El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, podría abrir una causa penal en contra del Presidente Sebastián Piñera, luego de identificar que el escándalo del Pandora Papers sí reveló antecedentes nuevos que complicarían al mandatario.

Esto, pese a que el mismo Piñera aseguró, en repetidas ocasiones incluyendo un punto de prensa en La Moneda, que lo evidenciado en el reportaje internacional ya se conocía y se había investigado en tribunales chilenos, resultando sobreseído de la querella presentada por el entonces diputado del PC, Hugo Gutiérrez.

Sin embargo, esto no sería del todo exacto. Si bien es verdad que fue sobreseído por la Corte Suprema, existía un antecedente importante que no estuvo presente en la investigación a cargo del, en ese entonces, fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, “cuando tramitó el caso Exalmar y la arista que comprometía al proyecto minero (Dominga), sólo se encontró un preacuerdo en español del contrato de compraventa de las familias de Carlos Délano y el Presidente Sebastián Piñera que luego se selló en las Islas Vírgenes Británicas. La situación descartaría que los documentos ya hayan sido objeto de indagatoria”.

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Este documento alude al contrato firmado en Islas Vírgenes, revelado en Pandora Papers, donde se fijaba el pago de tres cuotas. La última, estaba condicionada a que la zona donde se ubicaría el proyecto no se declarara zona de exclusión. Esto le trajo utilidades a la familia Piñera por más de 1.000% en un año y medio.

Es por eso que la decisión de presentar una causa penal contra Piñera, por el delito de cohecho, tanto contra él como su mejor amigo, Carlos Alberto Délano, está en manos del Fiscal Nacional, quien de acuerdo al diario citado, la oficializaría en las próximas horas.

“Es de mayor gravedad”

Estallado el escándalo político, no tardaron en llegar las reacciones. El primero fue el diputado Marcelo Díaz, quien declaró que “es de tremenda y enorme gravedad y amerita que la Fiscalía haga lo que debe hacer e investigar si el Presidente cometió delitos”.

“Además, este hecho que es de mayor gravedad, tanto nacional como internacionalmente, justifica la presentación de una acusación constitucional en su contra”, añadió.

Por su parte, Gabriel Silber expresó que “esto echa por tierra el principal argumento del propio Presidente, que todos estos antecedentes eran conocidos por la justicia”.

“Si esto ya era grave, ahora es gravísimo tener a la primera autoridad de la República, investigada por el delito de cohecho. La acusación constitucional que preparamos desde la oposición ahora toma más fuerza”.