La Policía de Investigaciones emitió este miércoles un comunicado en el que comprometen su "disposición absoluta" a las diligencias que encargue la Fiscalía. Esto, luego que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunciara que presentó una querella en contra del exdirector de la institución policial, Héctor Espinosa, por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos.

El CDE informó previamente, esta misma jornada, que la acción penal contra Espinosa surge desde la investigación que está en curso por parte del Ministerio público y que "da cuenta de variados y cuantiosos depósitos en efectivo efectuados en las cuentas corrientes del exdirector de la PDI y de su cónyuge, sin justificación".

En las indagatorias, se intenta aclarar la presunta responsabilidad del exjefe de la policía sobre la "sustracción de los fondos reservados manejados por el exdirector, como asimismo las falsificaciones documentales verificadas al rendir cuenta de los mismos".

Fue en ese contexto en que la PDI liberó una declaración como respuesta, una vez que se hiciera pública la noticia. "La institución se encuentra a disposición absoluta del Ministerio Público, los tribunales de justicia y los demás organismos públicos, y reitera su compromiso con la transparencia y la entrega de toda la información que le sea solicitada por los entes competentes, tanto en esta investigación como en cualquier otra", asegura el comunicado.

"Del mismo modo, la PDI mantiene su compromiso irrestricto con el principio de la presunción de inocencia y con el derecho que asiste a toda persona a no ser considerada culpable, mientras no exista una sentencia condenatoria firme y ejecutoriada", cierra.

Un inmueble pagado con $254 millones en vales vista y un crédito del Banco de Chile

Cabe recordar que en mayo pasado, una publicación de Ciper reveló que el Ministerio Público había iniciado una investigación contra Héctor Espinosa y su cónyuge por la compra de un inmueble en Las Condes. A cargo de las indagatorias se encuentra el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, el mismo que investiga el conocido mega fraude en Carabineros.

La transacción ocurrió en 2018, cuando María Magdalena Neira, esposa de Espinosa, adquirió el domicilio valorado en $398 millones. Para la operación se utilizaron vales vista por cerca de $254 millones y el resto fue cubierto por un crédito del Banco de Chile, según detalla el medio citado. Héctor Espinosa se constituyó como fiador y codeudor solidario de dicho préstamo.

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Esto generó un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) realizado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), organismo estatal que tiene la facultad de remitir información a la Fiscalía cuando detecta movimientos de dineros de funcionarios públicos que no cuenten con la debida justificación.

Además de esto, se estaría investigando la compra de otro inmueble, esta vez en Viña del Mar y a nombre de Espinosa.

Por tanto, el fiscal Campos se encuentra indagando el origen del dinero para realizar estas operaciones, precisamente el ítem que genera las sospechas de los persecutores.

Momento complicado para la PDI

El ingreso de la querella por parte del CDE se genera en un momento en que la institución policial se encuentra bajo cuestionamiento. En los últimos días, el caso del homicidio de la subinspectora Valeria Vivanco dio un vuelco cuando se reveló que las pericias apuntaban a la participación de funcionarios de la PDI en el crimen.

Incluso, se hizo público que el informe pericial estuvo oculto por más de 40 días. Por su parte, la familia acusó a la policía de encubrimiento y exigió transparencia. Por lo ocurrido, el actual director de la PDI, Sergio Muñoz, removió al jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, Jorge Márquez.

Todas estas revelaciones llevaron a la realización de una nueva audiencia judicial en la que se modificaron las medidas cautelares de dos jóvenes externos a la institución, quienes se encontraban detenidos e imputados por el homicidio, dejándolos en libertad. Sin embargo, el padre de uno de los acusados acusó que funcionarios de la PDI ejercieron torturas contra su hijo mientras estaba en prisión preventiva.