La Contraloría General de la República (CGR) inició un juicio de cuentas en octubre de 2021 en contra de la exadministradora municipal de La Florida, Janett Fernández, luego que la municipalidad encabezada por Rodolfo Carter no pudiera subsanar una serie de observaciones a la gestión financiera y administrativa de la comuna entre 2019 y 2020.

El 19 de marzo de 2021 la CGR emanó su informe 763 sobre la gestión en La Florida, enfocándose particularmente en la administración del presupuesto en diversos programas, así como también en la entrega de recursos en el marco de la pandemia del COVID-19. Dicho informe fue lapidario, pues estableció que la municipalidad no pudo acreditar el desembolso de $148 millones en actividades recreativas para la comuna, además de reprochar la entrega de cajas de alimentos, en medio de la pandemia, a personas con RUT inválidos y fallecidas.

Para subsanar estas observaciones, la CGR dio un plazo de entre 30 y 60 días hábiles al municipio. Y, de hecho, la administración de Carter respondió.

"En relación al Informe final Nº763 de la CGR, correspondiente al 4 de mayo del 2021, te confirmo que la Municipalidad de La Florida realizó las aclaraciones respectivas, a través de oficios dirigidos a esa institución, con fechas 20.05.2021, 29.07.2021, 10.09.2021, dando respuesta a todas las observaciones y de acuerdo a los plazos establecidos por la propia Contraloría", dijo la municipalidad a El Desconcierto, a través de su departamento de prensa.

Sin embargo, y de acuerdo a fuentes de El Desconcierto que conocen la investigación, dichos oficios fueron rechazados por la CGR, lo que gatilló una demanda del ente regulador ante el Tribunal de Cuentas, entidad que funciona de forma autónoma en la misma CGR. Dicho juicio, que hasta ahora era desconocido, está dirigido principalmente en contra de Janett Fernández, quien aún no ha sido notificada, y busca que, en su caso particular, reponga $78 millones de los $148 millones objetados.

Fernández fue contactada por este medio, pero declinó hacer comentarios.

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En paralelo al juicio de cuentas corre una investigación penal, luego que la misma municipalidad presentara una denuncia ante el Ministerio Público por el caso de envíos de cajas de alimentos a personas con RUT inválidos y fallecidas. Dicha denuncia fue presentada el 25 de marzo de 2021 ante la Fiscalía local de La Florida, seis días después de que la CGR emanara su informe, por Gonzalo Barrientos, administrador municipal subrrogante de La Florida.

"Solicito al sr. fiscal del Ministerio Público, Fiscalía de La Florida, tener por interpuesta la presente denuncia en contra de todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores, en grado consumado, de los delitos estafas y otros engaños, previstos y sancionados en el artículo 214; falso testimonio, previsto y sancionado en el artículo 210, todos ellos del Código Penal, y demás ilícitos que se acrediten durante el curso de la investigación, con el objeto de que en definitiva se aplique a los responsables el máximo de las penas que contempla la ley", dice la denuncia a la que tuvo acceso este medio.

El informe de Contraloría

El informe emanado por la CGR, en marzo de 2021, estableció diversas irregularidades contables y financieras en La Florida, pero dos son sus hallazgos principales.

El primero es que, de acuerdo al informe, "se verificó que la Municipalidad de la Florida desembolsó la suma de $ 146.944.937, con motivo de la actividad recreativa, deportiva y cultural para vecinos y vecinas de la comuna de La Florida, cuyos antecedentes proporcionados por ese municipio no permiten acreditar fehacientemente que la cantidad de asistentes haya alcanzado los 7.348 beneficiarios y que haya sido dirigida a toda la comunidad, toda vez que no consta que dicha actividad haya dado cumplimiento al segmento de beneficiarios aludidos en la ficha técnica".

Respecto de lo anterior, agrega la auditoría, "corresponde que esa entidad edilicia acredite que la cantidad de asistentes haya alcanzado los 7.348 beneficiarios, y que la actividad haya sido dirigida a todos los vecinos y vecinas de la comuna de La Florida, informando documentadamente de ello a esta Contraloría Regional en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la entrega del presente informe, de lo contrario se procederá a formular el reparo pertinente, por un monto de $146.944.937, en virtud de los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. Ello, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 116 de la misma norma legal".

Como se sabe, la respuesta de la administración de Carter no fue acogida por la CGR, debido a lo cual se inició el juicio de cuentas en octubre de 2021.

Respecto de las cajas de alimentos en la pandemia, la CGR estableció que la "municipalidad adquirió cajas de alimentos para ser distribuidas a vecinas y vecinos de esa comuna, dentro de las cuales se determinaron personas con RUT inválidos y fallecidas a la fecha de entrega de acuerdo con la documentación de respaldo proporcionada. Esa entidad comunal deberá realizar un análisis a la planilla remitida, procediendo a aclarar la existencia de 41 beneficiarios con RUT inválidos y fallecidos, dando cuenta documentadamente de ello a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe".

A raíz de este juicio de cuentas, la concejala de La Florida Marcela Abedrapo comentó a este medio que "en contexto de pandemia, cuando a muchas personas se les entregaron estos beneficios, se podría entender que en algunas oportunidades pudieran haber unos descuidos, pero no es entendible cuando la municipalidad no es capaz de dar un razonamiento lógico a esta falta de rigurosidad, cuando esto mismo ya había sido detectado antes en otras situaciones", señala la edil.

"Con los paseos masivos hace unos años hubo gastos millonarios, lo que también fue cuestionado en algún minuto por otros concejales, pues la municipalidad tiene otras prioridades. Lo de los RUT fallidos también sucedió en ese entonces y tampoco existían las listas de beneficiarios", comenta Abedrapo, agregando que "el fantasma de cohecho y de ciertos favores tiene que investigarse con acuiciosidad, porque si aquí se detectara alguna irregularidad tienen que haber responsables".