“Hay hechos antiguos, interpretados erróneamente y donde se estira la aplicación de la ley de forma muy artificiosa para hacerlos parecer delictivos, cuando no lo son”, cuestiona Juan Carlos Manríquez, abogado defensor del excomandante en jefe del Ejército, general (r) Ricardo Martínez, tras leer la resolución de la ministra en visita Romy Rutherford, quien lo sometió a proceso en en la arista "Pasajes y Fletes" del caso Fraude en el Ejército, detalla un artículo de La Tercera.

Las declaraciones de Manríquez se generan luego de que su representado cumpliera los cinco días de arresto provisorio decretados por Rutherford el 1 de abril, luego de lo cual Martínez fue trasladado anoche hasta el despacho de la magistrada.

Procesado por viajes de los años 2011, 2012 y 2016, ocho hechos constitutivos de fraude al Fisco que comprometen un monto de $ 44.871.911, a diferencia de sus cuatro antecesores, no está siendo investigado por un defectuoso uso de gastos reservados.

Sin embargo, considerando las variables involucradas en su caso, Rutherford estableció su arresto y prohibición para salir del país, lo que lo hará regresar al Batallón de Policía Militar.

Paralelamente, la jueza ordenó el embargo de bienes de Manríquez por un monto total de $50 millones.

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"Los viajes de larga estadía de su señora los pagó él”

Considerando el curso de la indagatoria contra Manríquez, y a través de un comunicado, el abogado defiende la actitud recta de su representado en el ejercicio de su cargo en el Ejército, cuestionando las imputaciones contra el exuniformado. “Tal como dijo el general Martínez en su momento, los viajes de larga estadía de su señora los pagó él”.

Posteriormente, agrega que “en ningún viaje hizo cambio de destino con fin turístico o canjeó pasajes ni recibió dinero en exceso para su beneficio personal mediante engaño, sino solo cumplió las órdenes de cada destinación, según las reglas vigentes a la época y según el procedimiento que se le impuso seguir”.

E insistió, apuntando a una situación particular, que “todos sus viajes fueron regulares y la diferencia de cálculo de viático de US$400 fue devuelta por él, en cuanto asumió como CJE y cambió las reglas que había diseñado 35 años la sección pasajes y fletes”.

Adicionalmente, asegura que el exceso de equipaje "era totalmente definido y operado por terceros según los procedimientos vigentes, sin intervención del general Martínez”.

“Todas las conjeturas y sospechas difundidas para afectar su posición han quedado a juicio de la defensa descubiertas en su total desnudez, carencia de sustento técnico, legal y probatorio, y además, prescritas”, refuta.

Respecto del momento en que Martínez fue citado al despacho de la magistrada, cuestiona que “la citación a 5 días de entregar el mando y esta prisión, fueron y son innecesarias, desmedidas e injustas”.

Finalmente, el documento termina con nuevos objeciones al proceso. “Destacar que el general Martínez no prestó declaración indagatoria previa, en términos reales, lo que es requisito ineludible para dictar un procesamiento, para no ser obligado a auto incriminarse y haciendo uso del derecho a guardar silencio que le aseguran la Constitución, mismos que siendo irrespetados, le valieron a Chile la condena por usar el proceso penal militar en los casos Palamara y Norin Catriman ante la Corte Interamericana de DDHH, asunto que además conoce el Tribunal Constitucional”, asegura la defensa luego de que anoche confirmara que tramitará, ante ante la Corte Marcial, la libertad bajo fianza “por falta de méritos”.