El 19 de julio de 1990, la Empresa Comercial Renault Crédito Sociedad Anónima inscribió ante el Conservador de Bienes Raíces de Chile Chico, Enrique Monasterio Rebolledo, un predio de 700 hectáreas a orillas del lago General Carrera, en el sector conocido como Laguna Verde, en la Patagonia chilena.

Un año después, en 1991, la empresa cambió de nombre a Servicios Las Condes S.A., siendo una de las sociedades que constituyó en 1995 Inversiones Bancard S.A., empresa controlada por el entonces senador Sebastián Piñera Echenique.

La operación, muy bien documentada en el artículo “Las ‘empresas zombis’ que compró Piñera para ahorrar millones en impuestos” de Ciper, da cuenta de los procedimientos utilizados por años en Chile por las grandes fortunas para eludir impuestos.

Hoy, tres décadas después, ese acto notarial cobra nuevamente relevancia, debido a la discusión que se instaló hace unos meses por los posibles conflictos de interés del Presidente Sebastián Piñera en el avance del proyecto Dominga, a principios de octubre de 2021, y que se tomó la agenda pública previo a las elecciones de noviembre de ese mismo año.

Los documentos divulgados en los denominados Pandora Papers, a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación -en Chile difundidos por Ciper y La Bot- demostraron una vez más que el vínculo entre negocios y política no es el escenario ideal para una democracia sana y transparente.

[caption id="attachment_712443" align="alignnone" width="600"] Foto: Agencia Uno[/caption]

La duda era simple: una autoridad vende una sociedad minera y, posteriormente, en el ejercicio de su cargo se beneficia a los nuevos dueños.  Así por lo menos se desprende de la cláusula que, en el caso de Dominga, condicionaba el pago de una tercera cuota por la enajenación de la sociedad Minera Activa Uno Spa a que el área donde operaría no fuera gravada con alguna medida de protección ambiental.

A la acusación constitucional que vino con la revelación siguió otro negocio, también en el área de la minería, donde los conflictos de intereses campean.  Fue el proyecto de hierro y escandio Imán, donde quien vende al family office de Piñera, Arnaldo del Campo, fue luego nombrado director de Enami.

Según información recabada y sistematizada, estas controversiales negociaciones no fueron las únicas en que el vehículo de inversión del Presidente mezcló intereses privados con responsabilidades públicas. Existe una tercera operación que, aunque se ha informado en distintos momentos, da cuenta de una trama que sigue similar derrotero que los proyectos Dominga e Imán. Una jugada que involucra un terreno de 700 hectáreas, cuyo propietario original era la Empresa Comercial Renault Crédito Sociedad Anónima y que luego quedó en manos de Sebastián Piñera.

Amigos siempre amigos

El 20 de enero de 2011, menos de un año del inicio de su primer mandato, el Presidente Sebastián Piñera nombró, mediante decreto, al ingeniero Enrique Valdivieso Valdés como director del Servicio Nacional de Geología y Minería.  El organismo es el responsable de autorizar y fiscalizar las distintas operaciones mineras que se desarrollan en el país.

Dos meses luego de su nombramiento, el 22 de marzo, Valdivieso aprobó mediante una resolución exenta la “Ampliación del Proyecto Dagny”, que la Compañía Minera Cerro Bayo -controlada por la canadiense Mandalay Resources- operaba en las cercanías de Chile Chico, en el lago General Carrera, y que contemplaba la explotación de la veta Delia NW, que se realizaría a través de la mina Delia 2.  La autorización de las faenas tendría un plazo de 4 años, es decir, hasta el 22 de marzo de 2016.

Poco más de un año después, la pequeña localidad patagónica de Chile Chico fue noticia nacional.  El 9 de junio de 2017 la mina Delia 2 cedió y las aguas del lago General Carrera inundaron sus galerías, dejando atrapados a dos mineros que nunca fueron encontrados.

A 7 años de la tragedia de los 33 mineros atrapados en la mina San José, con especial protagonismo del entonces Presidente Piñera, el Primer Mandatario lamentó la situación.  “Todo mi cariño y solidaridad a los familiares de Jorge Sánchez y Enrique Ojeda, los mineros accidentados en la mina Delia 2 de Chile Chico”, dijo en un tuit del 28 de junio.

Por aquella época, y en el contexto de la búsqueda de responsabilidades, The Clinic publicó un artículo donde develaba que un año y medio luego de haber nombrado a Valdivieso en Sernageomin, y que éste aprobara el proyecto de la Compañía Minera Cerro Bayo, “en noviembre de 2012, uno de los vehículos financieros del family office de Piñera, Inversiones Bancard S.A., le vendió a la compañía minera un predio de 662 hectáreas, ubicada en el mismo sector”.  El responsable de la operación fue Nicolás Noguera, gerente general de Bancard, el mismo que impulsó la transacción del proyecto Imán.

En el artículo mencionado se da cuenta de un complejo entramado de traspaso de terrenos y sociedades, en el cual figuran como representantes de Bancard S.A., “Juan José Cueto Plaza, parte de la familia accionista de Latam Airlines; Gustavo Javier Valdés Valenzuela, cuñado de Sebastián Piñera; y Carlos Eugenio Mackenney Urzúa, abogado consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE)”.

En la promesa de compraventa original, suscrita el 13 de marzo de 2012, se acuerda que la venta definitiva estaría condicionada a “la realización de una subdivisión que diera como resultado un predio de las características acordadas entre Bancard y Mandalay Chile”.  Es decir, la transacción quedaba supeditada a un acto administrativo por parte de un órgano del Estado: el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Según el plano que se presentó ante el organismo, la mensura del predio de 700 hectáreas se realizó en junio de 2012.  Al mes siguiente, el 20 de julio, el SAG ya había autorizado la subdivisión de tres lotes: Lote A, de 662,24 hás.; Lote B, de 33,35 hás.; Lote Camino, de 4,41 hás.  El Lote A fue el que se vendió en noviembre a la minera Mandalay Resources y que el 12 de febrero de 2014 ésta traspasó a la Compañía Minera Cerro Bayo (de su propiedad).  El Lote B, se mantiene hasta hoy en manos de Inversiones Bancard S.A.

[caption id="attachment_693101" align="alignnone" width="900"] Agencia Uno (archivo)[/caption]

Desde esos años, ambos predios rurales tienen destino agrícola. Incluso, al momento de realizar la subdivisión, no se hizo el cambio de uso de suelo a actividades no agrícolas, a pesar de que la venta era directamente a una empresa minera como Mandalay Resources.

El artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción señala que no se permite abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones fuera de los límites urbanos establecidos en los planes reguladores, salvo aquellas necesarias para la explotación agrícola del inmueble; para las viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores; o para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado.

La norma establece también que, bajo ciertas condiciones, será posible subdividir y urbanizar terrenos rurales para complementar alguna actividad industrial con viviendas; dotar de equipamiento a algún sector rural; habilitar un balneario o campamento turístico; o para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado.  Pero en esos casos, el permiso que otorgue la seremi de Agricultura necesitará de un informe previo favorable de la seremi de Vivienda y Urbanismo.  Este informe debe señalar el grado de urbanización que deberá tener esa subdivisión predial, conforme a lo que establezca la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.  Este informe es lo que se denominaba Cambio de Uso de Suelo y que hoy se reconoce como Informe Favorable de Construcción.

Andrés Gazitúa, responsable del proceso de compraventa según señalara a El Desconcierto Nicolás Noguera, justificó el procedimiento.  “Las disposiciones del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones no son aplicables a la división de predios rurales o rústicos, sino que aplican a proyectos inmobiliarios, industriales u otros que se realicen en ellos. Por lo tanto, el citado artículo no es atingente a la subdivisión por la que se pregunta” señaló.

Los abogados del estudio Correa Squella, Juan Ignacio Correa y Juan Francisco Sánchez, dejaron en claro en un reciente webinar en Aysén, que las subdivisiones no se debieran autorizar para fines distintos del agrícola mientras no se realice el cambio de uso de suelo, por lo cual el SAG, al permitirlo, estaría incurriendo en una ilegalidad.  “Muchas veces hay muchos indicios que el SAG simplemente pasa por alto”, aclaró Sánchez en la ocasión.  En este caso, la compradora fue una empresa minera y la promesa de compraventa se sentó sobre la base de subdividir un predio de uso agrícola a una sociedad de estas características.

Gazitúa, incluso aclara que ellos ya tenían conocimiento del uso minero que se pretendía dar al predio. Explicó que los terrenos ya estaban gravados con pertenencias mineras a favor de Mandalay Resources.  “Si no había venta, Mandalay, como dueña de pertenencias, tenía derecho a imponer una servidumbre minera sobre el terreno por vía judicial”, expresó.  Por esto, en su opinión, “la venta del terreno no cambiaba en nada las facilidades que tenía el comprador para desarrollar la actividad minera”. Y ése fue el motivo por el cual “se decidió vender la parte del inmueble en la que Mandalay operaría, lo que podría hacer, de acuerdo con las normas que regulan la actividad minera, con o sin el consentimiento del propietario del terreno superficial”.

Por lo pronto, el Lote B de 33,35 hás se reservó a favor del family office, “con el fin de preservar la franja de borde costero. Se trató de una subdivisión ordinaria y habitual, de las que el SAG aprueba continuamente, simplemente por cumplirse los requisitos de presentación”.

Esta interpretación es rebatida por Correa y Sánchez, quienes plantean que la legislación asociada a subdivisión de predios rústicos en áreas rurales no permite la subdivisión para fines distintos del agrícola, forestal o ganadero, para lo cual se requeriría cambio de uso de suelo.  Esto fue refrendado por un fallo de la Corte Suprema, ratificado por un dictamen de la Contraloría que “declaró ilegal el loteo Bahía Panguipulli y decretaron que un proyecto en una zona rural, es decir, fuera del radio urbano si tiene fines inmobiliarios, para ser válido requiere un cambio de uso de suelo”, recordó Correa en una entrevista de la época, lo cual aplica para cualquier otro fin distinto del agrícola.

La revelación del negocio no causó mayor revuelo en 2017.  Sólo el diputado PS Fidel Espinoza se hizo eco del conflicto de interés latente.  Eran otros tiempos.  Los que hoy, a la luz de los nuevos antecedentes, han cambiado.

Valdivieso, al igual como ocurrió con el comprador dueño de las pertenencias de Imán Arnaldo del Campo, fue nombrado gerente general de Enami en enero de 2012.  En el cargo duró poco,  el 25 de julio asumió en el directorio de la Zona Franca de Iquique para cubrir la vacante dejada por Ignacio Briones Rojas, futuro ministro de Hacienda de Piñera.

Para el director ejecutivo de la ONG FIMA, Ezio Costa, "además de las aristas de probidad, lo que se repite en estos casos es cómo las élites económicas y políticas tienen una visión de la naturaleza que es sólo como fuente de aprovechamiento económico inmediato, de extracción de riquezas. Vemos como la protección del medio ambiente y del futuro quedan en un segundo plano y que si es necesario modificar las normas para favorecer un negocio privado, no se piensa en el costo sino que simplemente se hace".

[caption id="attachment_666908" align="alignnone" width="1280"] Agencia Uno[/caption]

La minera australiana

A fines de 2018, en la región de Aysén se supo del lobby que estaba realizando la minera australiana Equus Mining, a través de Southern Gold, para reducir el futuro Parque Patagonia que, en las intenciones  originales de Bachelet, incorporaría el sector de El Ceballo, cerca de Chile Chico, donde la trasnacional desarrollaba exploraciones mineras.  Sus gestiones ante el gobierno de la Nueva Mayoría fueron infructuosas.  Pero el 11 de marzo de 2018 asumió Piñera.

El primer artículo que dio cuenta de esta operación fue publicado en El Mostrador, y develó que Sergio Romero Guzmán, hijo del ex senador RN Sergio Romero Pizarro, fue el impulsor en Chile de la iniciativa y uno de los participantes de las distintas reuniones realizadas.  Durante el actual gobierno, el proyecto fue incluido entre las inversiones priorizadas por la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables: un área fast tracker que extrañamente puso los ojos en el proyecto minero del cual nadie públicamente tenía conocimiento alguno.

Este hecho llevó a que se solicitara al ministerio de Economía la información respecto a la inclusión del proyecto, sin embargo, más allá de algunas minutas, el organismo se negó a entregar los correos entre Sergio Romero y las autoridades por considerar que éstos eran datos privados.  El amparo ingresado ante el Consejo para la Transparencia fue rechazado al producirse un empate entre los cuatro integrantes, donde el voto dirimente fue el de su entonces presidente Jorge Jaraquemada.  En su voto de minoría, la actual presidenta Gloria de la Fuente y el consejero Marcel Drago expresaron que “si se estimara que los correos electrónicos institucionales enviados y recibidos por servidores públicos respecto de materias propias del desempeño de sus funciones son comunicaciones de carácter privado, se crearía un canal secreto que transformaría en reservados documentos esencialmente públicos por el puro hecho de ser remitidos por esa vía”.

No en vano, el proyecto Los Domos está a escasos 20 kilómetros de las faenas de Cerro Bayo.

Tras una operación en la cual participaron el ministro de Bienes Nacionales Felipe Ward, el senador UDI David Sandoval, el alcalde DC de Chile Chico de ese entonces Ricardo Ibarra, el gobierno de Piñera retiró el decreto de Michelle Bachelet que aún estaba en toma de razón en Contraloría y lo reconfiguró aludiendo a predios mal catastrados, dejando las veranadas históricas fuera del parque para uso de campesinos y excluyendo el sector de las concesiones de Equus Mining.

En paralelo a esta gestión, en 2018, la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, la Corporación Costa Carrera y la Agrupación Aysén Reserva de Vida, presentaron denuncias en contra de Equus Mining por realizar, entre 2017 y 2018, prospecciones sin someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.  Hace unos meses la Superintendencia del Medio Ambiente acogió su reclamo y acusó a la minera de fragmentar su proyecto para eludir el SEIA.

El decreto mediante el cual Sebastián Piñera aprobó el redelimitado Parque Patagonia que benefició a Equus Mining y su proyecto “Los Domos” está fechado el 25 de octubre de 2018.  Menos de un año después, en octubre de 2019, “Mandalay Resources Corporation otorgó a Equus Mining Limited la opción de compra de la mina Cerro Bayo”, la misma que el hombre fuerte de Piñera aprobó la ampliación de sus faenas y que luego compró el terreno el año 2012 al family office del Presidente.

En diciembre pasado, efectivamente, se concretó el traspaso de la compañía a Equus Mining.

La arista Valdivieso

En todo este tiempo, Valdivieso -el ex director de Sernageomin y hombre de confianza del Primer Mandatario- no desapareció de Aysén.   Su historia fue relatada en el artículo de Ciper: “Paciencia que vale oro: el ingeniero que esperó dos décadas para hacer caja con el agua de la Patagonia”.

En resumen, desde principios de 2000 Valdivieso es dueño del terreno y los derechos de agua de las emblemáticas cascadas Los Maquis, cerca de Puerto Guadal, donde la empresa regional Edelaysén (del grupo SAESA, controlada por capitales canadienses) construyó una central hidroeléctrica, gracias a un millonario acuerdo con el propietario.

Aunque vecinos se movilizaron y presentaron múltiples recursos para obligar al proyecto a someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y ser fiscalizado por la Superintendencia del Medio Ambiente, chocaron con la negativa de los servicios públicos, particularmente del Servicio de Evaluación Ambiental.  A fines de 2021, el Tribunal Ambiental de Valdivia les dio la razón y está obligando a que el proyecto ingrese al sistema.

Una decisión que el gobierno de Piñera nunca quiso tomar.