El pasado 3 de mayo, la Compañía de Jesús comunicó la suspensión del ejercicio público al sacerdote Felipe Berríos, tras recibir una denuncia por hechos de connotación sexual en contra de una menor de edad. Semanas más tarde, se destaparon acusaciones de otras dos mujeres contra el jesuita por las mismas razones.

En respuesta, Berríos decidió autodenunciarse ante el Ministerio Público, abriendo una causa penal para que la justicia ordinaria indague el caso. Para su defensa fichó al abogado Julián López, quien se ha especializado en defender a personas de renombre. Entre sus litigios más destacados figuran casos como Penta, MOP-Gate y el de la jueza Atala.

En una primera entrevista con La Tercera sobre el caso, el jurista comparó la situación de Berríos con "El Proceso" de Franz Kafka. "Es muy parecido a lo que le ocurre al señor Josef K. en las primeras páginas, cuando es arrestado una mañana por una razón que desconoce y de ahí en más comienza una pesadilla", asegura.

De acuerdo a López, Berríos "quiere ser juzgado como cualquier chileno, sin privilegios, por los tribunales civiles y en un procedimiento lo más transparente posible y no en un procedimiento secreto que se le aplica solo a sacerdotes y que genera mucha desconfianza en la opinión pública (...) Ese no es un procedimiento al que pueda desear ser sometida una persona inocente".

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El currículum de Julián López

Julián López Masle (55) nació y se crió en Punta Arenas. Luego de cursar su educación básica y media, dejó atrás el frío de la zona austral del país para mudarse a la capital y estudiar Derecho en la Universidad de Chile. Años más tarde, el abogado realizó un máster en Derecho en Harvard en donde estudió en profundidad el sistema el sistema judicial norteamericano.

A su regreso a Chile, junto a un grupo de abogados fundó Libertades Públicas, una asociación enfocada en defender los derechos fundamentales de las personas. Esta entidad adquirió notoriedad cuando denunciaron en 1999 al Estado de Chile por la censura de la película "La última tentación de Cristo" de Martin Scorsese, estrenada a fines de los 80 y prohibida por la dictadura de Pinochet.

En esa época, tejió redes con el abogado Davor Harasic, con quien lideró el bufete Harasic y López Abogados por más de dos décadas (1995-2017). Actualmente, es socio de otro bufete: López, Escobar, Del Río y Leiva, especializados en "litigios de alta complejidad", según detalla su página web.

Según detalla la revista Qué Pasa, Julián López es destacado por su colegas por ser “muy pragmático en sus defensas” y que prefiere “asumir las realidades tal como son”. También detalla que suele llegar a acuerdos entre las partes para tener una salida que deje conforme a todos.

Su carrera ha estado marcada por la relevancia mediática que han tenido los casos en los que ha participado. Uno de sus primeros clientes fue el exministro de Obras Públicas, Carlos Cruz (ex-PS), quien fue condenado por el caso MOP-Gate a tres años de pena remitida y una multa cercana a los 799 millones de pesos.

Años más tarde, representó a la jueza Karen Atala en el juicio por la tuición de sus hijas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, fue fichado por La Polar para su defensa en el caso de estafa, y por Anglo American en una causa contra Codelco. En todos estos casos, el balance a su favor es positivo.

Otro de los casos más emblemáticos donde tuvo que litigar fue Penta, donde ejerció como defensor de los controladores de la empresa: Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto "Choclo" Délano. Pese a que se constituyó como uno de los mayores escándalos de corrupción de platas políticas en Chile, López logró que sus clientes no llegaran a la cárcel y solo fueran condenados a 4 años de libertad vigilada intensiva, una multa y formar parte de un programa formativo sobre ética en la dirección de empresas.

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Otro caso de "connotación sexual" en su currículum

El caso Berríos no es el primero de connotación sexual que asume. Pero sí es el primero en que cumple el rol de defensor de un denunciado.

Esto, porque en 2005 representó a los niños que acusaron de abuso sexual reiterado al entonces senador DC, Jorge Lavandero.

El caso había sido destapado dos años antes por el programa Contacto de Canal 13 e involucraba también a su chofer. Pese a que Lavandero se querelló contra los medios de comunicación por la cobertura, finalmente terminó aceptando el contenido de la carpeta fiscal y fue condenado a cinco años de prisión efectiva (aunque en 2008 fue uno de los primeros beneficiarios de la libertad condicional).