La militarización desde hace más de tres meses del sur de nuestro país, un zona donde existe un emblemático conflicto territorial mapuche que ha recrudecido en los últimos años, protagoniza el primer desencuentro entre los equipos del presidente saliente, Sebastián Piñera, y el entrante, Gabriel Boric.

El origen de la polémica, que aún resuena este martes, se remonta al domingo, cuando la futura ministra del Interior, Izkia Siches, aseguró en una televisión local que la medida "no ha logrado el objetivo de reducir la violencia" y que "hay civiles no mapuches a los que pareciera que les beneficia este conflicto".

Por la noche, Boric apoyó a su ministra, confirmando que retirará a los cerca de 2.000 militares desplegados desde octubre pasado en cuanto llegue al poder el próximo 11 de marzo y prometiendo nuevas medidas, entre ellas la posible instalación de una mesa de diálogo.

"Un Estado de Excepción no se puede normalizar", dijo el ex líder estudiantil durante su primera entrevista televisada en CNN Chile, una postura aplaudida por los pueblos indígenas.

En este contexto, la directora de Espacio Público, Verónica Figueroa, dijo a Efe que "desde el retorno a la democracia, ha habido muy pocos cambios en materia de políticas indígenas y ha habido muchas promesas incumplidas", por eso las propuestas de Boric generan "expectación".

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"40% menos de violencia"

La Araucanía y otras regiones del sur experimentaron en el último tiempo reiterados hechos de violencia, con la mayoría de esos episodios enmarcados en el conflicto mapuche, que enfrenta al Estado y al principal grupo indígena de nuestro país por las tierras que estos últimos habitaron durante siglos y que ahora pertenecen mayoritariamente a grandes empresas agrícolas y forestales.

Los ataques incendiarios a maquinaria y predios se producen casi de manera diaria en el marco de un conflicto que le ha costado la vida tanto a comuneros mapuches como a policías.

Piñera decretó el 12 de octubre el Estado de Excepción en cuatro provincias de la zona (Arauco, Biobío, Malleco y Cautín), una medida que el Parlamento prorroga sucesivamente desde entonces y que estará vigente hasta que el 9 de febrero se someta a una nueva votación.

Las declaraciones de Siches provocaron una serie de reacciones tanto en el gobierno como en los partidos de derecha que integran la coalición oficialista.

Incluso Piñera aludió a ellas, asegurando que los hechos de violencia se han reducido hasta en 40% desde que se militarizó la zona.

"Es importante informarse bien", le espetó en un acto oficial a Siches.

¿Medida eficaz?

La jefa de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, Claudia Heiss, señala que la militarización efectivamente ha contribuido a bajar el número de incidentes, "pero no su violencia ni su intensidad".

Una prueba de ello, agregó, son los asesinatos el pasado 18 de enero, con escasas horas de diferencia, de dos hombres que recibieron disparos realizados por desconocidos en las comunas de Cañete y Collipulli.

"Si no tienen una fuerza armada militarizada que los está combatiendo, es mucho más difícil para los grupos radicales justificar el nivel de violencia que estamos viendo hoy en día", añadió.

En ese sentido, la salida de los militares y el cambio de criterio del próximo gobierno podrían "descomprimir el conflicto" y "abrir cierto espacio para el diálogo" entre la gran cantidad de actores involucrados, asegura Jeanne Simon, de la Universidad de Concepción.

"El uso de la fuerza represiva del Estado no es la mejor estrategia, se requiere justamente una mesa de diálogo, un mayor reconocimiento y conocimiento de los pueblos indígenas", abogó.

Para Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), "debería primar una visión de Estado, más allá de la contingencia política", pero alertó que "no hay diálogo posible sin el restablecimiento de la paz y el orden público".

"El gobierno entrante, más temprano que tarde, tendrá que asumir esa realidad", concluyó.