

Por último, en relación a la objetividad y capacidad de las instituciones fiscalizadoras, el contenido de la propuesta básicamente apunta a simplificar el cumplimiento tributario e implementar estándares internacionales en materia de combate de la evasión y elusión tributaria y, más específicamente, a las estrategias de erosión de la base imponible (BEPS) y uso de los mal llamados “paraísos fiscales”, que sumados a la mayores facultades del Servicio de Impuestos Internos, la nueva figura de denunciante anónimo tributario y la creación de un Registro de Beneficiarios Finales, permitirán reducir de modo significativo los espacios de opacidad, elusión y evasión que actualmente posee nuestro sistema tributario.

En lo sustantivo, podemos aseverar que estamos frente a una propuesta que cumple con altos estándares de participación y calidad técnica, y que si bien no resuelve todos los problemas de nuestro sistema tributario, avanza de forma significativa en materia de capacidad de recaudación, progresividad, transparencia, justicia y simplicidad del sistema tributario, así como en materia de objetividad, eficiencia y efectividad de los organismos fiscalizadores en el combate de la evasión y elusión tributaria.

Esperemos que los distintos actores políticos, sociales y económicos reaccionen de modo favorable a esta propuesta y podamos contar prontamente con un nuevo pacto fiscal para el desarrollo de Chile y sus habitantes. Al menos el silencio y ponderación observado en las redes sociales durante estos últimos días, reflejan que existe una posibilidad cierta para este acuerdo tan urgente y necesario.