Urbanistas destacan cambios positivos en ley “pro-inmobiliarias” que discute el Congreso
El desarrollo urbano en Chile no ha podido superar problemas como el déficit habitacional, los campamentos o la segregación urbana, y en eso parece haber consenso entre los distintos sectores de la sociedad. Pero la forma de abordar el problema ha generado polémicas. Así sucedió con el proyecto de ley de integración social y urbana, que fue considerado como “pro-inmobiliarias” y rechazado por la oposición y urbanistas. Hoy, con modificaciones, el proyecto vuelve como tema de urgencia al Congreso.
Tanto desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) como desde el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales (IEU-T) de la Universidad Católica, habían levantado sus dudas con respecto al proyecto en su momento. Ahora, urbanistas de ambas instituciones analizan con otra cara la iniciativa a partir de las modificaciones que ha tenido.
Uno de los avances más importantes que destacan, es que las modificaciones se hagan no a nivel central sino desde los planes reguladores y otros instrumentos de ordenamiento territorial que se hacen desde los municipios y con participación ciudadana.
“Fue un aspecto que generó mucha desconfianza en el proyecto, incluida la nuestra, porque no podía haber una ley que estuviera por encima de las decisiones soberanas de los municipios. Con las indicaciones sustitutivas eso se eliminó completamente. Ahora es explícitamente en los planes reguladores y otros instrumentos de ordenamiento territorial donde se establecerán los incentivos y obligaciones para la integración social. Eso nos deja conformes porque consideramos que el espacio para incorporar estas medidas es en la discusión soberana de los municipios y sus comunidades respecto a cómo quieren sus barrios”, analiza Sergio Baeriswyl, presidente del CNDU.
Para Luis Fuentes, director del IEU-T, “el proyecto original era básicamente una concesión de suelo y beneficios normativos para el sector inmobiliario. Las modificaciones que le han hecho cambiaron el tenor, fortaleciendo el banco de suelos públicos o incluyendo la integración social en los planes reguladores. Creo que este proyecto no va a cambiar los problemas estructurales de nuestra forma de hacer ciudad, pero se ha discutido durante dos años y se logró incluir cosas valiosas para hacer frente a las urgencias mientras discutimos los cambios estructurales que deben hacerse”, apunta el urbanista.
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Aportes a la integración social
Un aspecto que evalúan como positivo dentro del proyecto de ley, es el rol protagonista que cumplirá el Estado en acceso al suelo para viviendas con subsidios, con la creación de un banco de suelos públicos. “Por lo general, la compra de suelos es parte del encargo que le hace el Estado al privado cuando se asignan los subsidios. El privado entonces incorpora el valor del suelo en el valor de la vivienda de alguna manera, lo que lleva a procesos imperfectos de localización y costos de la vivienda. El Estado puede comprar suelo bien localizado con más tiempo, sin la presión del privado de tener un rédito inmediato, y esos suelos se pueden poner a disposición de las viviendas con subsidio de forma más planificada y con menores costos”, resalta Sergio.
El otro gran aporte de la ley según ambos urbanistas es que se comience a hablar de integración social en los planes reguladores y otros instrumentos de planificación territorial. “Cuando las comunidades se enfrentan a las discusiones para actualizar los planes comunales, se preocupan de temas como la altura permitida, la densidad, los conos de sombra. Y está bien. Pero también es importante que sepan que los planes reguladores son también instrumentos sociales que deben promover comunidades más integradas, entonces ese tipo de discusiones se van a tener que dar de forma más explícita y eso es un avance enriquecedor”, plantea el presidente del CNDU.
Tanto para Sergio como para Luis, el proyecto debe perfeccionarse durante la discusión parlamentaria, para asegurar que signifique un aporte para abordar la urgencia del déficit habitacional, sin dejar amarres que beneficien el negocio inmobiliario sobre las personas. De esa forma, aunque hay problemas estructurales de fondo que quedarán como desafío de un próximo gobierno, ven al proyecto como un avance con respecto a la situación actual.
El vacío de la regeneración urbana
Uno de los temas faltantes en la discusión, y que ha sido destacado desde entre urbanistas, es el real significado de la integración social. En el caso del proyecto de ley, este se refiere a la integración social como el acceso a bienes públicos. Pero deja de lado otros aspectos como la integración entre diversas clases sociales en un mismo espacio.
Según consigna un documento elaborado por el IEU-T, “no hay evidencia científica de que una mejor accesibilidad (a bienes públicos como transporte, infraestructura o servicios) evite los problemas de desintegración social que se quieren abordar. Hay varios conjuntos de vivienda con problemas sociales muy serios, que están perfectamente conectados al transporte y se encuentran cerca de variados bienes públicos, (La Legua, por ejemplo)”, se indica en el documento.
Hay otro fenómeno que se invisibiliza al equiparar la integración social con el acceso a bienes públicos. Se trata de la regeneración urbana de aquellos barrios con déficit de infraestructura, transporte o servicios. En este sentido, según el análisis de los urbanistas, el proyecto de ley avanza al crear planes maestros de regeneración urbana, pero se queda corto.
“El proyecto todavía es débil en regeneración urbana todavía y su concepción original es mirar hacia la ciudad que vamos a construir hacia el futuro y acercar a la gente a los servicios. Pero también hay que ver para atrás, a barrios que se construyeron en los 90 o sectores más tradicionales y que hoy tienen un déficit de servicios y equipamiento importante. No es un tema menor porque en esos barrios vive una parte importante de la población del país”, recuerda Luis Fuentes.
Como temas importantes de agregar en la discusión parlamentaria, Sergio Baeriswyl destaca las propuestas para reducir el tiempo de tramitación que llevan los planes reguladores, “que hoy son de casi 7 años, y que podrían acortarse a un año y medio o dos, sin dañar en nada la participación ciudadana”, agrega. Para Luis Fuentes, también es importante abordar la falta de articulación del proyecto con otras leyes como la de aporte al espacio público o la ley de financiamiento urbano compartido.
