Durante la noche del pasado miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) emitió un comunicado para dar a conocer de una notificación que la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) hizo al Estado de Chile. La información que llegó a la Cancillería tiene que ver con la causa que esta instancia abrió a raíz de los antecedentes presentados en contra del Presidente Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad, ocurridos durante las manifestaciones que se iniciaron en octubre de 2019.

En la declaración, el Minrel aseguró que la Oficina del Fiscal decidió "no iniciar un examen preliminar respecto de las alegaciones formuladas". A lo que agregaron que esa oficina "descarta fundadamente que existan antecedentes sobre situaciones que puedan ser consideradas delitos sobre los que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción, concluyendo que las situaciones que le han sido comunicadas carecen del mérito necesario para abrir un examen preliminar de las mismas".

Sin embargo, uno de los abogados que presentó antecedentes ante la CIP, Ricardo Ignacio Bachmann Fuentes, aseguró que la versión de la Cancillería es "incompleta y sesgada", ya que en el escrito la Oficina del Fiscal de la CPI habría reconocido la existencia de antecedentes que apuntan a que se cometieron delitos de lesa humanidad.

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El también doctor en Derecho y profesor de la universidad Pablo de Olavide de Sevilla, ingresó los antecedentes en diciembre de 2019, proceso que se acumuló con otra presentación realizada este año por la fundación del exjuez Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia.

Bachman asegura que en el documento "el fiscal da por probado que se cometieron asesinatos y otros actos inhumanos, como torturas y agresiones de carácter sexual, durante el periodo de las protestas a partir del 18 de octubre de 2019".

Es más, asegura que el fiscal reconoce la "competencia temporal, territorial y personal", es decir que los crímenes denunciados ocurrieron al tiempo que la CPI estaba vigente, que se cometieron en territorio nacional y que fueron en contra de la población civil chilena.

Bachmann asegura que junto con lo anterior, el fiscal "da por probados dos registros muy complejos". En primer lugar, de que "se trató de un ataque generalizado contra la población civil por parte de fuerzas del Estado", en segundo lugar, según el jurista se habría reconocido el "elemento sistemático", lo que significaría que "hubo patrones de conducta en el actuar de las fuerzas de orden y seguridad, es decir, que no se trató de casos aislados".

Principio de complementariedad

Consultado sobre por qué si el fiscal entiende que hay antecedentes que apuntan a la comisión de delitos de esta magnitud, de todas formas decide no continuar con el examen preliminar, Bachmann afirma que se debe al "principio de complementariedad".

Este principio jurídico está consagrado tanto en el preámbulo como en el artículo 1° del Estatuto de Roma, el que rige a la Corte Penal Internacional. Quiere decir que este tribunal es de "carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales", por lo que no se pronunciarán sobre causas que estén siendo conocidas debidamente por tribunales internos.

"Solamente la Corte va a entrar a investigar si es que la justicia chilena no puede, o no quiere, y como se ha informado de que existen causas abiertas pendientes, entonces el fiscal dice que no va a iniciar el examen preliminar, por ahora, pero que seguirá recibiendo antecedentes", explica el abogado.

En efecto, existe todavía una investigación abierta por parte del Ministerio Público en contra del Presidente de la República a raíz de múltiples querellas por violaciones a los derechos humanos ocurridas en el llamado "estallido social". Las indagatorias son lideradas por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.

De todas maneras, Bachmann hace una salvedad y afirma que si bien no existe un plazo para que la CPI "espere" a que la Justicia nacional resuelva, "este tiempo es condicionado, porque la Corte ya tiene por acreditados los crímenes de lesa humanidad que nosotros denunciamos".

"Nosotros vamos a seguir enviando antecedentes como si esta comunicación no hubiese llegado y vamos a seguir recabando información. Vamos a trabajar el tiempo que sea necesario para que la Corte abra una investigación, a menos que la Justicia chilena haga su trabajo", afirma.

Finalmente, adelanta que "una vez que Piñera termine su mandato vamos a iniciar todas las acciones que tengamos a mano para perseguirlo a él y a todas las personas que resulten responsables, tanto en la jurisdicción chilena como en la de otros países".