El 3 de septiembre pasado, la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, anunció que la industria textil será incluida en la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), noticia que celebramos mucho desde Circular, donde llevamos 7 años intentando levantar el tema.

Este anuncio tiene gran relevancia, ya que tal como lo mencionó la Ministra Schmidt, ésta es “una de las industrias más contaminantes en la generación de gases de efecto invernadero en el mundo y de la producción de microplásticos en los océanos”. Cabe destacar eso sí, para no generar falsas expectativas que, la Ley REP tiene por objetivo prevenir los residuos y gestionarlos en su fin de vida, nada puede hacer respecto al impacto de GEI en su etapa de producción y transporte, considerando que la gran mayoría de los textiles no se fabrican en Chile.

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Por otro lado, con respecto a la generación de microplásticos, estos se producen principalmente en la etapa de uso al lavar las prendas de fibras sintéticas (poliéster, nylon, acrílico) utilizando además, detergentes con microplásticos en sus componentes, sobre lo cual esta ley tampoco tendrá incidencia, salvo se establezcan otras normativas complementarias, como por ejemplo la prohibición de incorporar microplásticos de manera deliberada en las fórmulas de los detergentes y exigir que las lavadoras tengan implementado filtro, tal como se está regulando en europa, ya que la opción de prohibir los materiales sintéticos nos dejaría casi sin ropa en el mercado, dado que actualmente estas fibras representan un 69% y se espera que para el 2030 podrían llegar a suponer el 85%.

El real impacto de la incorporación de los textiles a la Ley REP en nuestro país, se encuentra en la gestión en su fin de vida, es decir, gestionar de manera responsable las miles de toneladas de residuos textiles que se generan en el mercado local, efecto de un modelo económico lineal de hiperconsumo, que promueve la obsolescencia programada (prendas de mala calidad) y la obsolescencia social y percibida (moda rápida).

Actualmente el fast fashion lanza al mercado 52 colecciones al año y en mercados como Chile, donde prima el modelo low cost (bajo costo), hace que estas prendas roten rápidamente en los closets de las personas, con un promedio de consumo per cápita de 50 prendas al año, ya sea porque pasan de moda o por su baja calidad, ambos atributos las hacen desechables, lo que genera una gran cantidad de residuos textiles de post consumo domiciliario, a lo que hay que sumar todas las prendas que no son vendidas y se transforman en residuos textiles post industriales.

El objetivo principal de la Ley REP es prevenir la generación de residuos y no enfocarse solo en el reciclaje, como se suele confundir. Es importante considerar que esta Ley está pensada para buscar soluciones a gran escala, más allá del aporte que puedan hacer algunos emprendimientos de supra reciclaje, estos no son capaces de absorber la totalidad de residuos que se generan a nivel local, por lo que se hace necesario crear modelos de negocios circulares a gran escala, los que deberían estar también alineados con la Hoja de Ruta de Economía Circular. En el caso de los textiles, por ejemplo, que permitan alargar la vida útil de las prendas para que no se transformen en desechos, es ahí donde el mercado de segunda mano se presenta como una alternativa que podría ayudar a cumplir las metas de la Ley Rep y además, como una gran oportunidad de negocio, sobre todo si consideramos que la tendencia internacional proyecta que la ropa de segunda mano superará a la moda rápida en 10 años.

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Pese a su gran potencial, el mercado de segunda mano no deja de estar exento de desafíos, primero porque es necesario normar de manera más estricta la importación de ropa usada al país, que ya actualmente implica un enorme problema socioambiental en regiones como la de Tarapacá, donde ingresan alrededor de 59 mil toneladas de prendas de segunda mano al año, de las cuales la gran mayoría quedan botadas en el desierto y son quemadas de manera ilegal, transfiriendo externalidades negativas tanto a las comunidades como al medio ambiente. Por lo que si pensamos en prevenir estos residuos se debería regular la calidad de prendas que ingresan al país, de modo que efectivamente sí puedan ser vendidas, evitando el ingreso de prendas de 3ra o 4ta categoría.

Lo ideal sería fomentar la reutilización de prendas en un mercado de segunda mano local, es decir, que las prendas que dejamos de usar y que siguen en buen estado puedan reingresar a la cadena nuevamente en una segunda vida, pero para esto se presentan dos principales problemas, primero la baja calidad de las prendas que se venden en el retail y de peor calidad, la comprada por internet en aplicaciones low cost, que hace difícil alargar su vida útil y segundo, la falta de normativas que regulen este mercado en nuestro país. Si bien existe una norma sanitaria (Decreto 2389) que regula la ropa usada que se importa para ser comercializada en Chile, no hay ninguna norma que regule la ropa usada que se genera dentro del territorio y se vende en el mismo, lo cual significa un vacío bastante riesgoso si tenemos en cuenta que los textiles de post consumo domiciliarios son considerados residuos peligrosos, ya que pueden ser focos de infecciones, sobre todo en el contexto sanitario actual. Así mismo, existe otro vacío legal, tampoco hay una regulación para el transporte de residuos textiles, por lo que no hay trazabilidad sobre lo que sucede con estos.

Dentro de los temas a considerar para la creación del decreto supremo de metas a establecer para residuos textiles en la Ley REP, al igual que ya ha sido incorporado en el de Envases y Embalajes, además de normar la gestión y reciclaje de los residuos, se deberá regular la incorporación de material reciclado en nuevos productos, ya que en el caso de los textiles, los residuos serán principalmente de post consumo domiciliario (textiles usados) lo que implica como ya lo mencioné, un riesgo sino se incorporan protocolos sanitarios estrictos y se regula el uso del material reciclado sólo para ciertos productos, tal como se hace con el plásticos. Porque además del tema sanitario, hay que considerar también que al reciclar textiles se produce un downcycling (infra reciclaje), dado que el proceso a nivel local se realiza de manera mecánica lo que disminuye la calidad de la fibra y obliga a incorporar material virgen o PET, si se busca un ciclo de “polera a polera”, por lo que, a la hora de establecer las metas será necesario evaluar todos los posibles impactos para no transferir externalidades negativas a los nuevos productos.

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La incorporación de los textiles como producto prioritario a la Ley REP se presenta como un gran avance para disminuir en parte el impacto que provoca la industria textil, pero su implementación llevará varios años mientras que la crisis climática en la que nos encontramos exige tomar acción de manera apresurada, por lo que es fundamental que el Estado empiece regular la cadena, considerando además, que es un mercado que está creciendo de manera exponencial e implica graves impactos socioambientales, y por su parte, el mercado debe también comenzar a prepararse y aumentar sus capacidades técnicas, creando modelos de negocios circulares y fomentando hábitos de consumo circular en la ciudadanía desde ya, de lo contrario este proceso será aún más lento y difícil de implementar.

Carola Moya, Directora y Cofundadora de la Asociación de Consumo Sustentable de Chile, Circular. Directora Ejecutiva de STGO SLOW. Miembro del Comité Operativo Ampliado Ley REP PRAEE