Una nueva arista se sumó al caso del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (RN), investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente, por su presunta implicación en los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento privado, fraude y exacciones ilegales.

Esta semana, los abogados Julián López y José Ignacio Escobar en representación de la municipalidad de Vitacura, presentaron una querella en contra de Torrealba, la cual fue admitida a trámite en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

En detalle, la acción describe una serie de hechos que podrían constituir el delito de fraude al fisco por parte del RN, quien debió alejarse del sillón edilicio después de 25 años en el cargo, debido a la ley que limita la reelección de los alcaldes.

Cabe recordar que la investigación en contra de Raúl Torrealba comenzó cuando la nueva autoridad municipal, Camila Merino (Evópoli), descubrió y denunció una serie de irregularidades que habrían ocurrido durante la gestión del exalcalde.

Merino había descubierto diferencias en la firma de Domingo Prieto (75), exrepresentante de Vita Salud y Vita Deportes y expresidente y representante legal del Consejo Local de Deportes de Vitacura.

Por este hecho, la Municipalidad de Vitacura ingresó una denuncia ante la Fiscalía Local de Las Condes a finales del mes pasado, en razón de la presunta comisión de los delitos ya mencionados, lo que provocó la investigación por parte del Ministerio Público.

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Y es en el marco de estas indagatorias que la Policía de Investigaciones (PDI) allanó el domicilio de Torrealba, después de haber llegado hasta el municipio para incautar computadores de la alcaldía.

Según recoge La Tercera, la querella presentada por el municipio da cuenta de un testimonio clave para el caso, entregado por la sobrina del exrepresentante de Vita Salud y Vita Deportes, Antonia Larraín Prieto, directora (s) de Desarrollo Comunitario.

Larraín Prieto, de oficio publicista, se habría “autodenunciado” ante la Fiscalía, señala el medio citado, al revelar que entregó millonarios fajos de billetes durante tres años a su entonces jefe, Raúl Torrealba.

Así también, la mujer dio cuenta de que durante la semana de las fiestas patrias, recibía $3 millones en efectivo para costear los gastos asociados a la semana de la chilenidad, pero que siempre le sobraba cerca de 1 millón de pesos, “el que debía entregar en efectivo al alcalde en ejercicio Raúl Torrealba”.

$5 millones en efectivo

Mauricio Irarrázabal, director de Asesoría Jurídica del municipio y firmante de la querella, manifestó ante la justicia que “con fecha 19 de agosto de 2021, se acercó hasta mis oficinas en la I. Municipalidad de Vitacura una funcionaria municipal que desempeñaba un cargo de confianza de la administración anterior -cuya identidad se encuentra en conocimiento del Ministerio Público-, manifestándome que desde hacía aproximadamente tres años y hasta el cambio de administración municipal, ocurrida en el mes de julio, manipuló mensualmente sobres de dinero conteniendo aproximadamente la suma de $ 5.000.000 en dinero efectivo, que recibía, entre otros, de Domingo Prieto Urrejola y de Arnaldo Cañas y que entregaba personalmente al alcalde Raúl Torrealba”.

De la acción legal se desprenden los roles que habrían tenido Prieto y Cañas en estos hechos. De acuerdo con la investigación de la PDI, los funcionarios serían parte de triangulaciones de dineros provenientes de la alcaldía, los cuales habrían llegado finalmente a privados y al propio exalcalde de Vitacura.

“Conforme a la información recibida hasta el momento de fuentes confiables, que el Ministerio Público ya conoce, al interior de las organizaciones comunitarias Vita Emprende y Vita Deportes se ha observado un gran desorden administrativo, que incluye el registro de gastos que no cuentan con el debido respaldo y la inexistencia de estados financieros actualizados”, señala el texto.

Según el documento, en Vita Emprende “se ha detectado la existencia de pagos por cuantiosas sumas de dinero, presumiblemente provenientes del pago de las subvenciones municipales recibidas por dicha organización a Arnaldo Andrés Cañas González, quien se desempeñaba como contador de la misma”.

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“Sólo en el mes de enero de 2021, el señor Cañas recibió de dicha entidad tres cheques que fueron pagados todos con fecha 13 de enero de 2021, por las sumas de $ 10.000.000, $ 12.930.000 y $ 38.065.589, respectivamente, todas las cuales fueron registradas como ‘fondos por rendir’ y no tienen como contrapartida ninguna prestación o servicio conocido”, añade.

Así, se concluye que “sólo durante la primera quincena de enero de 2021, el señor Cañas recibió de parte de las dos organizaciones mencionadas, sin justificación para ello, la suma total de $ 80.939.380 que no tienen como contrapartida ninguna prestación o servicio conocido”.

Si estas sumas “se proyectan en el tiempo de funcionamiento de las organizaciones comunitarias funcionales antes mencionadas, podrían comprometer una parte relevante del patrimonio municipal otorgado a través de subvenciones, dañando directamente a los vecinos de la comuna”.

De esta forma, la municipalidad solicitó a la Fiscalía que se llame a declarar a todas las personas individualizadas en el caso, ya que el municipio sospecha del posible desvío ilícito de dineros fiscales.

“La información recibida hasta la fecha es indiciaria de que, durante un período de tiempo todavía indeterminado, las organizaciones comunitarias funcionales antes individualizadas, representadas legalmente por Domingo Prieto Urrejola, recibieron de la Municipalidad de Vitacura cuantiosas sumas de dinero a título de subvenciones, parte de las cuales fueron posteriormente utilizadas en fines distintos a aquellos para los cuales fueron otorgados, incluyendo el beneficio personal de uno o más funcionarios municipales”, describe.

Finalmente, Irarrázabal sentenció que como funcionario público tenía el deber de “poner en conocimiento de los tribunales de justicia y el Ministerio Público cualquier denuncia sobre hechos que revisten caracteres de delito que pudiesen afectar el patrimonio de la Municipalidad de Vitacura, dañando así la fe pública y a los vecinos de la comuna. Esta querella obedece, precisamente, a que, con posterioridad a la denuncia originalmente presentada, hemos continuado recibiendo antecedentes en torno a este tema”.