La Comisión de Reglamento será una de las más relevantes, sino la que más, de estas primeras semanas. Sus integrantes tienen hasta el 20 de agosto para elaborar una propuesta de reglamento y elevarla al pleno. Al frente de este desafío y como coordinadores de la instancia hay los constituyentes Amaya Alvez (RD) y Daniel Bravo (La Lista del Pueblo). Ambos fueron electos en medio de una polémica por la interpretación del criterio de paridad. Convencionales de la Vocería de los Pueblos y el Partido Comunista apostaban por colocar a dos mujeres al frente de la coordinación y cuestionaron el resultado. Sin embargo, Alvez logró imponerse con el apoyo del Frente Amplio, el PS y Vamos por Chile, entre otros convencionales.

La abogada y académica de la Universidad de Concepción lleva desde 2013 participando en iniciativas a favor del proceso constituyente como Marca Tu Voto, Puentes para una nueva Constitución y Red de Constitucionalistas. En entrevista con El Desconcierto destaca que ha sido precisamente su trayectoria la que le ha permitido llegar hasta aquí y se muestra dolida por la forma como fue criticada su elección, con acusaciones "infundadas" y "gratuitas" en redes. Lejos de estas formas, apuesta por "el trabajo colaborativo" y valora positivamente el ritmo que lleva la instancia que coordina. Entre los temas que le tocará mediar en la Comisión y que aborda en esta conversa destacan los quórums, la rotación de la presidencia, las temáticas de las comisiones y los pasos que seguirán las normas constitucionales para su tramitación.

¿Cómo surge la idea de que sea usted quien coordine la Comisión de Reglamento, se lo proponen o se ofrece usted?

Desde el resultado de las elecciones del 15 y 16 de mayo, hemos venido trabajando con independientes, movimientos sociales y militantes del Frente Amplio. Nos empezamos a reunir y a conocer. Con algunos ya nos conocíamos de antes porque somos profesores de Derecho Público y habíamos trabajado juntos, por ejemplo con Christian Viera, Jaime Bassa y Fernando Atria formamos parte de los mismos grupos académicos, teníamos una amistad académica. A otras personas las he conocido ahora, pero ha ocurrido una especie de milagro que no siempre ocurre en los grupos humanos relativamente extensos, porque se creó una muy buena relación. Cada uno mostró sus capacidades, experiencia y expertise. En ese sentido, ellos se fueron dando cuenta de que a mí me gustaba la idea de trabajar las normas, conversarlas y establecer equipos de trabajo y cuando surgió la idea de ver a quién podríamos presentar para la Comisión de Reglamento mis propias compañeras me propusieron. También surgió el nombre de Yarela Gómez, convencional por Aysén, que tenía mucha experiencia en metodologías participativas y de Fernando Atria, que es un gran nombre del debate constituyente de hace muchos años. Fuimos los tres y empezamos a conversar con otros grupos y de estas conversaciones salió que podía ser yo una de las candidatas. Se gestó dialogando y conversando.

Entre estos grupos con los que conversaron, ¿estaba la derecha también?

No, eso es completamente falso. Es una de las acusaciones que todavía me causa gran dolor. Primero porque es infundada y segundo porque fue una acusación gratuita en redes. Yo no salí a contestar porque me parece que uno también tiene que tener un trato acorde a la función que desempeña. Lo que tenga que decir lo voy a decir a través del uso de la palabra dentro de la Convención Constitucional. Seguramente tiene que ver con mi edad, pero a mis 50 años las redes sociales no son el lugar propicio para manifestar disensos o diferencias. Yo también me considero una convencional feminista, formo parte de la Constituyente Feminista y tengo muchos reparos con la manera como se llevó esto adelante, en la forma. Quizás en el fondo estamos de acuerdo, pero las formas también importan.

Entonces la derecha votó por su nombre sin que ustedes hayan negociado con Vamos por Chile.

Jamás hablé con la derecha, ni antes, ni durante, ni después. Habrá que preguntarles a ellos qué vieron en mí. Yo soy una profesora titular en Derecho de la Universidad de Concepción, es imposible que personas de la academia relacionadas con el Derecho no se hayan encontrado alguna vez algo escrito o defendido por mí. Mi nombre no sale de un sombrero, no soy un conejo en un sombrero. Soy alguien que lleva 25 años trabajando estos temas. Es hasta irrisorio pensar ‘de dónde salió esta señora’. En Vamos por Chile hay dos o tres académicos en Derecho Público, no es tan difícil.

¿Qué opina de los primeros días de la puesta en marcha de la Comisión de Reglamento?

Es un grupo humano diverso y plural, como es el mundo y como es Chile. Ha habido una buena disposición de todos a un trabajo colaborativo. Cuando dejamos de lado las diferencias que podemos tener desde el lugar que vemos el mundo, y nos abocamos a trabajar para construir algo, se logra. Tanto Daniel Bravo [La Lista del Pueblo] como yo hemos puesto nuestras capacidades al servicio de un trabajo colectivo y todos han respondido de manera interesante a este desafío. Hemos ido construyendo juntos normativas, reglas mínimas, formularios y formas de participación. Hasta ahora vamos a buen paso.

Sobre las formas de participación, han habilitado la posibilidad de que las personas puedan participar en audiencias públicas para hacer sus propuestas. ¿Han recibido buena respuesta de la ciudadanía?

Tenemos muchos inscritos, pero la inscripción finaliza hoy [por este martes] a mediodía. Ayer teníamos cerca de 20 solicitudes, pero faltaba contabilizar todo lo de ayer en la tarde y hoy en la mañana.

Ha hablado de instaurar otros mecanismos “incidentes” para asegurar la participación. ¿No serían vinculantes, entonces, estos mecanismos de participación ciudadana?

Los mecanismos de participación ciudadana vinculantes los establece la propia Constitución. Nosotros no podemos crear mecanismos vinculantes que no estén ahí. Existe ya un gran mecanismo de participación ciudadana que es el plebiscito de salida del texto constitucional. Pero sí podemos crear mecanismos que sean incidentes, que tengan relevancia en la adopción de decisiones al interior de la Convención. Las personas tienen la idea de que la participación es meramente consultiva, pero hay que dar pruebas de que la participación ciudadana y popular (de personas que históricamente no han sido consideradas ciudadanos y ciudadanas, como niños, niñas, adolescentes o personas privadas de libertad) tengan una voz que sea reconocida como parte importante de la deliberación de la Convención.

¿Qué comisiones, sobre qué temas, deberían de estar presentes en la Convención?

Una de las subcomisiones –la de orgánica y funcionamiento– es la que va a determinar los órganos dentro de la Convención, que incluye, entre otras cosas, las comisiones temáticas. Desde la teoría, hay dos miradas posibles: una opción más conservadora de abordarlo es tomar los capítulos de la Constitución y pensar que se pueden crear las comisiones en función de ellos: derechos fundamentales, forma de gobierno, administración interior, etc. Otra forma, que a mí –personalmente– me parece más interesante, es con los temas transversales, es decir que se lleve a lo largo de toda la Constitución. Eso hace más difícil la construcción del texto en todo su conjunto, pero me parece más interesante hablar de la perspectiva ecológica y el cuidado a la naturaleza, de la distribución del poder, los derechos sociales, la participación popular, el reconocimiento transversal de los pueblos originarios y su mirada, etc.

"El quórum de 2/3 se puede tocar solo en el Congreso"

Sobre la construcción de las normas, ¿se piensa en un recorrido para formularlas similar al que existe en el Congreso (propuesta de texto, pasa a Comisión, se le hacen indicaciones y se vota)?

Eso lo definirá la subcomisión que diseñará el mecanismo para las normas constitucionales, que será el corazón del reglamento, donde va a estar la parte más importante y quizás los mayores debates también. No sé cómo va a ser, pero no creo que tenga la misma forma que la creación de normas en el Congreso. Evidentemente, pero, tendrá que tener una fase de propuesta, una de estudio y otra de votación. Seguramente, no va a ser en una sola vez: puede ocurrir que vaya a votación al pleno, no resulte aprobada y tengan que modificarse algunos aspectos. De hecho, entre las definiciones importantes, está definir cuántas veces puede volver de la Comisión al pleno. ¿Qué ocurre si una norma es rechazada en el pleno? Alguien podría decir, que simplemente no queda en el texto constitucional, pero dependiendo de qué norma se trate puede ser muy relevante, como los poderes del Estado o la distribución de poder en el territorio. Si es una materia muy relevante, habrá que diseñar un sistema para que esa [norma] rechazada en el Pleno vuelva a la Comisión y se le puedan hacer indicaciones para ser nuevamente evaluada y propuesta al pleno.

Otro tema también relevante será la definición de los quórums.

Ese debate se va a dar en la subcomisión de creación de las normas constitucionales. El quórum de aprobación de las normas constitucionales ya está señalado en la Constitución vigente. La actual Constitución, que es la que rige durante el trabajo constitucional, dispone que las normas constitucionales se van a aprobar por un quórum de ⅔. Sin embargo, en el debate de la creación de normas constitucionales se puede conversar sobre el quórum para la aprobación de otras normas que no sean las de votación [de normas de la Constitución]. El quórum de ⅔ para la aprobación de normas constitucionales se puede tocar solo en el Congreso, que es un poder constituido, mediante la dictación de una nueva norma de reforma constitucional. Eso es perfectamente legítimo. Lo que sí puede ser es que se decida que en la nueva Constitución no exista un quórum supramayoritario como en el texto actual.

La semana pasada se abrió un debate en la Comisión en torno a la abstención y se acordó llevarlo al pleno. ¿Es partidaria usted de mantener la opción de abstenerse?

Yo ahí haría dos distinciones. El debate inicial se dio en unos términos de prohibir la abstención y en eso no estoy de acuerdo porque creo que no rechazar ni aprobar es parte de la libertad que tenemos quienes formamos parte de la Convención. Me parece que puede haber una zona intermedia en que por distintas razones una persona podría no estar en completo acuerdo ni desacuerdo. La otra opción era restringir la cantidad de veces que una persona se puede abstener. Pero ¿qué hacemos cuando ya hemos acabado esas opciones? Llegaríamos a lo mismo solo que un poco después en el tiempo. Ahora, hay una parte del debate en que sí estoy de acuerdo. Como convencionales tenemos el deber de informarnos adecuadamente, de tener una opinión respecto a las temáticas y justificar aquello que hacemos ya sea aprobando, rechazando o absteniéndose. No podemos, por comodidad, no quedar mal con nadie (ni con el que propuso ni con el que se opone), y digo esto sin pensar en nadie en particular. Creo que tenemos el deber de votar informadamente. En este sentido, la propuesta que vamos a votar hoy en la tarde [por este martes] hace un punto interesante porque quien se abstiene no forma parte del cuerpo electoral, simplemente se margina, y modifica el quórum. Así no se ocupa la abstención como rechazo. Eso me parece interesante.

Un tema que se discutió mucho al inicio de la formación de la Mesa es la presidencia rotatoria. ¿Estaría de acuerdo con esta medida?

Creo que es importante dar espacios a distintos liderazgos en la Convención. Me gusta mucho la Mesa actual: es dialogante, muy abierta e inclusiva, pero también entiendo el desgaste para la presidenta Elisa Loncon y el vicepresidente Jaime Bassa. Sería muy bueno que ambos pudieran tener otra experiencia dentro de la Convención, a lo mejor en alguna Comisión o alguna tarea específica, y hubiese espacio para otros liderazgos. Creo que está medio asumido este tema y será una de las tareas del reglamento definir cómo será el reemplazo, cuándo y cómo se va a producir esa elección.

¿Y qué periodicidad se ha pensado?

Inicialmente, se habló de cuatrimestres, es decir, tres recambios: período inicial, fase intermedia y fase final. Pero eso fue al inicio y se tendrá que evaluar en la Comisión de Reglamento.

¿Cuál cree que será el debate más complejo que tendrá que mediar en la Comisión de Reglamento?

Creo que con apertura, mirada plural y respetuosa se podrán hablar todos los temas. No me imagino a priori un tema super álgido. Está bien pensar distinto, intentar persuadir legítima y democráticamente y en algún momento hay que votar. Ser demócrata supone aceptar cuando mi punto de vista no resulta ganador y si hay una mayoría que opina en el sentido contrario. Y hay que trabajar para persuadir a esa mayoría si quiero cambiar el punto.

"El mundo político no se refleja en la Convención"

Sobre la forma como fue electa, hay un grupo de 48 convencionales que han presentado un oficio pidiendo que se declare nula la votación. ¿Qué consecuencias puede tener esa acción?

En esa presentación veo dos problemas. El primero es que se le pide una declaración al pleno y lo que señalan es una interpretación de la paridad. Hasta este momento, la paridad ha sido comprendida como una igualdad material entre hombres y mujeres, tanto en la práctica de la Convención, incluida la votación de la dirección de la Comisión de Reglamento, como en la aplicación de la Ley de Reforma Constitucional en materia de Paridad. Hasta ahora ha sido considerado un hombre y una mujer en el uso de la palabra, en la mesa directiva, en las comisiones. Entiendo perfectamente la demanda de una igualdad que puede ser no binaria y lo que señalan [en el oficio] es que podría llegarse a una coordinación formada por dos mujeres. Evidentemente, tendrán que contar con los votos para ello. Mi impresión es que esa competencia procedimental (si se refiere a la elección de la Comisión), es un argumento que debe ser llevado al órgano que dirime los temas procedimentales. Si lo que desean es la nulidad de la elección de la Comisión de Reglamento en la votación de Daniel Bravo –porque él sería el hombre y ellas piden la elección de dos mujeres– tendrían que ir a la Corte Suprema. Me parece un legítimo derecho, es un mecanismo establecido en la Constitución y si tienen los argumentos están en su derecho legítimo de hacerlo.

En esa votación se vio una alineación de fuerzas en dos bloques, dentro de la izquierda: La Lista del Pueblo con el PC y los pueblos originarios, por un lado, versus el Frente Amplio y el PS, del otro. ¿Es un reflejo de lo que vemos en la política por fuera del poder constituyente?

No, nosotros formamos parte de una alianza con el PC que se llama Apruebo Dignidad y que está plenamente vigente en el mundo político. Pero creo que el mundo político no se refleja necesariamente en el trabajo de la Convención. Sin embargo, más que resaltar las diferencias, quisiera llamar al trabajo mancomunado. Con Daniel Bravo, que es parte de La Lista del Pueblo, hemos hecho un trabajo respetuoso y dialogante.

Pero por ejemplo, el PC ha manifestado su interés en ir en listas separadas del Frente Amplio para las elecciones parlamentarias, a pesar de ser parte de la alianza Apruebo Dignidad.

Yo soy académica, nunca he ejercido un cargo de elección popular, este es el primero y será el último. Llegué aquí por mi conocimiento, trayectoria de vida e interés de aportar en una nueva Constitución. A mí la política contingente me interesa como ciudadana, pero no el día a día, los tira y afloja. Tenemos una comisión política de la cual yo no formo parte porque mi trabajo ahora es el reglamento y con el resto me siento un poco ajena.

¿Se pueden afectar entre sí las dinámicas del poder constituyente y los otros poderes, por ejemplo el Congreso y sus alianzas, a cuatro meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

Leve, pero algo puede ser. Nuestro trabajo es a mediano y largo plazo y eso hay que siempre considerarlo para no entramparnos en el día a día político. Para nosotros, noviembre a lo mejor no es tan determinante como para los poderes constituidos. Para nosotros quizás el 2050, en materia de cambio climático, es una fecha clave. Hay que mirar esas dos distancias.