Uno de los temas constituyentes que levantó incertidumbre es lo que sucederá con el Tribunal Constitucional (TC). De acuerdo a la disposición transitoria aprobada por el Pleno, el órgano será reemplazado por la Corte Constitucional en un período tentativo de seis meses.

La instalación de esta nueva institución, que se encargará de defender la supremacía de la Carta Magna, es de máxima prioridad para gran parte de los convencionales. Sin embargo, aún existen dudas sobre una suerte de vacío legal que podría producirse en la transición de uno a otro, y qué ocurrirá con las causas que el TC tenga pendientes.

El texto plantea que, desde la entrada en vigencia de la nueva Carta Magna, el Tribunal Constitucional "no podrá conocer nuevas causas". Los requerimientos que ya radican en el TC deberán ser "conocidos, tramitados y fallados por este órgano dentro de los seis meses siguientes". Los que no alcancen a ser resueltos "serán devueltos al tribunal de origen respectivo".

Además, la ley que regula la Corte Constitucional deberá comenzar a ser tramitada por el Congreso en un plazo de 60 días. Si no alcanza a ser promulgada en los seis meses de plazo, el nuevo órgano de todas maneras podrá empezar a funcionar. "Se traspasará a la Corte Constitucional, sin solución de continuidad, los bienes, derechos y obligaciones del TC, así como su personal, evitando todo menoscabo en sus derechos funcionarios", dice la disposición transitoria.

[Te puede interesar] Sigue el suspenso: Mesa de la Convención debatirá este jueves invitación a exPresidentes

Las posturas dentro de la Convención

Esta transición ha sido calificada por algunos juristas y exintegrantes del TC  como algo "extremadamente grave". Así lo plantea al menos la expresidenta del órgano, Marisol Peña, a La Tercera.

A su juicio, durante este período de tiempo "no existirá jurisdicción encargada de resolver los conflictos que involucran el pleno respeto a la supremacía constitucional en Chile. Es una de las peores noticias que ha emanado desde la Convención Constitucional".

Sin embargo, su tono alarmista no se condice con lo planteado al interior de la Comisión de Normas Transitorias. El exvicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, explica a El Desconcierto que "el TC tendrá seis meses para despachar las causas pendientes", que son alrededor de 900.

"En ese período de tiempo se debe instalar la Corte Constitucional (...) el Congreso debe crear una ley para definir los alcances del nuevo organismo y, mientras esta no se despache, rige la norma actual", agrega el convencional.

En esa línea, Bassa desdramatiza las críticas a esta disposición, porque "las causas en que se plantee una inaplicabilidad siguen siendo conocidas por los tribunales, que podrán elevarlas a la Corte cuando esté constituida".

Lo mismo plantea el convencional Cristián Viera (FA). A su juicio, el TC "es uno de los órganos que ha impedido avanzar en posibilidades de reforma" y "afectó el régimen político y la soberanía popular por medio del activismo en sus decisiones".

Por su parte, el convencional Andrés Cruz (CS) advierte que "no va a existir una resolución previa a efecto de terminar si una norma es o no constitucional, previo a la promulgación de la disposición. Solamente el órgano se podrá pronunciar cuando existan problemas respecto de la aplicación en concreto, lo que se denomina un control represivo".

La visión de los expertos

En el mundo jurídico, los expertos tienden a bajar el volumen de los vaticinios alarmistas y ponen paños fríos. Rodolfo Figueroa, director del Departamento de Derecho Público de la UDP, sostiene a El Desconcierto que "no habría problemas en que se traspase todo a una nueva corte".

El TC debe "seguir trabajando un tiempo en los casos pendientes, o bien, que esos expedientes pendientes sean traspasados a la nueva corte (...) En el entendido de que en el fondo las acciones son del mismo tipo y tienen inaplicabilidad, las va a tener que tomar la Corte Constitucional", explica.

Para el académico, el foco debería estar puesto en la composición de este organismo. "Con el sistema antiguo, cuando le tocaba a una coalición elegir a su integrante, ponían a alguien que es un jurista, pero que no tiene la trayectoria que uno esperaría. Eso también pasó, sobre todo en la década pasada. Hubo varios que llegaron y causaron cierta conmoción", puntualiza.

Por otro lado, el abogado Gabriel Osorio plantea a La Tercera que la norma tiene una "grave omisión" relacionada al control de constitucionalidad que tendrá el órgano. "¿Quién controlaría que los decretos del Presidente no versen sobre materias que solo en virtud de una ley se pueda regular? Es un vacío que hoy no tiene respuesta", ejemplifica.