Este martes se vota en el Pleno de la Convención Constitucional el segundo informe de Derechos Fundamentales, el cual consta de 27 artículos de tópicos como Educación, Seguridad Social y otros, que podrían pasar al borrador de la nueva Carta Magna. El número 14 habla del 'Derecho a la Salud', y establece un Sistema Nacional de Salud de carácter universal, público e integrado, lo que se ha convertido en un problema para la Asociación de Isapres.

Específicamente, critican el inciso que señala que "los prestadores privados integrados al Sistema Nacional de Salud no podrán perseguir fines de lucro", propuesta que el presidente del gremio de Isapres, Gonzalo Simon, asegura llevará al "desmantelamiento" de la salud privada, como aseguró a Cooperativa.

"Hoy día el sistema público tiene convenios con la amplia mayoría de los prestadores privados, pero en el momento en que se le establezca esa condición, el número de prestadores que va a quedar en la posibilidad de funcionar a través de esta red integrada va a ser menos que los que hoy día existen (...) si se alcanza un buen nivel de satisfacción y eficiencia a la persona, el lucro pasa a ser un tema que no es un gran aporte", aseguró el timonel de la Asociación de Isapres, llamando a la Convención a echar pie atrás al nuevo sistema de salud.

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Ante estas declaraciones, y ad portas de la votación, la convencional Alejandra Flores Carlos, ex presidenta nacional de la Federación Nacional de Funcionarios de Seremis de Salud (FDR) y miembro de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), explica que "el lucro se define por la RAE como 'ganancia o beneficio que se obtiene en un asunto o en un negocio'" .

"El lucro no es compatible con la propuesta de salud hecha desde la Convención, sino un impedimento para que las personas tenga derecho sustantivo de acceso a la salud, donde no solo se asegure el acceso a una atención de salud, sino que esta se de un marco de equidad, solidaridad, interculturalidad, estos últimos no los brinda el sistema privado", asegura la constituyente independiente del D2.

"Actualmente, la salud es un lucrativo negocio para sectores privados que reciben jugosas remesas desde el sector público para poder cubrir prestaciones médicas, las cuales duplican el valor que tienen en el sector público. Estas cifras son conocidas. Estimamos que dichos dineros estatales debieran destinarse para fortalecer el sistema público, de manera que este pueda brindar accesibilidad y cobertura universal", sentencia.

Respecto de los temores de "desmantelar la salud privada" que expresó el presidente de las Ispares, Flores desmiente esta teoría, afirmando que "el mejor ejemplo de que ello no va a pasar es lo que sucede con las universidades privadas: son sin lucro y, a pesar de ello, existen".

Por su parte, la constituyente María José Oyarzún aclara que "el derecho a la salud sin duda es una de las demandas más importantes y transversales de nuestro país".

"La propuesta del texto indica que la salud es un derecho garantizado por el Estado, y que los privados, si bien puede colaborar, no pueden lucrar. Y me parece curioso, por decir lo menos, que hoy lo que se defienda sea la posibilidad de ganar dinero a costa de las personas y la salud", concluye la convencional de Revolución Democrática (RD).

Finalmente, su colega de Convención y de partido, Giovanna Roa, le resta importancia a las palabras del representante de las Isapres, sosteniendo que "lo principal ahora es que la ciudadanía vea cómo, poco a poco, se está dando una respuesta constitucional a las principales demandas que dieron pie al proceso: los derechos sociales".

"Ahora, el detalle del articulado todavía podrá ser revisado y modificado en la comisión de ser necesario, por lo que no me concentraría en los detalles, sino en el fondo: un derecho a la salud realmente garantizado por el Estado", dice la convencional frenteamplista.