El indulto a los presos del estallido social ha sido, desde principios de 2020, un objetivo primordial para un sector de política chilena. Numerosos han sido los intentos de diversas organizaciones por concretar la liberación de las personas que actualmente se encuentran recluidos en diversos centros penitenciarios a lo largo del país. No obstante, y a más de dos años de lo sucedido durante la revuelta social del 2019, aún no se concreta un dictamen de parte del gobierno ni el congreso que se haga cargo de esta situación que tiene a muchas familias esperando alguna novedad respecto a la situación de algún pariente detenido.

Las medidas tomadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en el contexto de las protestas iniciadas el 18 de octubre de 2019 han sido materia de controversia nacional con el correr de los meses, la principal critica se remite al abuso de las medidas cautelares en casos donde las investigaciones no avanzan o derechamente están frenadas.

Cabe recalcar que según cifras del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile UDP 2021. la Defensoría Penal Pública pudo contabilizar el número de personas detenidas entre octubre de 2019 al 09 de diciembre 2020, en delitos relacionados contexto de la revuelta social -esto son desórdenes, robo en lugar deshabitado (saqueos), incendio, lanzamiento de artefactos, maltrato de obra a carabineros, entre otros- cifrándolos en 20.000, el informe indica que cerca del 80% de estas personas fueron liberadas sin una medida cautelar. En paralelo, 1.600 personas en todo el país quedaron en prisión preventiva, de esta cantidad 262 fueron detenidos por los ilícitos descritos anteriormente.

En el proceso hay casos particulares de personas -principalmente jóvenes- que han salido en libertad luego de pasar casi dos años recluidos sin un juicio de por medio. El caso más reciente fue el de Cristian Valdés, los hermanos Juan y Mauricio Huaiquiñir, quienes fueron liberados el 18 de febrero de la cárcel Santiago 1.

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Con el fin de resolver de forma definitiva esta situación, algunos convencionales han presentado propuestas de norma constitucional para conseguirlo, en concreto, son dos iniciativas que ingresaron, una a la Comisión de Derechos Fundamentales y la otra a la de Sistemas de Justicia, además de una iniciativa popular de norma que alcanzó las 15.000 firmas necesarias y será discutida próximamente. De igual manera, un proyecto de ley de amnistía se encuentra en el senado esperando avanzar.

Las propuestas constitucionales

La primera propuesta la presentó la convencional de la Coordinadora Constituyente Plurinacional y Popular María Rivera. La iniciativa, presentada a fines de enero, pretende crear una articulado único que rechaza la prisión política en nuestro país, de esta forma se crean dos indicaciones transitorias , es decir, medidas que se toman en casos particulares las cuales se rigen bajo ciertas condiciones, una de ellas es la que establece el termino "presos políticos" que según el documento presentado responde "a toda persona que está privada de libertad, por participar en actos de expresión, difusión y promoción de ideas políticas, sean estos ejecutados en forma individual o colectiva, en recintos públicos o privados o a través de cualquier medio de comunicación" y, a su vez, enumera las circunstancias en la que este termino se considera:

• Por cometer delitos con inspiración política.
• En donde la detención realizada por Carabineros violó garantías fundamentales.
• Personas detenidas en manifestaciones y que hayan pruebas de violación evidente de la cadena de custodia.
• Por pertenecer a un movimiento, agrupación o partido político que promueva las manifestaciones.

La primera indicación transitoria establece la concesión de la amnistía a aquellas personas  involucradas en calidad de autores, cómplices o encubridores en delitos con intención política, en un periodo de tiempo establecido que va desde el 11 de marzo de 1990 hasta a el día del plebiscito de salida, que se estima para el segundo semestre de este año. Si bien no es la intención hacer un catastro de todas las personas que serían beneficiadas, se estima que la medida aplicará para figuras como: Mauricio Hernández Norambuena, Ricardo Palma Salamanca, Galvarino Apablaza, Raúl Escobar, Patricio Ortiz y Pablo Muñoz Hoffmann.

Rivera señala que la liberación de los presos del estallido es el comienzo de la salida de los todos los presos políticos en Chile. “El primer paso que tenemos que dar, si queremos reconstruir este país después del ‘terremoto’ del 18 de octubre (...)”, asegura. También explica que aquellos que fueron detenidos antes del estallido social también son presos políticos, porque “han luchado por las mismas causas que estamos luchando hoy”.

La aplicación de la amnistía corresponderá al juzgado de Garantía respectivo y será materia de urgencia, con un plazo máximo de 60 días para aplicarse. También estará a disposición de cualquier persona que lo solicite mediante una audiencia con el Ministerio Público y, en caso de ser rechazada por el Juez de Garantía, podrá ser objeto de un recurso de revisión.

La segundo propuesta es de parte del constituyente y también miembro de la Coordinadora Manuel Woldarsky. Esta norma contempla los mismos delitos expuestos anteriormente, pero a diferencia del presentado por Rivera aquí se dispone un artículo transitorio, vale decir, que trata y desarrolla materias que pueden ser reguladas en la Constitución o en una ley en el futuro. El periodo para la aplicación de la amnistía comprende desde el 7 de octubre del 2019 hasta el día del plebiscito de salida

El beneficio de amnistía también se aplicaría a todas aquellas personas actualmente condenadas por los mismos delitos, pero que no estén condenados, o sea, a quienes estén bajo la medida cautelar de prisión preventiva. El articulado también establece circunstancias en las que no podrá ser aplicado, tales con los casos de las personas acusadas por cometer los delitos en contra la libertad y seguridad como el secuestro, el abuso por parte de agentes del estado, violación y homicidio, tampoco podrán acceder personas que fueron miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, o funcionarios públicos.

La solicitud de amnistía en el caso de los condenados deberá ser enviada al Juzgado de Garantía correspondiente y tendrá carácter de urgencia para determinar si puede acceder al beneficio; en cuanto a quienes cuenten con medida cautelar solo con el hecho de solicitarla  deberían ser dejados en libertad.

El autor de esta propuesta Manuel Woldarsky expresó a El Desconcierto que esta norma se presenta por la demora del poder legislativo en resolver esta situación "Es necesario mirar con compasión a quienes participaron en el proceso que llevaron a firmar el acuerdo de paz y a la instalación de la convención, además son personas que han sido víctimas de juicios extraños en los que no se valoró el principio de inocencia y objetividad de la investigación, sobre todo si se considera la cantidad de tiempo que han estado recluidos".

La última propuesta es la iniciativa popular de norma número 48.358, presentada por el ex candidato a convencional Daniel Vargas Downing. La medida alcanzó más de 16.000 firmas en el periodo correspondiente, por ende entró a la comisión de Derechos Fundamentales para ser discutida. En su descripción la norma pretende "reparar los abusos cometidos con aquellos jóvenes injustamente procesados o detenidos y en miras a esta nueva etapa del país se establecerá un perdón amplio de los hechos ocurridos a partir de octubre del 2019".

La medida establece 8 artículos y comprende los mismo delitos que las dos propuestas descritas con anterioridad, adicionando también disposiciones del código militar, específicamente las número 416 y 417, referidas tanto a la violencia física como verbal en contra de Carabineros. Sumado a esto, Woldarsky sostiene que el beneficio puede ser aplicado a personas que se encuentren o no sometidas a investigación formalizada o desformalizada, imputadas o condenadas, contemplando también a los adolescentes involucrados en estos delitos y que estén siendo investigados por la ley Responsabilidad Penal Adolescente.

El periodo de tiempo va desde el 07 de octubre de 2019, hasta el día de ratificada la presente constitución en el plebiscito de salida, y sus requisitos para ser aplicada son los mismos que las propuestas de Rivera y Woldarsky . Estas tres iniciativas deber ser discutidas en sus respectivas comisiones.

El proyecto de indulto  que duerme en el Senado

El 9 de diciembre del 2020, los senadores Juan Ignacio Latorre (RD), Isabel Allende (PS),  Adriana Muñoz (PS), Yasna Provoste (DC) y Alejandro Navarro (PRO) ingresaron a la secretaría de la cámara alta una propuesta de proyecto de ley de indulto para los presos del estallido social, desde entonces ha pasado por muchas instancias y diferentes comisiones que han truncado su avance dentro del legislativo, a esto se le agregas las fuertes criticas oficialistas que ha recibido la iniciativa.

El proyecto contempla conceder un indulto general a todos los involucrados en delitos relacionados con el estallido social, en el periodo de tiempo acontecido desde el 07 de octubre de 2019 hasta el día de la presentación del proyecto de ley. Todas  las personas que estén con medidas cautelares a la fecha también serían beneficiadas por el solo hecho de solicitar el indulto. Este será aplicado por el juzgado de garantía correspondiente con carácter de urgencia y con un plazo de 60 días.

El periplo del proyecto de indulto, iniciado el mes de diciembre de 2020 cuando fue derivado a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, resolviendo  que debía ser analizado también por las las Comisiones de Seguridad Pública y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Está última emitió un informe el día 5 de marzo del 2021 aprobando que el proyecto continuara su curso en la próxima instancia, esto a pesar de la negativa de los senadores Ivan Moreira (UDI) y Felipe Kast (EVO).

Fue el día 3 de septiembre del 2021 que la comisión elaboró su primer informe, el que fue aprobado nuevamente por tres votos a favor (Araya, De Urresti y Huenchumilla) y dos en contra (Ebensperger y Galilea). Un par de semanas después los miembros de la comisión acordaron elaborar un segundo informe, pero esta vez para que el proyecto fuera votado de forma particular y general. Nuevamente la votación determinó que el proyecto pasara a ser tramitado en la sala del Senado para ser despachado, no obstante en la sesión plenaria del 2 de noviembre del año pasado se acordó que la comisión debería elaborar un tercer informe para que la iniciativa pudiera avanzar. La última noticia que se tuvo acerca del tema fue el cambio de nombre pasando a llamarse "amnistía" en vez de indulto.

Quienes han seguido muy de cerca la evolución del proyecto son los parlamentarios oficialistas, quienes han expresado públicamente su rechazo a la iniciativa, tal es el caso de Camina Flores (RN) que durante el mes de enero acusó al proyecto de inconstitucional y advirtió que si este avanza enviará un recurso al Tribunal Constitucional.

“Se otorgaría este beneficio a un grupo importante de personas simplemente por tener una determinada ideología política", acusó en línea con Flores el actual vicepresidente de la cámara de diputados Francisco Undurraga (EVO), quien expresó a El Mercurio que “no resulta jurídicamente plausible que la izquierda legisle a la medida de los que delinquieron. El proyecto ha mutado para los efectos de lograr su aprobación, pero sin ningún rigor jurídico”.

De esta forma, la iniciativa sigue sin ser discutida en el Senado y se cruzaron en su camino las iniciativas presentadas por los constituyentes que buscan la liberación de los presos del estallido social.