Una oportunidad que nos ofrece el adelanto de las vacaciones de invierno establecido por la autoridad ministerial es atender los problemas de infraestructura denunciada por diversos establecimientos (ver: https://radio.uchile.cl/2022/06/15/colegio-medico-y-de-profesores-respaldan-adelanto-y-prolongacion-de-las-vacaciones-de-invierno/).

Todos quienes pertenecemos a una de esas comunidades escolares en sectores vulnerables sabemos que en los establecimientos de estas comunas no existen las condiciones materiales dentro del colegio ni fuera de él para hacer frente a los infortunios del presente (ventanas sin vidrios o sin el sello apropiado para que no se cuele el frío, salas sin calefacción y/o sin aislación térmica, ausencia de mantención de canaletas y bajadas de agua, sólo por mencionar puntos críticos al inicio del invierno como ejemplo).

En Chile, con la pandemia del Covid-19 ha quedado demostrado el fracaso de varias estrategias para enfrentar esta crisis sanitaria, en lo que a la educación se refiere, por ejemplo, las clases online, especialmente en los colegios pertenecientes a sectores vulnerables de la sociedad. Sin embargo, las escuelas poseen una función social fundamental en la contención emocional de los estudiantes que en muchas ocasiones padecen vulneración de derechos en sus hogares, por lo que cerrarlas debe ser siempre nuestro último recurso.

Por ello, propongo que las definiciones de las políticas educativas se tornarían más potentes e integrales si se apoyan en una renovada concepción de la justicia educativa, capaz de revisar y esclarecer los criterios en los que se fundan las decisiones. La intención es traducir ciertos principios filosóficos ligados a la idea de justicia en los términos concretos de la política educativa, e integrar este concepto como un eje en las decisiones que emanan de las autoridades. Aunque esta propuesta está dirigida más a la práctica de la política educativa estatal que a las prácticas pedagógicas y gestión de los equipos directivos, tales planos no pueden ni deberían pensarse por separado.

En esta columna se explora una de las vías por las que se puede repensar la educación basado en el punto de vista de la justicia del filósofo estadounidense John Rawls, según lo expuesto en su segundo principio de la justicia (el de diferencia), el cual apunta a la redistribución de los bienes primarios, que en este caso referirá a la infraestructura de los establecimientos educacionales.

En el artículo 16º del borrador de la nueva Constitución se establece que “La educación se regirá por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución. Tendrá un carácter no sexista y se desarrollará de forma contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística” (ver: https://www.uchile.cl/noticias/186396/derecho-a-la-educacion-se-consagra-en-la-nueva-constitucion). Es decir, sitúa en un principio de igualdad a todos los sujetos sin importar su posición en la sociedad, derecho que tampoco puede depender del talento o esfuerzo de cada quien.

En el artículo recién citado se habla de que la educación se regirá por principios de justicia, pero ¿cuáles serían las condiciones reales en las que debería darse la justicia? ¿Qué requieren los estudiantes para que el aprendizaje sea justo? ¿Cómo aplicaría el criterio de redistribución de bienes primarios en este marco conceptual?

Para Rawls, la justificación a favor de una distribución equitativa de los bienes sociales se basa en la idea de la igualdad de oportunidades. Comúnmente, se considera que las desigualdades de ingreso, prestigio, entre otras, están justificadas solo si ha habido una competencia equitativa en su adjudicación. Sin embargo, según Rawls (2006), esto no justifica que aquellas personas que se encuentran en esta situación tengan derecho a más recursos sociales que el resto pues, aunque todas las personas tenemos derecho a desarrollar nuestras dos facultades morales (la capacidad de poseer un sentido de la justicia y la capacidad de poseer una concepción del bien), en la práctica una buena porción de la sociedad se encuentra excluida de este ideal.

Ante esto, John Rawls en su segundo principio de justicia (de diferencia) nos habla de una redistribución de bienes primarios para los menos aventajados de la sociedad, siendo estos todos aquellos bienes que nos permiten desarrollar las facultades morales. Como existen personas con mayores ventajas sociales que otras, una buena porción de la sociedad queda sin acceso a los bienes que nos permiten desarrollar nuestras capacidades. Frente a esto, la educación sería una forma de redistribución de bienes sociales primarios para dar acceso y oportunidades a los más desfavorecidos, partiendo de la base que la educación es un derecho humano.

Si queremos una sociedad justa, hay consenso en que una de las claves está en disminuir la brecha educativa. Para tener educación de calidad, la infraestructura es uno de los factores imprescindibles, debido a que las condiciones del ambiente físico y disponibilidad de material didáctico de los colegios tienen un efecto significativo que impacta profundamente en los aprendizajes de los alumnos. Lo cierto es que en la actualidad los colegios privados están mejor dotados de infraestructura que los colegios públicos y particular subvencionados de comunas vulnerables, por lo que las desigualdades en las condiciones de aprendizaje entre colegios del sector público, subvencionado y privado son muy elevadas.

Esta desigualdad en las condiciones de infraestructura de las escuelas que hay en la actualidad impide que los estudiantes más desfavorecidos desarrollen sus habilidades y por lo tanto sus facultades morales. Por el contrario, cuando la disponibilidad de material didáctico, y las condiciones del medioambiente físico de las escuelas tienen un efecto redistributivo que impacta en los aprendizajes de los alumnos, es posible contrarrestar la incidencia del nivel socioeconómico de sus hogares, los cuales muchas veces no cuentan con insumos básicos para aprender.

Cambiar esta situación de desventaja infraestructural produciría un alto impacto en las comunidades educativas, ya que, por ejemplo, un colegio Técnico Profesional que tiene salas sin un aislamiento adecuado de ruidos ni térmico, con múltiples fallas eléctricas, mal acceso a internet, computadores con softwares desactualizados o sin licencia, duchas sin agua caliente, no puede desarrollar su perfil de egreso de forma óptima, más aun cuando se considera que los alumnos de sectores vulnerables carecen de una disponibilidad mínima de espacios e insumos para el aprendizaje en sus hogares.

Por todo lo anterior, la infraestructura de las escuelas es esencial para garantizar el aprendizaje y es una cuestión de justicia. Claro está que las condiciones materiales de las escuelas influyen de manera significativa en los resultados de los alumnos y en las proyecciones que estos tengan para el futuro. Una infraestructura que no satisface las necesidades básicas para que los niños y niñas puedan aprender, hará que todos los esfuerzos de gestión pedagógica se desvanezcan, afectando la labor de los docentes, paradocentes, asistentes de la educación, etc.

Una política educativa que considere que la infraestructura en las escuelas de comunas vulnerables es una cuestión de justicia distributiva permitirá que los peores situados en la sociedad -quienes no han tenido la suerte de nacer, crecer y desarrollarse en comunas con mejor calificación socioeconómica- cuenten con un espacio óptimo de aprendizaje fuera de sus hogares, que abra reales oportunidades para su futuro, sin importar su origen y condición social.