Este lunes el pleno de la Convención Constitucional dio inicio formal al proceso de discusión de los contenidos de una nueva Constitución para Chile. Dos años después del estallido fundacional de la movilización social que condujo a este proceso, la historiadora Viviana Bravo, investigadora de este tipo de hitos sociales Historiadora del movimiento social Viviana Bravo: "La revuelta popular no es una fuerza de la naturaleza que nace de la nada"en la región, considera que, en primer lugar, es más pertinente emplear el concepto de “revuelta popular” que el de “estallido social” para describir este devenir.

“Esta no es una fuerza de la naturaleza que nace de la nada. Se trata de una situación que se va acumulando y por fin explota tras un desgaste de la paciencia de la clase trabajadora. Hay un descontento compartido, lo que permite transformar la rabia y el hastío individual en un agravio colectivo que se expresa y se socializa en el espacio público y ahí es cuando se visualiza”, señala. Compara este proceso al de acontecimientos como la Revuelta de los Tranvías (1888), la Revuelta de la Chaucha (1949) o la Batalla de Santiago (1957) que también tuvieron un catalizador común y similar al que inició el salto de los torniquetes un día de octubre hace dos años, dice la académica de la Licenciatura en Historia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

[caption id="attachment_694563" align="alignnone" width="1024"] Agencia Uno[/caption]

“En todas estas revueltas hubo un elemento detonador que coincidió con el alza del transporte público, esa fue efectivamente la gota que rebalsó el vaso, pero cuando las analizamos entendemos que hubo causas subyacentes más profundas qué guardan relación con un historial de agravios”. Para Bravo, las revueltas vienen acompañadas de movilizaciones previas que dan cuenta de distintas molestias que se han incubado dentro de la sociedad: “Estas distintas luchas que parecen fragmentadas apuntan justamente a lo que tiene relación con la imposición del neoliberalismo y una vida bajo lineamientos que establecen un despojo en términos de derechos sociales. Hay un encadenamiento de luchas, de movilizaciones y de demandas que vienen precedidas por intentos de negociar, pero vemos también cómo el Estado y la fuerza represiva responden a estas movilizaciones hasta que un día el pueblo se moviliza y dice ya no aguantamos más, hasta aquí toleramos y se marca el límite hasta dónde se está dispuesto a soportar. Eso significó ese 18 de octubre”.

A no romantizar la revuelta social

La docente e investigadora Fondecyt que firma el trabajo “Clase trabajadora y protesta urbana en el marco del agotamiento y crisis del desarrollismo. Santiago y Valparaíso 1947-1964” (Fondecyt N°11180315), cree que, a la fecha, probablemente el mayor triunfo de las fuerzas conservadoras tanto en Chile como en América Latina, ha sido la imposición de medidas neoliberales y la atomización de las luchas sociales, un proceso que imprimió una fuerte desconfianza hacia quienes buscan impugnar la totalidad del modelo y aspiran a su transformación radical, sostiene Bravo. “Esta despolitización es lo que viene a cuestionar el 18 de octubre, donde vemos una sociedad repolitizada que socializa en el espacio público, que se toma las plazas y las esquinas. Las fuerzas conservadoras hacen política en salones y otros espacios institucionales como en la sede del partido y el Parlamento. La clase trabajadora ha hecho política en la calle”, compara.  Respecto a los avances que se han registrado desde el 18 de octubre, la profesora estima que, dentro de los grandes avances, destaca que se haya impugnado la hegemonía y legitimidad de la Constitución de 1980 redactada en dictadura, lo que se instaló como un debate público que ha recorrido la naciente historia de la Convención Constituyente con todas sus dificultades, estima.

[Te puede interesar] Álvaro Ramis, rector de la universidad de Gustavo Gatica: "Piñera es el instigador del odio y la violencia"

Al mismo tiempo, Bravo opina que no se deben romantizar las revueltas, ya que estas no siempre son liberadoras y pueden contener un contenido reaccionario, como quedó de manifiesto durante la marcha anti inmigración que ocurrió en Iquique a fines del mes pasado. La académica opina que: “Hay una población importante que es de derecha y conservadora que seguramente se va a plegar a los llamados que hace Kast y las fuerzas que él representa, porque a veces tendemos a individualizar pero forma parte de un sector de ultraderecha con tintes neofascistas que también intentó tomar el espacio público, lo vimos en la contraofensiva que iniciaron en la misma revuelta popular con las marchas y los golpes que propinaban, pero no les resultó porque se encontraron con una sociedad más consciente y movilizada”.

“Hoy tenemos una sociedad mucho más politizada que ha sabido impugnar a las fuerzas reaccionarias y conservadoras. No va a ser fácil que las energías políticas liberadas a través de la revuelta popular del 18 de octubre sean cooptadas por la derecha, efectivamente ha existido un intento, han insistido en ello desde un primer momento y no lo han conseguido”, reflexiona.

Por su parte, el rector de la UAHC, Álvaro Ramis, aporta un enfoque sobre la justicia y la búsqueda de la dignidad como asuntos aún no resueltos a lo largo de estos dos años de movilización y considera inaceptable que se imponga la impunidad avalada por una inacción del Estado y la permanente estigmatización de las víctimas que, muchas veces, han visto prescribir muchas de sus causas. “Insistimos con la urgencia de crear una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del estallido, que busque dar garantías de no repetición. Esta debe ser una política pública integral, que incluya la identificación y sanción de las responsabilidades de las autoridades y los altos mandos en estos hechos, y el apoyo a la persecución internacional de eventuales delitos de lesa humanidad”, agrega.

En este tránsito, el trabajo de la Convención Constitucional se alza como una alternativa para articular un trabajo transversal e integrador que garantice el carácter intangible de la dignidad humana, agrega. “El respeto y protección de estas garantías debe ser una obligación efectiva de todo poder público. La nueva Constitución deberá reconocer también los derechos específicos de los defensores y defensoras de los Derechos Humanos, como actores esenciales en este proceso, y sujetos de especial protección por parte del Estado”, señala Ramis.