Una rabieta de adolescente lo cambió todo. La recuerda bien: se sentía diferente, distinto al resto de miembros de la familia. Sentía celos del resto. Fernando Lezaeta Hurtado tenía entonces 15 años y protagonizó una pataleta de “cabro chico” –dice–, una discusión tras la cual su padre lo sentó al frente de su escritorio.

- Te voy a contar la verdad.
- ¿La verdad de qué?
- Tú eres adoptado. Tu mamá y yo te adoptamos porque tu madre perdió un hijo y se secó por dentro. Viajamos a Estados Unidos, allá la operaron y le sacaron todo.

Fernando Lezaeta Castillo, quien suponía hasta entonces que era su padre biológico, sacó entonces una llave y abrió el cajón del escritorio. De ahí exhibió un legajo de documentos:

- Aquí está todo lo que tiene que ver con tu adopción para que a futuro encuentres a tu familia.

Han pasado 48 años desde ese episodio y Fernando Lezaeta Hurtado, que está por cumplir 63, lleva más de 10 años buscando indicios de su madre biológica. “Guardé todos los papeles que me pasó mi padre en una caja y me quedé tranquilo porque no entendía muy bien el significado de todo aquello”, cuenta. Hoy conserva cartas, fotos, fotocopias y documentos de archivo en un maletín de cuero marrón que, como piezas de un puzzle, reconstruyen su historia. Una historia que empezó a hurgar tras la muerte de su padre, en 1996, cuando decidió consultar a un abogado amigo. “Lo leyó y no lo podía creer, se agarraba la cabeza, y me dijo: ‘A ti te robaron y te vendieron’”.

Entre 1939 y los años 90 en España se produjeron miles de sustracciones ilegales de bebés. Pese a que no existen datos oficiales al respecto, según un informe de Amnistía Internacional (AI) de marzo de 2021, la Fiscalía y el Poder Judicial han emprendido más de 2.100 investigaciones hasta esa fecha. El informe de la organización considera que estas prácticas se produjeron en una primera fase durante la posguerra: “La represión incidió de forma particular sobre la ‘mujer republicana’, a la que se culpabiliza de la alteración de los valores tradicionales”.

Por otro lado, indica el texto, “también en esa época, se pone el foco en lo que la ideología franquista considera ‘mujeres caídas’, a quien el Estado debe reeducar por haber caído en la ‘inmoralidad’ o para prevenir que cayeran en ella”. En el fondo, se trataba de mujeres vulnerables: madres de familia numerosa, humildes o muy pobres; o mujeres solteras, separadas o adolescentes y “casi todas con importantes carencias culturales y educativas”. Sus hijos eran sustraídos de clínicas, maternidades y hospitales, casas-cuna e institutos de beneficencia, con la complicidad o participación de distintos actores (estatales y no estatales) como médicos, enfermeros, monjas, sacerdotes, funcionarios judiciales y trabajadores de instituciones de salud pública.

Un robo de criaturas que se consolidó gracias a un marco legal con las suficientes deficiencias y lagunas como para permitir la sustracción y la reasignación ilegítima a otras familias aparentemente aptas para su crianza. Entre los países de destino de los niños y niñas estaba Chile, México y Colombia, así como otras provincias españolas.

[caption id="attachment_691985" align="alignnone" width="1024"] Fernando Lezaeta Hurtado / Foto: M. F.[/caption]

"Un niños rubio y de ojos azules"

Fernando Lezaeta Hurtado fue robado por el Estado español cuando tenía solo cuatro días de vida a través de un militar de alto rango quien lo sacó del Instituto Provincial de Puericultura, Inclusa y Colegio de la Paz, ubicado en la calle O'Donnell 50 de Madrid, para entregarlo a un matrimonio de la elite chilena que no podía tener hijos. Fernando ha contado su historia decenas de veces, en España y en Chile, pero hay detalles de los vínculos de su familia que han sido omitidos en muchas ocasiones. Ahora que siente que “ya no tiene nada que perder”, quiere hacerlos públicos.

El matrimonio Lezaeta Hurtado encargó un bebé a España cuando el país vivía en plena dictadura de Francisco Franco (1939-1975). Lo hicieron gracias a los privilegios y contactos que la alta esfera de la sociedad chilena mantenía con la Iglesia chilena y española, y también por los vínculos entre mandos militares de ambos países.

Fernando Lezaeta Castillo no era un oficial cualquiera, fue coronel e instructor de Pinochet. Dirigió el regimiento Esmeralda del Ejército chileno en Antofagasta hasta que en 1960 lo dejó en manos del dictador. Instruyó en la Escuela Militar, de donde se retiró antes de que llegara el golpe de Estado. Su esposa, Inés Hurtado Echenique, era prima del abuelo materno del actual presidente Sebastián Piñera Echenique: “Ella se consideraba tía de segundo grado de Piñera”, precisa Lezaeta Hurtado. También era hermana del diputado por el Partido Conservador Fernando Hurtado Echenique, prima del sacerdote Alberto Hurtado y pariente de varios políticos conservadores como el abogado y primer presidente de RN Ricardo Rivandeneira Monreal, el ex presidente del mismo partido Carlos Larraín Peña o el ex ministro y parlamentario Andrés Zaldívar.

Las gestiones entre el matrimonio y el director de la Inclusa de Madrid las llevó a cabo el entonces teniente coronel de Infantería Félix Álvarez-Arena y Pacheco, quien años más tarde (1975-1977) llegó a capitán general y ministro del ejército español. Su rol fue clave para la sustracción del bebé. Lezaeta Castillo y Álvarez-Arenas se conocieron en los 50 en la Escuela de las Américas, conocida por instruir sobre técnicas de tortura y ejecución sumaria a militares de distintas partes del continente. Numerosas cartas entre ambos cuentan las maniobras que hicieron para encontrar un bebé a la carta, llevarlo a Chile y darle una nueva identidad.

“Deseamos vivamente adoptar una niña y un niño ya que no tenemos la dicha de tener hijos y preferimos a toda otra procedencia los pupilos de su digno establecimiento por las referencias que tenemos de ud. y porque nos agrada la raza española que es la nuestra”, partía la carta que Fernando Lezaeta escribió el 20 de octubre de 1958 a Fernando Mellado, director de la Inclusa de Madrid desde 1955 hasta 1961. En el texto, el coronel chileno describía su situación económica y social –”excelente”–, mencionaba todas sus propiedades y enfatizaba su pertenencia a la “sociedad católica de Santiago” y a una familia con “sólida moral”.

El matrimonio, en el que ambos tenían 46 años, pedía “un niño rubio con ojos azules y una hermanita”, pero tanto la Inclusa como Félix Álvarez-Arenas le respondieron que “es casi imposible lograr una niña” por la “larguísima lista de peticiones” y que para “menores de un año hay que esperar una oportunidad que no se sabe cuándo se presentará”. En la misma respuesta, del 5 de noviembre de 1958, el militar español describió el proceso de la supuesta adopción: “La tramitación total hasta la adopción legal dura unos tres o cuatro meses [...] pero me ha dicho Mellado que el niño se os puede enviar una vez resuelta la primera fase de la adopción que es prohijarlo [...] Ahora bien, para enviarlo antes de la total terminación, hay que hacer un depósito de dinero como fianza hasta que se obtenga la adopción”.

Pocos días después, el 30 de noviembre de 1958, nació Luis Aguirre García. Con cuatro días de vida, el 4 de diciembre a las 17:50 horas, ingresó en la Inclusa con “camiseta azul, pico de felpa, pañal, mantilla blanca de muletón, faja, faldón azul con florecitas y toquilla de lana blanca”, según el registro. Consta también que el nombre y los apellidos fueron puestos por el establecimiento y que fue bautizado e inscrito en el Registro Civil, con el mismo nombre y como hijo expósito, el 5 de diciembre de 1958.

[caption id="attachment_691976" align="alignnone" width="768"] Registro ingreso Inclusa Madrid[/caption]

"Estaba todo arreglado, falsificaron los papeles"

El pequeño Luis Aguirre García cumplía los requisitos que había solicitado el matrimonio Lezaeta Hurtado, por lo que Álvarez-Arenas y Francisco Mellado activaron las maniobras para sacarlo del país. En la operación también intervinieron el cónsul chileno en Madrid de la época Eduardo Callejo, su esposa y el responsable de negocios de la embajada chilena, Ramón Luis Rodríguez, según consta en los documentos.

10.000 pesetas de la época costó la fianza que los futuros padres adoptivos tuvieron que desembolsar para iniciar el proceso. Luego llegaron las recomendaciones de distintos cargos de la Iglesia católica chilena. “El teniente general del Ejército tiene 28 años de carrera brillante. Ella fue educada en el colegio de las Religiosas del Sagrado Corazón. El matrimonio tiene una situación holgada [...] Educarán a los hijos en la fe católica si reciben niños sanos e inteligentes de ascendencia segura”, escribió el obispo de Antofagasta de la época, Francisco de Borja Valenzuela Ríos, en una carta de octubre de 1958 que fue presentada en 2018 en la Comisión de Investigación de la Cámara de Diputados sobre irregularidades en procesos de adopción e inscripción de menores en Chile. También recibieron epístolas de elogio del vicario castrense Teodoro Eugenín Barrientos e incluso de un cura jesuita español radicado en Chile.

El cónsul y Félix Álvarez-Arenas prepararon un pasaporte con la foto del bebé Luis Aguirre García. Mientras gestionaban los papeles, el militar español se llevó a la guagua a su casa, donde fue atendida por su esposa, Rosa María Cisneros. Se ve en una de las fotos que Fernando Lezaeta conserva hasta hoy y que dan cuenta de su historia. El pasaje del avión –también a nombre de Luis Aguirre– desde Madrid hasta Santiago con escala en Lisboa, fue tramitado por Álvarez-Arenas que también buscó dos azafatas, una por vuelo, para acompañar a la guagua en su viaje: “Al llegar a Lisboa debe ser entregado a la azafata de KML del vuelo KL791 que sale a las 20:15”, se lee en el billete.

[caption id="attachment_691978" align="alignnone" width="1024"] Pasaporte Luis Aguirre García[/caption]

[caption id="attachment_691980" align="alignnone" width="1024"] Fernando Lezaeta en brazos de Rosa María Cisneros / Foto: cedida[/caption]

Junto con eso, preparó un acta de “prohijamiento”, con varias cláusulas que, según escribió él mismo en la carta que la acompaña, no aplicaban para los Lezaeta Hurtado. El texto era suscrito por él mismo, el director de la Inclusa y dos testigos, uno de ellos militar, que se ha comprobado que también firmaron los “prohijamientos” de otros bebés sustraídos. Finalmente, redactó un documento para autorizar la partida del menor:

Yo, Félix Álvarez-Arenas Pacheco, teniente coronel de Infantería, con domicilio en Madrid, calle de Castelló nº 46, y en virtud del Poder Especial otorgado a mi nombre por D. Fernando Lezaeta Castillo y su esposa Dª Inés Hurtado Echenique, vecinos de Antofagasta, República de Chile, AUTORIZO el viaje del niño LUIS AGUIRRE GARCÍA para que se traslade a Santiago de Chile con el fin de unirse a sus padres adoptivos, los señores Lezaeta antes citados.
Madrid, 8 de mayo de 1959

Luis Aguirre ingresó a Chile el 11 de mayo de 1959, con seis meses de edad. El 9 de octubre de ese año, los padres adoptivos lo inscribieron al Registro Civil como hijo natural, nacido en Antofagasta y con el nombre de Fernando Lezaeta Hurtado. Una matrona del Hospital de Antofagasta, Rafaela Mancilla Márquez, dio fe del nacimiento del menor en Chile. A partir de ese momento, toda la documentación posterior fue en base a la nueva identidad del pequeño. “Yo entré con un pasaporte de turista y luego me inscribieron en el Registro Civil como hijo natural. Estaba todo arreglado: falsificaron los papeles y eso es un delito, hay tráfico y manipulación de instrumento público”, reclama Fernando Lezaeta hoy. Todavía sigue preguntándose si su madre lo entregó al nacer, si murió o si fue robado, opción que considera más probable de las tres porque hasta hoy, dice, nadie le ha demostrado lo contrario: “No he visto un certificado de defunción ni una carta de entrega en adopción. No tengo nada; soy robado e incluso tengo los vales de compra”.

Disputas por la plata

Según los cálculos de Fernando, sus padres adoptivos llegaron a pagar un total de 502.000 pesetas de la época a Félix Álvarez-Arenas y a Fernando Mellado, un valor que –dice– equivaldría a cinco departamentos de entonces en Madrid. Todavía conserva comprobantes de pago que demuestran que hubo varias transacciones, a través del Banco Exterior de España y el Banco Popular de España, incluso a cargo de distintos hermanos de la familia Hurtado Echenique, como Irene Hurtado y Juan Ignacio Hurtado. Eso, a pesar de que la ley de adopción vigente entonces establecía la gratuidad de los procesos de adopción, según señala AI, y no contemplaba la posibilidad de que familias extranjeras pudieran adoptar a huérfanos españoles. Sin embargo, la adopción estaba concebida como un negocio jurídico entre particulares, con la intervención “limitada” de la administración y “únicamente a manos y al arbitrio de los establecimientos de beneficencia'', apunta la organización.

Los pagos del matrimonio a Álvarez-Arenas, quien actuaba como su representante, y a Fernando Mellado no quedaron exentos de polémica. A pesar de las grandes cantidades de dinero procedente de Chile que ambos recibieron, existen cartas que acreditan algunas disputas por plata entre ellos: “Dentro de unos días os mandaré una liquidación de gastos y no lo hago ahora porque Mellado tiene que darme unas notas y tengo que ajustar unas cuentas con él”, escribió Álvarez-Arenas a los padres justo antes del viaje del bebé. Unos conflictos por el dinero que se alargaron por varios años. En 1960 Mellado escribió a Fernando Lezaeta: “Los envíos de dinero los había hecho ud. directamente al Sr. A. Arenas, y dicho señor solamente me entregó a mí la cantidad de 500 pesetas que eran ‘exclusivamente’ los gastos del pasaporte del niño que fue gestionado directa y personalmente por mí. En mis entrevistas un poco violentas con el Sr. Álvarez-Arenas me prometió solucionar todo [...] No se si a estas fechas habrá cumplido su palabra”.

La correspondencia entre ambos lados del océano se alargó por años, aunque cada vez fue menos frecuente. Más allá de los embrollos de dinero, la familia Lezaeta Hurtado necesitaba cumplir con la adopción legal del niño, una de las obligaciones a las que se comprometieron. Este trámite no podría concretarse hasta los tres años de edad. Varias epístolas reflejan la intención de los padres para agilizar esta gestión, sin embargo, Álvarez-Arenas no parecía tan preocupado por el tema: “Mucho tiempo hemos estado esperando noticias tuyas referidas a la escritura de la adopción, pero bien comprendemos que no has tenido tiempo de preocuparte de ellos por las numerosas obligaciones propias de tu cargo. Solo así se explica que haya pasado más de año y medio del día en que el niño cumplió tres años, fecha en que habías prometido entregarnos la escritura de adopción definitiva”, le escribió Lezaeta en junio de 1963.

Álvarez-Arenas, que por entonces había ascendido a coronel, le respondió días después: “El expediente de adopción se inició en diciembre y sí es verdad que algo despacio va”. Tan despacio que a los cinco años y tres meses del niño, el matrimonio seguía reclamando los papeles legales: “Es nuestro deseo más sentido legalizar cuanto antes la situación de la criatura”, escribió Lezaeta al nuevo a director de la Inclusa en febrero de 1964, preocupado de que el fin de la misión del embajador chileno en España prevista para aquel mismo año pudiese dificultar aún más el trámite. A pesar de los esfuerzos, los Lezaeta Hurtado nunca lo pudieron concretar: “No tengo ni siquiera una acta de adopción, nunca apareció, no existe y no la tengo entre esos papeles”, asegura Fernando Lezaeta Hurtado hoy.

"Mi familia me ha dado la espalda"

El padre de Fernando falleció en 1996 y su madre en 2009. Desde entonces, él no ha dejado de buscar sus verdaderos orígenes. Cuenta que cuando hablaba con su madre de la adopción, ella siempre le decía que “destruyera todos los papeles porque la iba a meter en problemas”. Si bien admite que no tiene nada que decir de ellos como personas, que “lo trataron bien” y que, como hijo único, “le dieron todo” –señala la parcela donde vive en Talagante–, sí cuestiona la forma como lo fueron a buscar: “El problema fue el procedimiento. A lo mejor mi papá no tenía idea, pero yo creo que sí y no me lo dijo”. En cambio, no opina lo mismo de su familia extensa: “Siempre me cerraron las puertas y me han dado la espalda”. Y añade: “No me consideran su pariente porque no tengo su sangre”. Un sentir que se fue amplificando desde muy joven cuando empezó a sentirse distinto al resto de primos y parientes: “No me parecía a nadie, ningún primo tenía nada que ver conmigo ahí, ni siquiera tenían mi edad”.

Aunque estudió técnico-agrícola, Fernando Lezaeta Hurtado, se ha dedicado a todo tipo de negocios. Casado y con cinco hijos, vive de su jubilación, del arriendo de una parcela y de vender salmones congelados que trae del sur. Mientras recoge los fajos de cartas antiguas, que casi se desarman, fuma un cigarro tras otro y se queja: “Me siento muy cansado mentalmente con este tema. Llevo muchos años y nadie me ha dado una solución”.

Ha viajado dos veces a España, en 2011 y en 2012, para buscar indicios, pero lo único que ha conseguido hasta ahora es la nacionalidad. También se ha hecho varias pruebas de ADN, una de las cuales le arrojó que es oriundo de Gijón (Asturias), no de Madrid. Tras haber topado varias veces con el muro de la prescripción y resignado con lo que pueda ocurrir tanto en los tribunales chilenos como españoles, quiere llevar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, convencido de que será el único espacio donde podría encontrar justicia.

“El poder judicial ha archivado la mayoría de las denuncias, en algunos casos sin haber llevado a cabo investigación alguna, alegando la prescripción de los hechos. En el caso concreto de la Fiscalía General del Estado, sus esfuerzos y numerosas investigaciones emprendidas han arrojado escasos resultados materiales”, señala el informe de AI. La organización también destaca que “en muchos casos existen suficientes elementos para sospechar que dichas sustracciones podrían calificarse como desaparición forzada, constituyendo por tanto un crimen de derecho internacional”. Y añade que, independientemente de la sospecha de que los hechos puedan configurar desaparición forzada o no, “continúa vulnerando una amplia esfera de derechos humanos en el presente”, entre los que cita el derecho a la integridad personal, a la protección de la vida familiar, a la identidad, a la verdad y al acceso a la justicia. “Es como ir a pelear en un frontón y tirar una pelota de tenis para que rebote”, resume Fernando Lezaeta sobre la sensación que le queda tras años de búsqueda sin resultados.