El futuro de Chile está estrechamente ligado a la recuperación y soberanía de nuestros minerales estratégicos y esenciales, a la inmensa riqueza de nuestros bienes naturales, especialmente del cobre, el litio, la tierra, el agua y a nuestro mar chileno. Bienes naturales hoy, en su mayoría, privatizados y en manos de los grandes grupos económicos.

Las diversas demandas sociales existentes en Chile requieren un conjunto de medidas que den solución a la actual crisis del modelo neoliberal. Para ello es fundamental que el Estado establezca un régimen de responsabilidad fiscal basado en la soberanía sobre la exploración y explotación del cobre, recuperando así los ingresos suficientes para poder desempeñar la labor de redistribución de la riqueza y el poder en nuestro país, pero también para recuperar los ecosistemas de las zonas de sacrificio y las comunidades en riesgo social.

Para dimensionar esta problemática consideremos que, según los datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Chile valorizó su exportación de cobre de las empresas privadas en 23.669,07 millones de dólares el año 2020, monto que para los años 2021 y 2022 será superior debido al alza en el precio del cobre. Sin embargo, el año 2020 el Estado sólo recibió 1.699,7 millones de dólares de las 10 empresas de la gran minería privadas por concepto de impuestos, incluyendo el impuesto específico a la minería, monto que significó el 3,4% de los ingresos fiscales, lo que da cuenta de la pérdida de rentas por parte del Estado bajo el régimen de concesiones.

Si pensamos en todo lo que Chile no ha podido financiar: educación gratuita y de calidad en todos sus niveles, atención de salud oportuna con hospitales públicos con un infraestructura similar a las clínicas de la zona oriente, una economía diversificada no dependiente del cobre, viviendas dignas, creación de tecnología, empleos estables y con beneficios laborales, generación de valor agregado a nuestra producción nacional, restauración de las zonas con altos índices de contaminación, recuperación de las zonas de sacrificio, industrialización con tecnologías limpias, pensiones dignas, sistema nacional de cuidados, entre muchas otras, sin duda es necesario lograr un aumento sustantivo del erario nacional.

Sencillamente si se nacionaliza el cobre las demandas sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales que dieron origen al proceso constituyente podrán ser garantizadas plenamente por el Estado.

La soberanía sobre el cobre, nuestro principal bien en términos económicos, es un importante cimiento para transitar a un modelo económico posneoliberal y postextractivista que permita sostener y sustentar una sociedad con justicia social, con igualdad, armonía y equilibrio con la naturaleza, para el cuidado de la vida y el buen vivir. Sin la soberanía nacional sobre el cobre, seguiremos condicionados y a merced de los grandes capitales especulativos trasnacionales; se continuarán exportando sin límite ni valor agregado nuestros bienes no renovables, hipotecando el futuro, hasta acabar con los bienes no renovables, provocando una expansión del daño ambiental, sin ningún beneficio para nuestros pueblos y los ecosistemas.

Por lo anterior, convocamos al sentido patriótico de los y las convencionales para reafirmar la nacionalización del cobre y aprobar la nacionalización de las empresas que exploran y explotan el mineral y trascender el régimen de concesiones.