Nos encontramos frente a una elección presidencial donde está en juego el defender los derechos y reconocimientos en materias de género para seguir ampliando derechos, o estancarnos y retroceder derogando derechos ya establecidos. Estas elecciones son la posibilidad de tener un gobierno y una mayoría parlamentaria que instale transformaciones para saldar las deudas de la democracia, no solo con las mujeres y las disidencias sexuales y de género, sino que con todos los grupos históricamente excluidos.
Para un país diverso, un Congreso diverso
En este contexto es que debe preocuparnos que el candidato presidencial de la extrema derecha intente vestirse de ropajes profundamente democráticos y como una persona no homofóbica, cuando asevera en el último debate presidencial de Anatel que nunca ha discriminado a alguien. Difícil creerle, cuando el mismo candidato omite la existencia de las disidencias sexuales y de género en su plan de gobierno, cuando promete modificar la Ley de Identidad de Género, cuando se ha opuesto al matrimonio y a la adopción igualitaria, y que desde que fue diputado promueve los discursos de odio en contra de la comunidad LGBTIQA+. Este mismo candidato es quien distingue entre personas legalmente casadas para otorgar los beneficios de la política pública, discriminando así por ejemplo a las mujeres jefas de hogar que representan el 83% de los hogares monoparentales; que ha prometido derogar la Ley de Aborto en caso de riesgo de vida de la mujer, de inviabilidad fetal letal y en caso de violación; que quiere fundir el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género con el Ministerio de Desarrollo Social, entre otras cosas.
Junto con lo anterior, tras el aumento de la homofobia, la transfobia y los crímenes de odio en contra de las comunidades sexodisidentes, es que necesitamos un mayor reconocimiento de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de la comunidad LGBTIQA+. Esto implica crear una institucionalidad propia, como un Servicio Nacional Antidiscriminación que permitiría la elaboración de políticas públicas para la prevención y reparación integral en áreas estratégicas, como salud, trabajo, educación, vivienda y seguridad; promover e implementar leyes específicas y dirigidas, como una Ley Integral Trans, que incluya cupos laborales y educacionales; y reformar la actual Ley Antidiscriminación, por mencionar algunas.
Por lo tanto, en estas elecciones tenemos la oportunidad de expresar también por la vía institucional las transformaciones sociales y culturales que han sido demandadas por las personas, comunidades y organizaciones. El programa del candidato presidencial Gabriel Boric y la lista parlamentaria Apruebo Dignidad apuesta a construir un Chile más justo, más inclusivo y más democrático, un país y un parlamento más diverso, que integre a las distintas identidades que componen nuestra sociedad y, en particular, a los grupos históricamente excluidos, invisibilizados y apartados de los espacios de poder.