De tiempo en tiempo, los gobiernos de turno nos recuerdan que la agricultura y la industria alimentaria, y sus exportaciones, son –junto a la minería– uno de los pilares de nuestro desarrollo. Excepto que –y acá exagero un poco– en el caso de los productos agroalimentarios debemos salir a venderlos de uno en uno a los mercados del mundo, mientras las grandes empresas mineras y países industrializado “hacen fila” para invertir en Chile y/o comprar los productos de la minería.

Durante el período 2018-2020, el valor promedio de las exportaciones agropecuarias y alimentarias alcanzó a más de $ 17.823 millones de dólares anuales (ONU-ITC, Códigos HS01-HS24). Si agregamos maderas y productos de origen forestal (HS44 y HS47), el valor total de las exportaciones del sector se eleva a casi $ 22.203 millones, que representa casi un tercio del valor total de las exportaciones anuales de Chile. Sorprende ver las cifras de exportaciones agroalimentarias que tenemos, a pesar de la “escuálida” institucionalidad oficial que respalda el trabajo de este sector. Bien por los productores y exportadores que hicieron su pega.

El programa que llevó a Gabriel Boric a ganar las elecciones, sin embargo, propone cambios radicales del modelo en que se sustentan estas exportaciones y que resultan, principalmente, de la explotación intensiva de recursos naturales cada vez más escasos. Lo comparto, y me parece que es el momento de dar un vuelco en la dirección en la que se dirige la industria agroalimentaria, y de repensar en quiénes participan y cómo se insertan. En palabras simples: el mundo ha cambiado y nosotros hemos seguido haciendo más de lo mismo, y dejando fuera a los pequeños productores. En especial, en un país en que los recursos naturales están siendo exigidos al límite. La globalización de la industria agroalimentaria, los profundos cambios que han sufrido los hábitos de los consumidores, la crisis climática e hídrica que enfrentamos, demandan un giro radical.

Creo ver con claridad las propuestas y principios en que se basan los cambios que intenta introducir el equipo de Gabriel Boric, pero aún no veo propuestas concretas. Al menos, no creo habérselo escuchado a ninguno miembro de su equipo. Es cierto que todavía no son gobierno, pero quedan dos semanas para serlo. En mi opinión, estos cambios en los sectores silvoagropecuario y alimentario deben ser liderados por un Ministerio de Agricultura renovado, empoderado y con una “musculatura” digna de gimnasio del barrio alto. Aun así, no será fácil cambiar las prácticas actuales y encontrar nuevas formas de insertarnos en una industria ya globalizada, que también incorpora nuevos valores y métodos de producción. Sería útil ver algunas propuestas concretas pronto.

Ya he comentado en otras ocasiones la necesidad de contar con un Ministerio de Agricultura que –dejando de ser el “pariente pobre” del gabinete– trabaje coordinada y sistémicamente las principales actividades de fomento de la producción, desarrollo sustentable, inspección, y exportación de productos agropecuarios, forestales y alimentos. Todo ello tomando en consideración las diferencias regionales, y la necesidad de incorporar activamente a las Pymes y a la Agricultura Familiar Campesina (¿el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca?). La institucionalidad actual no funciona adecuadamente y temas relevantes se caen o desaparecen a través de las fisuras de un Estado descoordinado, poco efectivo y con servicios que se disputan entre sí los temas agrícolas y alimentarios.

Durante todos los años en que estuve vinculado a la actividad del Ministerio de Agricultura y/o las Agregadurías Agrícolas estos temas tuvieron un tratamiento esporádico y discontinuo. Durante un breve tiempo, los Agregados nos reunimos en regiones con productores y exportadores, pero tuvimos escaso contacto con Pymes rurales y las actividades de la Agricultura Familiar Campesina en INDAP. Esto último ocurrió, por lo general, como resultado de iniciativas personales, pero nada sistemático. Decepcionante, al menos.

El trabajo en regiones, en el campo agropecuario y alimentario en coordinación con ProChile, tampoco fue prioritario y/o desarrollado de manera programada. En suma, poco en el campo del fomento y promoción de exportaciones agroalimentarias desde las regiones y participación de las Pymes rurales. Al menos, eso es lo que pude observar desde la Agregaduría Agrícola y desde Asuntos Internacionales en MINAGRI. Y, modestamente, creo que los Agregados podríamos haber contribuido en algo a esos temas. Sí, tuvimos algunos encuentros y proyectos exitosos, pero esa fue la excepción y no la norma, y se logró gracias a colegas y funcionarias(os) tremendamente entusiastas que “remaron contra la corriente”.

La institucionalidad no ha funcionado y, con frecuencia, los temas de las Pymes regionales han pasado desapercibidos o considerados poco relevantes, y no han sido gerenciados de manera adecuada por los servicios o las oficinas regionales. Falta profesionalizar el trabajo. Lamentablemente, en ocasiones, estos cargos son resultado de nombramientos “políticos” y son ocupados por personal que no está capacitado en estos temas. En regiones, es frecuente también la falta de información actualizada y oportuna. Lo siento, pero ha sido y sigue siendo así, y los ejemplos sobran. Como dice el popular dicho, “no puedes pedirle peras al olmo”. Las oficinas regionales de los varios servicios involucrados simplemente no han sido organizadas y/o capacitadas para dar respuesta a los complejos problemas de la exportación de productos agroalimentarios, en particular de las Pymes, al mismo tiempo que atender a otras áreas de la producción, industria y servicios. Necesitamos racionalizar y profesionalizar urgentemente el sistema.

Deprimente, ¿no? Por ello me pregunto frecuentemente: ¿cómo podemos apoyar a las regiones y a las Pymes rurales para que se integren activamente al circuito exportador? Con o sin un “nuevo” Ministerio de Agricultura, necesitamos reformas sustantivas de la institucionalidad agropecuaria y alimentaria, que permitan el tratamiento sistémico de actividades y programas de exportación en esta área que, por lo demás, incluye a grupos prioritarios del programa de Boric. Necesitamos unidad de propósito y acciones coordinadas. Por ello, es necesario reunir bajo un mismo techo a todos los actores que se requiere para que las Pymes puedan llegar directamente desde las regiones –por la ruta más corta– a los clientes y consumidores internacionales.

En el Ministerio de Agricultura, necesitamos una Dirección de Asuntos Internacionales (DAI) empoderada (¿un nuevo servicio?) que pueda ofrecer y entregar servicios y apoyo necesarios desde una “Ventana Única de Exportadores Pymes Regionales”. Pero no es lo único. La DAI deberá salir a las regiones a –literalmente– reclutar posibles nuevos proyectos, acercando las Pymes agrícolas y rurales al comercio y a las exportaciones. Para ello, se le debe sumar a la DAI las actividades actualmente de responsabilidad de ProChile, en los temas de promoción y fomento de exportaciones agroalimentarias, forestales y pesqueras, incluyendo las del Fondo de Promoción de Exportaciones. Presidente: es urgente realizar esta “fusión”, con o sin un nuevo Ministerio de Agricultura. La dispersión de los apoyos del Estado en estos sectores, hace virtualmente imposible que los emprendedores Pymes puedan entender a cabalidad el sistema y acceder a sus posibles servicios. Las Agregadurías Agrícolas actuarán como el “brazo operativo” internacional de este proyecto, pero para ello, deberán ser “despolitizadas” y, al mismo tiempo, profesionalizadas, capacitadas, y dotadas de recursos adecuados.

A través de la “Ventana Única de Exportadores Pymes Regionales” debería ser posible acceder a varios servicios de apoyo, en colaboración con INDAP, cuando corresponda. Entre otros servicios que debería ofrecer la Ventana, se puede mencionar la capacitación para la exportación; identificación de mercados de interés; “gestión integral” de productos con potencial para exportar, incluyendo proyectos de asociatividad; asegurar acceso a logística y servicios de exportación; asesoramiento financiero y acceso a recursos de exportación (por ejemplo, del Fondo de Promoción); certificación de productos; facilitar identificación y contactos con clientes internacionales potenciales; y gestionar el desarrollo de misiones comerciales a Chile y a los mercados compradores.

Estas reformas urgen, pero no sabemos si efectivamente tendremos un nuevo Ministerio de Agricultura y una Dirección de Asuntos Internacionales fortalecida. También, desconocemos si el futuro ministro de Agricultura estará dispuesto a negociar para que la Cancillería se “desprenda” del sector agroalimentario, forestal y pesquero de ProChile, así como del Fondo de Promoción. Las reformas institucionales sugeridas son necesarias, pero inciertas. No obstante, la Cancillería no necesita mayores reformas para abrir las puertas de sus consulados para exhibir los productos de la Agricultura Familiar Campesina. El Ministerio de Agricultura tampoco necesita pensarlo mucho para potenciar el trabajo de la Dirección de Asuntos Internacionales y crear –al menos– la Ventana Única de atención a exportadores Pymes. Sin excusas, esta vez sí, se puede, y se debe hacer pronto. Y, con o sin sectores de ProChile transferidos a Agricultura, no hay excusas valederas para no tener mayor coordinación entre los servicios y ofrecer apoyo digno a las regiones y sus Pymes, en los temas de comercio y exportaciones agroalimentarias.