La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica, que rechazó el recurso de protección deducido en contra de la implementación del Pase de Movilidad, que impone restricciones a quienes no estén vacunados o no hayan completado su proceso de inoculación contra del coronavirus.
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Corte Suprema confirma rechazo a recurso contra el Pase de Movilidad
El máximo tribunal del país desestimó los reclamos de personas que aseguran sentirse discriminadas por no poder participar de algunas actividades, debido a que no disponen de su Pase de Movilidad por no tener su esquema de vacunas contra el COVID-19 completo.
En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal desestimó actuar arbitrario de la autoridad sanitaria, que la accionó dentro de sus facultades legales, basadas en evidencia científica y en resguardo de la salud de la población.
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El fallo establece que la “implementación del Plan nacional de vacunación 2021 COVID-19, #yomevacuno, tiene como objetivo general preservar la integridad de los servicios asistenciales, las funciones críticas que permiten mantener la infraestructura del país; y prevenir mortalidad y morbilidad en subgrupos de la población, definidos por las condiciones biomédicas asociadas a mayor riesgo de muerte y complicaciones causadas o secundarias a infección por COVID-19”.
También se sostiene que “el Pase de Movilidad se basa en los antecedentes técnicos y estadísticos que han permitido comprobar que la vacuna es efectiva para prevenir los casos graves y la muerte por COVID-19”.
En la misma línea, la Sala Constitucional de la Corte Suprema determinó que “las restricciones que deben soportar los recurrentes por no vacunarse no resultan desproporcionadas ni poco razonables, ya que los derechos sanitarios colectivos deben privilegiarse por sobre el interés individual de los actores”.
“Las medidas dispuestas en la Resolución impugnada lo han sido por la autoridad sanitaria en pos de evitar un mal mayor, la propagación del virus SARS-CoV-2. De este modo, estas se ajustan a la racionalidad, y la legislación vigente, por lo que no existe ilegalidad ni arbitrariedad”, concluye el fallo.
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