En su primera Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric anunció su intención de avanzar hacia la prohibición total de la tenencia de armas y llamó al Congreso a respaldar la iniciativa. "La violencia armada no será tolerada en nuestro país", afirmó el mandatario.

Si bien la iniciativa desató una ronda de aplausos espontáneos en el Salón de Honor, también hubo un sector en donde el proyecto generó resistencia. Es el caso del diputado Gaspar Rivas (PdG) quien, inmediatamente tras el discurso, anunció una moción que garantice que la población pueda acceder a armamento para proteger su propiedad.

¿Qué tan viable es una prohibición total de armas?

Según datos de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), un total de 82.812 armas han sido internadas al país entre los años 2011 y 2021. A diciembre de 2021, la DGMN registraba 845.755 armas inscritas por particulares, de las cuales 764.196 (90,4%) se encontraban activas. Además, se cuadruplicó el número de armas de fuego inscritas por particulares que se reportaron como perdidas, robadas o hurtadas, transitando de 1.761 en 2011 a 6.417 en 2021.

¿Qué tan viable es regular un arsenal de esta magnitud? Dos expertos en seguridad ciudadana y control armado aseguran que el anuncio del gobierno es “prometedor”, frente a una temática donde se ha sido “demasiado displicente”.

Para el profesor de Criminología de la Universidad de Chile, Patricio Rosas Ortiz, la DGMN “ha perpetuado una visión ya en desuso internacional comparado: que el registro de las armas de fuego se mantenga bajo una perspectiva de defensa nacional, de soberanía, contra un enemigo externo o interno. Dicho control, según informe de Contraloría General de la República, ha sido insuficiente e ineficiente. Insuficiente en recursos y capacidad de fiscalización, e ineficiente en la proporción gestión/resultados”.

Rosas recuerda el último boletín del Observatorio de la Violencia emanado desde la Fiscalía Nacional, que consigna que los homicidios y el uso de las armas en los mismos, han aumentado en el país. De las casi 3 mil armas que se incautan en promedio anualmente en Chile, la mayoría corresponde a armamento inscrito por civiles, al menos en la zona central.

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Esto contrasta con casi 5 mil armas que se reportan como robadas o extraviadas (y que van a caer en manos delincuenciales) y más de 7.500 armas nuevas que se inscriben al año en nuestro país. “Es decir, en un desbalance preocupante. Es menos lo que se logra extraer del mercado delincuencial, que aquello que ingresa a alimentar la disponibilidad de armamento para uso criminal”, explica.

Por lo anterior, Rosas, fiscal experto en política y análisis criminal, considera que el anuncio de Boric “sin duda es una propuesta novedosa y provocativa que evidencia el problema del desvío de las armas de uso particular hacia la delincuencia, y que ya deja ver resistencias por parte de los tenedores de armas”.

La socióloga Alejandra Mohor Bellalta, investigadora adjunta del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile, también comparte la opción de avanzar hacia la prohibición de armas. “Creo que hemos sido demasiado displicentes durante mucho tiempo con el tema, en muchos planos, no solo respecto de quienes tienen facultades de tenerlas legítimamente, sino en cómo se custodian, cómo se fiscaliza, y esto nos ha explotado en la cara con índices de violencia letal”, analiza la académica del Instituto Nacional de Asuntos Públicos (INAP).

De todas formas, la experta considera que el camino “no va a ser fácil”, considerando que hay un sector de la sociedad que defiende la tenencia de armas para la defensa personal, con un pensamiento “muy cercano a las ideas de la Asociación del Rifle estadounidense”, con “ideas que son bastante contrarias al Estado de Derecho”. Según la académica, este grupo es “minoritario”, pero con “una gran capacidad de ser escuchados”.

Prohibición de armas en el mundo

Para Mohor, casos como el de Estados Unidos, donde hasta el 24 de mayo, según el Archivo de la Violencia Armada, se habían registrado al menos 212 tiroteos masivos en el año, representan “el extremo de lo que plantea el Presidente Boric: la desregulación, la garantía constitucional del acceso a armas de fuego”, que lo ha convertido en un país “terrible”.

Es más, los llamados a regular el uso de armas se han hecho cada vez más presentes en el país norteamericano, especialmente considerando la experiencia de los países que sí han avanzado por ese camino. En Nueva Zelanda, por ejemplo, la primera ministra Jacinda Ardern logró aprobar la ley que prohibe la venta de las armas con mayor capacidad de destrucción en el país, a un mes de la matanza de Christchurch, donde 51 personas fueron asesinadas a tiros en dos mezquitas.

Y en Canadá, el presidente Justin Trudeau introdujo ante el Parlamento un proyecto de ley para implementar un “congelamiento nacional” en la compra y venta de armas de fuego el pasado 30 de mayo, seis días después de la masacre en la Escuela Primaria Robb de Uvalde, Estados Unidos, donde 21 personas fueron asesinadas.

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Pese a que en Nueva Zelanda existió una resistencia inicial por parte de grupos minoritarios, ya en el primer año de la ley se logró requisar 56 mil armas de fuego prohibidas en el país. En Canadá, en tanto, se espera una acogida favorable por parte de los parlamentarios, frente al proyecto considerado como el intento más ambicioso del gobierno para restringir el acceso a las armas de fuego.

Respecto a la iniciativa nacional, el fiscal Rosas asegura que esperan, desde la academia, “que forme parte de una política pública de carácter preventivo global, que en seguimiento logre evidenciar que es posible obstruir la disponibilidad de armamento particular e inscrito, para que no caiga en manos delictivas”. Así, postula la idea de una “Agencia de Control Armado de naturaleza civil, sujeta a los estándares comparados de planificación, eficiencia, transparencia y control de gestión”.

Por su parte, Alejandra Mohor coincide en que una normativa deberá estar, necesariamente, acompañada “de una serie de otros mecanismos que la hagan factible”. “Nos equivocamos si pensamos que una norma, cualquiera sea esta, la que indicó el Presidente y que yo respaldo, vaya a ser la solución” a la violencia, asegura la experta.

“Cultura de paz”

“Aquí para poder avanzar en hacernos cargo y revertir el proceso que hemos iniciado ya, hace bastantes años, de recrudecimiento de la violencia, y además recrudecimiento de la violencia asociada a armas letales, necesitamos actuar de manera muy presenciada, detonando dispositivos simultáneamente en diferentes órdenes, normativos, de fiscalización, de supervisión, y no solo legal, sino que fortalecer las capacidades de supervisión de la población civil”, considera.

Para hacer frente a la violencia letal, Mohor explica que “necesitamos hacernos cargo por una parte de la estructura, con cambios normativos, por ejemplo, pero también hacernos cargo de la cultura, de qué transformaciones a nivel cultural serán necesarias”. Según la experta, “necesitamos como país, como sociedad, más allá de lo que la norma vaya definiendo, avanzar en construir una cultura de paz”.

En sí, Rosas, abogado y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, considera que es un “anuncio prometedor, que lleva ínsito y da por asumida, la acreditada e indisoluble relación existente entre las armas de fuego, como medio funcional delictivo que transversaliza una amplia gama de crímenes, como reflejos de la violencia armada”, que “logra enfocar el problema más allá de la cíclica herramienta del miedo”.