La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) informó este viernes que celebrará del 13 de junio al 1 de julio un período de sesiones, en el cual verá casos contra Chile, Bolivia, México, Brasil y Ecuador.

La CorteIDH, con sede en Costa Rica, celebrará el próximo 20 de junio la audiencia pública del caso Carlos Baraona Bray contra Chile.

La demanda contra Chile señala que Baraona es un abogado y defensor ambiental quien brindó una serie de entrevistas y efectuó declaraciones en las que sostenía se habían ejercido presiones para que las autoridades llevaran a cabo la tala ilícita del alerce, una especie de árbol milenario.

El proceso penal culminó con la sentencia por el delito de injurias graves, a 300 días de prisión suspendida, una multa, así como pena accesoria de suspensión de cargos u oficios públicos por el período de la condena.

Paralelamente, la Corte Interamericana verá el 21 de junio el caso de Valencia Campos contra Bolivia, el cual se refiere a la aparente responsabilidad del Estado en el allanamiento ilegal de domicilios y presuntos actos de violencia excesiva por parte de agentes estatales, que incluye la tortura, violencia sexual e incomunicación, durante un operativo llevado a cabo en 2001.

Para el 23 de junio, la CorteIDH analizará el caso Tzompaxtle Tecpile contra México, consistente en la alegada detención ilegal y arbitraria en enero de 2006 de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, por parte de agentes policiales en una carretera entre las ciudades de Veracruz y Ciudad de México.

Según la demanda, las víctimas fueron retenidas y requisadas por agentes policiales sin orden judicial y que tampoco se evidenció que fuera posible percibir una situación de flagrancia. Además, consideró que el Estado violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica.

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En este periodo de sesiones, la CorteIDH también someterá a revisión el día lunes 27 y martes 28 de junio el caso Tavares Pereira contra Brasil, por la supuesta responsabilidad del Estado en el asesinato del trabajador Antonio Tavares Pereira y las lesiones sufridas por otros 185 trabajadores pertenecientes al Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).

Los hechos sucedieron el 2 de mayo de 2000 en el Estado de Paraná, durante una marcha realizada por los trabajadores por la reforma agraria. El caso se encuentra en presunta impunidad y se enmarca en el contexto de violencia vinculada a demandas por tierra y por una reforma agraria en Brasil, indica la demanda.

La última audiencia de este periodo de sesiones será el 1 de julio cuando los jueces interamericanos vean el caso Aroca Palma contra Ecuador, que se refiere a la alegada responsabilidad del Estado por la detención ilegal y arbitraria, y ejecución extrajudicial de Joffre Antonio Aroca Palma, así como la situación de impunidad en la que permanecerían los hechos.

La demanda argumenta que Aroca falleció el 27 de febrero de 2001 como consecuencia del disparo efectuado por un agente policial, quien se encontraba en funciones, lo cual habría constituido en un uso de la fuerza letal injustificado, innecesario, desproporcionado y carente de un fin legítimo, y por ello una ejecución extrajudicial.