Hace unas semanas se difundió el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso de Francisca, quien en el año 2002 fue esterilizada en contra de su voluntad mientras se le practicaba una cirugía por cesárea, cuestión que el personal de salud argumentó en el hecho de que vivía con VIH. Después de 20 años de haber sido afectada por esta intervención, se decretó un acuerdo amistoso con el que se busca generar medidas reparatorias que vayan en beneficio de Francisca pero que también apunten a una transformación estructural que ayude a prevenir futuras vulneraciones similares.

A este respecto, cabe señalar que la esterilización forzada consiste en la privación de la capacidad de procreación, constituyendo una violación a los derechos humanos, específicamente a los derechos sexuales y reproductivos establecidos en la legislación internacional. Estos últimos fueron abordados por primera vez en las Conferencias sobre Población y Desarrollo de El Cairo (1994) y Beijing (1995) y su inclusión también puede rastrearse en diferentes convenciones y tratados, tales como Belem Do Pará (1994) y CEDAW (1979). Dichos documentos refieren el derecho y autonomía sobre el propio cuerpo; a decidir si tener o no descendencia, el número y periodicidad entre los nacimientos; recibir información adecuada respecto de los procedimientos del área de la salud y, por supuesto, que exista consentimiento informado al momento de realizar prácticas como la esterilización.

Aun contando con estas regulaciones, la situación de Francisca, lejos de ser aislada, es sólo uno de las decenas de casos de esterilización forzada en contra de personas que viven con VIH en Chile. La Fundación Vivo Positivo, en un estudio realizado en 2002, indicó que un 37% de un total de 100 mujeres habían sido esterilizadas sin su consentimiento (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/47623.pdf).

La permanencia de la práctica se asocia con la existencia de criterios estigmatizadores y, por ende, discriminatorios por parte de los servicios y personal del área sanitaria, lo que repercute en la imposición del saber médico por sobre la voluntad de las personas atendidas (Casas et al, 2016). A modo de ejemplo, para el caso de las mujeres viviendo con VIH, la información que el cuerpo profesional maneja acerca de las vías de adquisición vertical del virus suele ser usualmente errónea, aun cuando varios estudios han referido que la administración de tratamientos antirretrovirales y de prácticas de alimentación seguras disminuyen de manera importante la posibilidad de su traspaso (OMS, 2014).

Además de ello, el colectivo de mujeres viviendo con VIH no es el único afectado. Según la OMS, los grupos de mujeres en situación de discapacidad -psíquica y/o intelectual- y aquellas pertenecientes a pueblos originarios configuran el foco principal de las políticas estatales que buscan la “regulación de la población”.

Al respecto, un estudio realizado en Chile (Casas et al, 2016), a través de entrevistas a profesionales de la salud y del análisis de registros hospitalarios, concluye que -aunque la práctica de la esterilización involuntaria de personas con discapacidad intelectual o psíquica no constituye una acción rutinaria o masiva en el país- durante el año 2012 se constató la existencia de 19 casos de esterilización en mujeres menores de 18 años, incluyendo a una niña menor de 14 años. También, el documento alude la existencia de datos poco claros, lo que presupone un subregistro de las prácticas realmente concretadas. En esta línea, y específicamente en Chile, la práctica de esterilizaciones forzadas a mujeres y niñas en situación de discapacidad ha sido observada con preocupación por parte del Comité que da seguimiento al cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en los países que la han ratificado (ONU 2016).

Para el segundo colectivo, el de mujeres pertenecientes a pueblos originarios, se estaría, además, ante un fenómeno de carácter racista que expresa la reformulación de la lógica de dominación colonial. Allí, bajo un régimen biopolítico de control de los cuerpos, las mujeres son despojadas de ser sujetas de derecho, siendo reducidas a objetos de intervención para los ojos del poder colonial estatal. Este es el caso de las esterilizaciones forzadas en Perú, concretadas a través del “Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar” en el periodo 1996-2000, bajo el mandato de Alberto Fujimori. Éste último incluso asistió a Beijing (1995) para dar a conocer su política de salud, justificando el programa en “razones económicas” y disfrazándolo como parte de una política democrática (Carranza, 2021).

Las esterilizaciones realizadas alcanzaron un total aproximado de 300.000 mujeres (Vidal, 2021). Para su ejecución, el gobierno peruano promovió las esterilizaciones presionando al personal de salud con amenazas en relación a la estabilidad de sus puestos de trabajo, mientras que estos últimos, la mayoría de las veces, coaccionaron a las mujeres entregándoles información engañosa y/o sobornos en alimentos y dinero, además de no respetar sus derechos lingüísticos al momento de comunicarles el detalle de la intervención quirúrgica (Carranza, 2021). También hubo afectadas que fallecieron a raíz de la operación, entre ellas Mamérita Mestanza y Celia Ramos, ambos casos llevados a la CIDH (https://www.demus.org.pe/casos-emblematicos/caso-esterilizaciones-forzadas/).

Ante este panorama, las organizaciones de mujeres afectadas, como la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (http://www.ampaefperu.org/), han levantado un trabajo que ha sido sustancial en términos de visibilización y denuncia de la violencia recibida. Desde este y otros espacios la problemática ha podido ser difundida y llevada a la justicia. Sin embargo, Fujimori, hoy procesado por otros delitos de lesa humanidad, aún no ha podido ser juzgado por el caso debido a que en el año 2007 fue extraditado de Chile a Perú, pero en los archivos no fue incluida la acusación por el delito de las esterilizaciones. En este contexto, el 13 de abril de este año se dio curso a una solicitud de ampliación de la extradición para que pueda hacerse justicia luego de más de 20 años de impunidad, trámite que se encuentra actualmente en curso.

Las situaciones expuestas (de Francisca, de las mujeres en situación de discapacidad psíquica e intelectual y de aquellas pertenecientes a pueblos originarios) dan cuenta de que el fenómeno se encuentra cruzado por lógicas patriarcales, coloniales y capacitistas. Además de ello, habla sobre una política que se extiende más allá de las fronteras y que no ha encontrado el espacio de relevancia que requiere dentro de las discusiones en el área de Salud y Derechos Humanos.

Aparte de lo referido hasta aquí, y más allá de los cursos legales, cabe señalar que las huellas que dejan las esterilizaciones forzadas son imborrables para los cuerpos que las viven. Su realización implica una violación profunda a los derechos de las mujeres que han sido sometidas a dichos procedimientos, así como una reproducción simbólica que las caracteriza como indeseables e irreproducibles, generando impactos inconmensurables en sus identidades y proyectos de vida.

De esta manera, es urgente visibilizar y condenar la perpetuación de las esterilizaciones forzadas en la región, en tanto se trata de violencias ocultas y/o generalmente poco visibilizadas, siendo necesario abrir espacios para escuchar las experiencias de quienes las han sufrido, además de generar medidas locales y estructurales que apunten a reparar el daño causado y a prevenir futuras intervenciones similares.

Lo mencionado tendría que ir en la línea, necesariamente, de promover modificaciones tanto en el ámbito educativo como en el de la salud, abriendo espacios de conversación sobre derechos sexuales y reproductivos; incorporando contenidos referentes a derechos humanos en la formación universitaria de profesionales de la salud; generando capacitaciones sostenidas para el personal médico y técnico y regulando de manera constante la atención pública de salud e involucrando a colectivos, organizaciones y personas de la sociedad civil en general mediante procesos participativos de evaluación, entre otras medidas.

Con todo ello, esperemos el pronto envío de los archivos necesarios para el procesamiento de Alberto Fujimori para que exista, aún tarde, la esperanza de que se haga justicia.