Australia registró esta semana los peores datos de contagios, hospitalizaciones y muertes de toda la pandemia del COVID-19, en un momento marcado por el pulso de las autoridades con el tenista serbio Novak Djokovic, que además de no estar vacunado habría mentido en la documentación de ingreso.

El jueves, las autoridades sanitarias notificaron más de 150.000 nuevos positivos, cifra que descendió este viernes, con aproximadamente 130.000 contagios. Sin embargo, el dato sería sólo parcial, en la medida en que el gobierno ya no exige confirmar con PCR el positivo de un test de antígenos y estos no siempre quedan registrados.

Además, por primera vez Australia suma dos días con más de 50 fallecidos por COVID-19, según la cadena de televisión ABC. Aunque todavía no se alcanzan los 59 confirmados el 4 de septiembre, ese balance estaría en parte distorsionado, ya que en él se incluyeron víctimas atrasadas en el estado de Victoria.

El gobierno australiano ha mantenido durante gran parte de la pandemia una estrategia de 'casos cero', adoptando duras medidas de contención ante la aparición del más mínimo brote, en línea con la estrategia seguida por Nueva Zelanda y, especialmente, China.

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Ómicron causa estragos

Sin embargo, la aparición de la variante Delta del coronavirus en verano ya llevó al gobierno de Scott Morrison a reconocer que la estrategia tambaleaba, lo que se ha hecho evidente ante la llegada de la variante Ómicron, responsable de cifras récord de contagios en gran parte del mundo.

Las autoridades tratan de impulsar la campaña de vacunación y generalizar las dosis de refuerzo. De hecho, a fines de enero bastará con que hayan pasado tres meses desde la segunda inyección, para que toda la población adulta pueda recibir el citado refuerzo, que se considera clave frente a Ómicron.

Por otra parte, el gobierno se vio obligado a modificar los protocolos de aislamiento para contactos, de tal forma que una serie de trabajadores esenciales no tendrán que guardar cuarentena y, por tanto podrán, seguir trabajando para evitar carencias en sectores como sanidad o educación, así como en los servicios de transporte o de comunicaciones.