Acusan a la Superintendencia de Educación de persecución contra de exdirigenta gremial
La Asociación Nacional de Funcionarios de la Superintendencia de Educación (Asume) denunció de "persecución" al organismo luego que una funcionaria y exdiregenta fuera despedida en dos oportunidades de forma ilegal mientras mantenía fuero maternal, según acusan.
De acuerdo a la denuncia, el primer despido ocurrió en septiembre de 2020, cuando Pamela Celis Aburto se encontraba embarazada. En la ocasión habría sido acusada de "faltas a la probidad" para justificar la remoción.
Los trabajadores aseguran que en noviembre del mismo año el superintendente de Educación, Cristián O’Ryan, envió un correo masivo a todo el servicio explicando que la profesional habría cometido una infracción “grave a sus obligaciones funcionarias”, y que en ese marco el proceso estuvo “ajustado a derecho”, donde “se comprobaron hechos graves que constituyen faltas a la probidad administrativa”.
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Sin embargo, la decisión tuvo un revés de Contraloría General de la República quien habría resuelto que las faltas acusadas no corresponde el despido. Frente a esto, el superintendente O’Ryan ordenó nuevamente un sumario que por segunda vez informó la destitución de la funcionaria desde el 29 de diciembre de 2021, nuevamente bajo fuero maternal, el que expira el 12 de marzo de 2022.
Al respecto, la presidenta de Asume, Carmen Jiménez, afirmó que "nuevamente vemos cómo se vulnera el fuero maternal de nuestra compañera de trabajo con un nuevo sumario administrativo que deriva en su desvinculación. Es por ello, que nosotros y nosotras consideramos que aquí hay una persecución de parte de la directora regional (Los Lagos) de la Superintendencia de Educación, Paulina Rettig, y del mismo superintendente Cristián O’Ryan, porque la funcionaria fue dirigenta de nuestra organización gremial".
“El primer sumario llegó cuando ella estaba con 37 semanas de embarazo y se tuvo que enfrentar en esa condición a todos los trámites judiciales para poder defenderse", aseguró Jiménez.
Oficios a Contraloría y demanda en tribunales
Además, desde Asume afirmaron que denunciaron a O'Ryan en la CGR por falta a la probidad administrativa, vulneración al principio de imparcialidad y abstención. Esto último a raíz del correo electrónico enviado al servicio.
De igual forma, presentaron "un escrito ante las Comisiones de Educación y de Género, de la Cámara de Diputadas y Diputados y por ambas presentaciones ya se ofició a la Superintendencia para que entreguen la información”.
Cabe destacar que la trabajadora Pamela Celis, de profesión abogada, demandó al superintendente de Educación por tutela de derechos fundamentales, por las vulneraciones de su fuero y por las declaraciones en su contra.
“Esperamos que este proceso se sobresea y dejen sus cargos las personas responsables de estas vulneraciones”, concluyó Carmen Jiménez.
